El Poder Ejecutivo anunció el traslado de la sede ministerial al sitio donde funcionó el más emblemático centro clandestino de detención. Trabajadores y organismos de derechos humanos denuncian la falta de inversión en el espacio.
La decisión del Poder Ejecutivo fue tomada en la resolución 761/19 publicada en el Boletín Oficial que establece el traslado de la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al edificio N°11, en el que funcionó el Casino de Aspirantes y Cantina. Se trata de una construcción de dos pisos, con un espacio amplio donde funcionaba el comedor, que bautizarán en homenaje al primer mandatario luego de la dictadura: «Presidente Raúl Ricardo Alfonsín».
El anuncio de la próxima inauguración, en plena campaña electoral, generó críticas de los organismos y de los trabajadores. En el predio de la ex Esma los obreros trabajan contra reloj en la obra para terminar con la planta baja del edificio. La intención del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, tiene un sesgo electoral y otro simbólico: quiere inaugurarlo la semana que viene, a días de lanzada la campaña, e irse del cargo con la obra inaugurada en su gestión.
“Van a inaugurar un edificio vacío y una estatua de Mandela en el marco de un convenio con una ONG sudafricana”, explicaron desde ATE. La delegada estatal en el Centro Cultural Conti, Ana González, remarcó que desde el ministerio están metiendo plata en un edificio cuando aún hay artistas a los que se les debe sus actuaciones en el centro. “El vaciamiento en la secretaría (de Derechos Humanos) sigue con la misma intensidad”, detalló.
El ex representante de HIJOS en el Directorio de Organismos que cogobierna el espacio, Carlos Pisoni, dijo que como agrupación se opusieron al traslado del ministerio. “Nuestra postura es que ante la desidia y estado de abandono en que este gobierno sumió al espacio de memoria en estos cuatro años, creíamos que antes que trasladar ningún organismo había que financiar el sitio”, explicó.
Los trabajadores y los organismos señalan que la gestión de Garavano y su secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, se caracterizó por la merma en las visitas al sitio, el cierre de programas y el despido de empleados. “Este gobierno ha hecho un retroceso en materia de derechos humanos, puntualmente en lo relacionado con lesa humanidad”, dijo Pisoni.
Otro dato que generó roces por la obra de traslado del ministerio fue que en la anterior gestión de gobierno, la decisión política era que las obras de refuncionalización de los edificios de la ex Esma las hacían trabajadores del plan Argentina Trabaja, que generaban empleo para más de mil personas. La puesta a punto del edificio ministerial los realiza una empresa privada.
La intención de Garavano es que el traslado del ministerio a la ESMA quede como signo de su gestión, por eso la inauguración se realizará con solo una parte de la obra concluida. En el predio ya funcionan la Secretaría de Derechos Humanos, entre otros organismos estatales. La decisión del Poder Ejecutivo está basada en un convenio de 2017 que asigna ese edificio para oficinas del Estado y apunta, según dice la resolución, “propugnar la exaltación de los valores de Memoria, Verdad y Justicia, y la promoción y defensa de los Derechos Humanos”.
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