Cuarentena en los penales bonaerenses: pedido urgente para que se descompriman las cárceles

Preocupa la situación de las personas privadas de la libertad ante el avance del virus Covid-19 y la cuarentena total en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) alertan sobre el hacinamiento extremo y lo peligroso que esto resulta para la población carcelaria ante un posible brote. Además, recomendaron por escrito al Poder Judicial que tome medidas para descomprimir las cárceles. Desde la provincia, aseguraron a Tiempo que se han tomado “una batería de medidas de prevención”.

Las cárceles bonaerenses tienen un nivel de hacinamiento muy alto. Según cifras de la Comisión Provincial por la Memoria, hay casi un 120 % de sobrepoblación en penales y 250% en comisarías. En ese contexto, surgieron en los últimos días revueltas y reclamos masivos por medidas de seguridad e higiene en los penales.

“Hemos tomado una batería de medidas de prevención. Desde Salud Penitenciaria se elaboró un protocolo de contingencia por el Coronavirus, con líneas de acción para los internos, los penitenciarios y el personal médico. Se están dando charlas de prevención, en las que se aconseja el lavado de manos frecuente, mantener ventilados los pabellones y celdas. Y el baldeo continuo con agua y lavandina”, aseguró un vocero provincial a Tiempo Argentino.

“El martes el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Julio Alak, autorizó que los familiares de los detenidos puedan circular hasta los penales para dejar alimentos y medicamentos. También se elaboró un plan de asistencia psicológica para abordar los efectos secundarios de la pandemia: el miedo, el ánimo y la ansiedad. Se ha realizado una compra importante de jabones, alcohol en gel, lavandina y termómetros a distancia, digitales y equipamiento para los médicos. Además, en 16 penales están elaborando barbijos y se controlan los ingresos y egresos de los penitenciarios”, agregó el vocero.

Desde los organismos de Derechos Humanos ven con preocupación el panorama actual de los penales. ”Estamos muy preocupados por las personas detenidas ante el avance del Covid- 19. Es una situación muy grave que llevó al presidente a decretar la cuarentena obligatoria de toda la nación. Si este virus llega a las cárceles sería terrible porque hay hacinamiento total, falta del acceso a la salud y toda una crisis penitenciaria que existe previo a la pandemia”, expresa Macarena Fernández Hofmann, del Equipo de Política Criminal y Violencia en el Encierro del CELS.

“Junto a otras organizaciones estamos pidiendo que se tomen medidas urgentes que apunten a descomprimir las cárceles para tener más espacio, que es lo esencial para la prevención del Coronavirus. Si llega a suceder un caso en estas condiciones no tienen lugar para aislarlo. El Poder Judicial es quien tiene la potestad de liberar a estas personas”, continúa Fernández Hofmann.

 El pedido concreto es que todas aquellas personas que estén en etapa de salidas transitorias, puedan pasar la cuarentena en sus casas. El que está en tiempos de la condicional que se la den y arrestos domiciliarios para los grupos de riesgos que decretó el Ministerio de Salud de la Nación: “Los jueces tienen que largar a todas las personas que están en tiempo y forma de acceder a un beneficio liberatorio o semi liberatorio. También a quienes están detenidos por delitos que son excarcelables pero están presos por ser reincidentes”, agrega Fernández Hofmann.

“Estoy enfermo, tengo distintos problemas de salud culpa del abandono institucional y de las golpizas que recibí de los penitenciarios a lo largo de la condena. Esto es inhumano, nos encierran y nos cortan el agua. Estoy pasado de los tiempos liberatorios jurídicamente establecidos y me tienen acá. Tendría que estar en mi casa con mi hija. También padecí la huelga de hambre”, explica Ezequiel Roja. Y continúa detallando desde la unidad 48 el muchacho de 34 años:”Hay muchísimas personas que están en la misma situación que yo. Estamos condenados a morir en el encierro. Acá todos tienen tos, gripe y muchas otras patologías pero la institución no hace nada al respecto, o no tiene los recursos, no lo sé”. 

”Las cárceles están a un nivel hacinamiento extremo, casi un 120 % de sobrepoblación en penales y 250% en comisarías. Son lugares donde el amontonamiento de presos es de 1.000 %  y en algunos casos 3.000 %, es algo muy grave y catastrófico. Es por todo esto que exigimos que cumplan con las medidas de prevención”, detalla Roberto Cipriano García, secretario general de la CPM.

“Desde el Gobierno nos informaron que hicieron una compra muy grande de jabones, alcohol en gel, barbijos entre muchas cosas más. Pero también sabemos que en muchos penales no se ha entregado nada de eso, y sabemos que en los lugares que repartieron no les alcanza ni para un día. La estrategia para evitar un brote del virus en las cárceles es que los jueces descompriman. Porque donde tendrían que tener a una persona tienen a tres y esto es lo que alimenta a la epidemia”, asegura García. Y enfatiza: “Por eso recomendamos por escrito a la Corte Suprema provincial que extreme medidas para que los jueces, de oficio y con celeridad activen los beneficios liberatorios. Pero sin esperar los estudios técnicos criminológicos porque eso retrasaría todo”.

 Hay muchas personas que gozan de salidas transitorias y en vez de dejarlas en sus casas por la cuarentena se las suspendieron. “La medida fue encerrar a las personas y hacinar más los lugares de encierro. Hay poblaciones muy vulnerables en el encierro. Tenemos más de 2.600 casos de situaciones de salud graves, como ser, VIH, tuberculosis, neumonías y a las  madres presas con sus hijos. Estamos pidiendo que se tome una decisión política para liberar a estas personas y descomprimir las cárceles”, explica García.

 “Para que esto funciones la Policía también tiene que dejar de detener a la gente de los sectores pobres y, que en términos generales, comente delito de características no violentas. El 15 % de la población total en la provincia está presa por delitos menores como ser hurto o robos en grados de tentativas. Otras 6 mil personas están por delitos que en realidad no lo son, como ser, tenencia de estupefacientes y consumo personal. Corte Suprema de la Nación ya ordenó que no se detenga a estas personas”, concluye.

 “No estamos recibiendo atención médica. En sanidad no hay ningún tipo de medicamento, tengo gripe hace varios días y no me dan ninguna solución. Estamos hacinados, esto no es algo nuevo, lo venimos denunciando hace años. Suspendieron las visitas para evitar el posible contagio”, expresa Abel Díaz, que estudia la carrera de sociología que el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) dicta en la unidad 48. “La actividad académica está suspendida y estamos planificando un circulo de estudio en el pabellón. Los penitenciarios andas como si no pasara nada en la cárcel, lo único que hicieron fue engomarnos -encerrados en las celdas- la resolución provincial indica que los guardias tendrían que estar trabajando el doble para garantizar el cuidado de los detenidos, pero acá eso no funciona”, agrega el estudiante, de 42 años.

 En el Complejo Conurbano Norte funcionan las unidades 46, 47 y 48. Está ubicado sobre los célebres basurales de José León Suárez. Allí a lo largo de 2019 fallecieron por falta de atención médica: Patricias Solorza -acusada de haberse realizado un aborto clandestino- Natalia Martínez, Rodrigo Miño y dos personas más de las cuales no trascendieron los nombres.

“La huelga de hambre iniciada en diciembre pasado solo tuvo como eco una mesa de diálogo interdisciplinaria en la unidad Nº 1 de Olmos, supuestamente se tenía que extender a todos los penales. Ahora estamos ante una pandemia y padecemos abandono de persona. No hay insumos en sanidad y el Poder Judicial nos da vuelta la cara”, sostiene Marcos Ocampo, del Centro de Estudiantes del la sede (CUSAM). En el dialogo que mantuvo con este diario el hombre de 36 años subrayó: “Estamos pasados de los beneficios liberatorios y los profesionales que nos tienen que atender para elaborar los informes no quieren entrar al penal. Nuestras compañeras de las unidades 46 y 47 están en la misma situación. Es por todo esto que decidimos hacer un hábeas corpus colectivo”.

“Estamos atravesando momentos difíciles. Hay una situación muy compleja que nos sobre pasa. En los penales tomamos las medidas indicadas por las autoridades. Pero lo real es que no tenemos recursos. No hay insumos en sanidad y eso es real. Es verdad que hay hacinamiento, pero nosotros estamos para cuidar a los presos no para liberarlos. Siempre nos demonizan, pero acá hay un problema estructural que depende de una decisión política”, aseguró una fuente de la Jefatura del SPB que refirió no dar su nombre.

En los últimos días -además de los motines en Santa Fe y otras provincias- al menos quince penales de la órbita bonaerense estallaron con revueltas en los pabellones. Los detenidos que protagonizaron los reclamos fueron brutalmente reprimidos con balas de goma y en algunos casos de plomo. La situación es crítica, alarmante y los familiares de las personas que transitan el encierro punitivo reclaman que se garanticen los derechos a sus seres queridos. Los servicios penitenciarios en algunas provincias suspendieron las visitas de familiares.