La renuncia del presidente del INTA, Juan Cruz Molina Hafford, presentada el 15 de octubre pasado, fue interpretada por los trabajadores del organismo como un síntoma más en medio de las presiones oficiales por llevar adelante recortes, despidos encubiertos y el desfinanciamiento de la entidad.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se declararon “en estado de alerta a lo largo y a lo ancho del país”, según informa el sindicato en un comunicado. “No solo estamos defendiendo nuestra fuente de trabajo, sino también el funcionamiento de todo el organismo. Defendemos al INTA, que trabaja para el desarrollo, por la ciencia, y por las trabajadoras y los trabajadores”, afirma la entidad gremial.
“Esta situación no nos sorprende. Desde que asumió este gobierno, el organismo se fue retirando de las instancias de articulación con las organizaciones de pequeños productores” agrega Nahuel Levaggi, de la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA) en una columna publicada en Tiempo Argentino.
Por otra parte, fuentes internas del organismo señalan que, pese a la resistencia que existió dentro el Consejo Directivo, se está llevando a cabo un plan de retiros voluntarios para evitar la cesantía directa. Las versiones describen un recorte esperado por la gestión de un 20% de la planta (aproximadamente 1400 trabajadores), mientras que se estima que unos 250 trabajadores y trabajadoras ya se anotaron en el retiro voluntario.
El Consejo Directivo viene poniendo freno a la decisión de vender los campos y edificios en los que el INTA realiza experimentación e investigación. La insistencia sobre este punto por parte del gobierno habría sido determinante en la renuncia de Molina Hafford.
Tal como contó Tiempo Rural, el cordobés Molina Hafford es un ingeniero agrónomo especializado en agronegocios. Su vice fue María Beatríz «Pilu» Giraudo que es presidenta honoraria de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) y fue funcionaria del gobierno de Mauricio Macri entre junio de 2016 y febrero de 2018, como coordinadora de Políticas para el Desarrollo Sustentable, cuando estaba bajo la órbita de Ministerio de Agroindustria, conducido por Ricardo Buryaile y luego por el extitular de la Sociedad Rural Luis Etchevehere.
Molina Hafford no es ajeno a la gestión pública. Antes de ser designado al frente del instituto fue director del Centro Regional Córdoba del INTA y también fue secretario de Agricultura y Ganadería de esa provincia. Fue seis años funcionario del ministro Sergio Busso, el referente agropecuario del entonces gobernador Juan Schiaretti.
Molina Hafford se fue hace una semana y resta saber quién llevará las riendas. «Pilu” Giraudo es la vice y no se sabe si bancará el ajuste que su exsuperior resistió con el portazo. Por encima de ambos está Sergio Iraeta, secretario de Agricultura y pariente político del secretario de Coordinación de Producción Juan Pazo, considerado la mano derecha del ministro de Economía Luis «Toto» Caputo.
El INTA es un organismo descentralizado, es decir, cuenta con autarquía financiera y operativa. Hoy depende de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía. Fue creado en el año 1956 por medio del Decreto Ley 21.680 con la finalidad de «impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuaria”.
El artículo 16 de ese mismo decreto estipula la fuente de financiamiento del Instituto: la contribución del 1,5% de los productos y subproductos de agricultura y ganadería que el país exporte. Esta norma fue modificada, llegando a ser actualmente el 0.45% del valor de las importaciones que abonan tributos aduaneros (Ley Nº 25.641 y modificatorias). Solamente en dos ocasiones se derogó esa contribución, lo que implicó la pérdida de la autarquía del organismo. Primero, durante la última dictadura militar, hecho que se revirtió con la llegada de la democracia. Nuevamente durante el gobierno de Carlos Menem, a través del decreto 2.049 del año 1992.
