El primero es la participación desbordante. Sin lugar a duda los temas ambientales y la enajenación de espacios públicos son aspectos sensibles de la agenda ciudadana para quienes habitamos esta maravillosa Ciudad.
El segundo es que la inmensa mayoría de los participantes se expresaron contra el proyecto del ejecutivo porteño con argumentos que fueron diversos, solventes técnicamente y con un número de intervenciones en oposición tan contundente que ninguna interpretación por creativa que sea podría ignorar. En ese sentido hubo quienes abordaron el tema desde perspectivas ambientales, jurídicas, urbanísticas, sociales, etcétera.
Para nosotros es central detenernos en el argumento que tiene que ver con la necesidad de frenar el creciente proceso de gentrificación a la que es sometida la Ciudad de Buenos Aires desde hace mucho tiempo, y que sin dudas se ha acelerado en estos últimos catorce años de gestión macrista. La referencia casi obligada de Buenos Aires como la ciudad más rica del país es certera, pero esa referencia no es completa si a la vez no se señala su carácter profundamente desigual. Resulta impactante que casi ocho mil personas duerman en sus calles; que la expectativa de vida en el norte sea seis años más que en el sur; y a esto se agrega un dato revelador: los inquilinos pasaron del 22 al 34 % entre los años 2006 y 2019. Todas estas cifras revelan la ausencia total de una política adecuada de democratización del acceso al suelo, a la vivienda y a una plena y justa integración urbana.
El proceso de la audiencia pública nos va a dejar también varias lecciones sobre el sistema político de la Ciudad de Buenos Aires.
La primera de ellas es que la participación respecto a una agenda sensible para la ciudadanía existe de forma significativa. La ciudadanía se manifestó en la audiencia, en las redes, en diversas movilizaciones e intervenciones.
La segunda es el riesgo que implica el hecho de que el instrumento de participación ofrecido no sea vinculante. Frente a un gobierno que en más de una oportunidad ha hecho oídos sordos a los reclamos y necesidades populares, no sería para nada novedoso suponer que el destino inexorable de las miles de voces que se alzaron en contra de la enajenación de las tierras públicas de la Costanera, no sea otro que el ser desestimadas. Si esto sucediera, el mensaje respecto a la importancia y la utilidad de involucrarse en los asuntos públicos sería muy negativo.
La tercera de estas lecciones refiere a que, una correcta interpretación de la audiencia debería dar cuenta que los que se expresaron no lo hicieron en relación a un territorio específico (la Costanera), sino que lo hicieron respecto a un problema: el hartazgo frente a la aceptación de que los espacios verdes comunes sean enajenados en virtud de negocios inmobiliarios. Es decir, si el gobierno porteño no quiere banalizar el instrumento de la audiencia pública y la participación ciudadana, no solo debería suspender el avance del proyecto de la Costanera, sino que, además, debería reconocer que la expresión ciudadana señaló, entre otras cosas, que se desea una ciudad verde y respetuosa del medioambiente sobre cualquier interés inmobiliario.
Desde el punto de vista de las militancias populares debemos tomar las lecciones de este proceso y seguir organizándonos para continuar avanzando en la defensa de un modelo de Ciudad en el que todos, todas y todes tengamos derecho a desarrollar nuestro proyecto de vida de manera plena y con integración social y urbana. Eso no será posible si no empezamos por dar por finalizado el experimento neoliberal que empezó con Macri y hoy continúa con Larreta. La tarea requiere iniciar un proceso de relativo descentramiento de las estructuras políticas clásicas para avanzar en un genuino encuentro con las expresiones que desde abajo y en silencio vienen pujando por alumbrar una ciudad distinta y que fueron sin dudas, el motor que encendió la chispa de esta inédita audiencia pública.
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