Corte Suprema: Rosenkrantz y Lorenzetti sellaron una tregua, pero la tensión continúa

Había tensión en el ambiente. Y de pronto pasó. Después de lo que los propios jueces y secretarios de la Corte Suprema califican como el mayor escándalo del que tengan memoria, el expresidente Ricardo Lorenzetti y el actual, Carlos Rosenkrantz, se encontraron el jueves por la mañana en el Salón de Acuerdos del cuarto piso del Palacio de Tribunales. En total eran unas diez personas (entre jueces y secretarios), que clavaron sus miradas nerviosas en lo que iba a pasar. Y lo que pasó fue que no pasó nada. «La caretearon», contó un testigo presencial.

Ambos jueces, que habían intercambiado munición pesada horas antes, se saludaron con cortesía, con esforzadas muestras de caballerosidad. Ninguno de los espectadores creyó que en ese momento hubiera afecto. Ni tampoco que hubieran celebrado unas paces permanentes.

Pero el acting tenía por objetivo enviar un mensaje hacia la interna del máximo tribunal. Ambos se dieron cuenta de que habían llegado demasiado lejos, que estaban heridos y que, como canta Joan Manuel Serrat, estaban «jugando con cosas que no tienen repuesto».

Los hacedores de esa tregua entre Lorenzetti y Rosenkrantz fueron los otros tres jueces de la Corte: Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y especialmente Horacio Rosatti. Fueron ellos los que tras el frenético intercambio de acusaciones entre martes y miércoles («es una locura que se peleen a través de la prensa») influyeron para que ambos bajaran un cambio. Y les dijeron, cada uno a su modo, que «estas cosas se arreglan el jueves en el acuerdo».

La Corte habitualmente sesiona los martes, pero la semana que pasó coincidió con la reunión del J20, un encuentro entre representantes de máximos tribunales de los países que integran el Grupo de los 20 (G20) que sesionará antes de fin de año en Buenos Aires. En ese contexto internacional se produjo la pelea entre el presidente saliente y el entrante de la Corte Suprema. «No pudieron ser menos oportunos», reflexionaron sus colegas.

El acuerdo del jueves decidió por unanimidad devaluar la Secretaría de Comunicación Pública a Dirección y designar allí al joven abogado Ariel Alberto Neuman, el hijo del penalista Elías Neuman, con poco recorrido en medios de comunicación aunque con mucha formación técnica. Es oficialmente el reemplazante de María Bourdín, la exdirectora del Centro de Información Judicial (CIJ), uno de los ejes de la disputa entre Lorenzetti y Rosenkrantz.

Horas antes de que comenzara el J20, Neuman le llevó a un programador de informática de la Corte una nota firmada por Rosenkrantz ordenándole que le diera todos los accesos a la web del máximo tribunal. En rigor, hasta ese momento, Neuman tenía un contrato por 30 días presuntamente por la reunión internacional. El operador informático se comunicó con el segundo de Bourdín, Pablo Méndez, informándole sobre lo que estaba pasando. Méndez le explicó a Neuman que no podía facilitarle las claves porque no era personal de la Corte. La respuesta fue un sumario administrativo que (por teléfono) le promovió Rosenkrantz.

El ala «lorenzettista» le reprocha a Rosenkrantz que se maneja con prepotencia con los empleados, que motorizó un editorial del diario La Nación en el que poco menos se anunció que no quedará piedra sobre piedra de la gestión Lorenzetti y, sobre todo, le achacan su encendida cercanía con la diputada Elisa Carrió. Allegados a Bourdín confirman que esa frase atribuida a Rosenkrantz hacia Bourdín y revelada en Twitter por el periodista Jorge Asís («No podés seguir después de haberle contestado a Carrió») efectivamente existió. «

Carrió también va por “operadores judiciales”

“El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, no ha hecho más que actuar en contra de los principios rectores de Cambiemos”. Así comienza el pedido de juicio político que Elisa Carrió, como cabeza de un grupo de diputados afines, ya redactó y anunció que presentará en los próximos días, después de una postergación “en aras de distender esta situación” ciertamente escandalosa que la tuvo como protagonista, según publicó en su cuenta de Twitter.

En el escrito de 34 páginas, al que tuvo acceso Tiempo, Carrió denuncia la supuesta connivencia de Garavano con “operadores judiciales” para manipular concursos en el Consejo de la Magistratura para ungir a jueces amigos, la decisión de exculpar a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia en la causa por el encubrimiento del atentado contra la AMIA y la designación de la ex procuradora general bonaerense María del Carmen Falbo en su staff de colaboradores. “Este juicio político no es por dichos sino por hechos”.

Carrió  focaliza en Garavano la intromisión del gobierno en el Poder Judicial para obtener fallos en sintonía con sus aspiraciones.

“Nuestra preocupación respecto a que Garavano intente entrometerse indebidamente en decisiones judiciales no está basada únicamente en sus recientes manifestaciones, sino en los antecedentes”. Donde dice “Garavano” podría haber anotado al menos una decena de nombres (entre funcionarios, asesores, legisladores y pretensos influyentes) y el sentido del párrafo no habría cambiado. De hecho, la diputada aún oficialista nombró en el borrador a varios de ellos: Manuel Izura, ex representante legal de la Policía Metropolitana y ex secretario de Seguridad de la municipalidad de Vicente López durante la gestión de Jorge Macri; el abogado José Console, integrante del Tribunal de Disciplina de Boca Juniors y contratado en Justicia para pedir la absolución de Mullen y Barbaccia; el auditor general Javier Fernández, hoy procesado en la causa de las fotocopias de los cuadernos; su hermano, el camarista en lo Contencioso Administrativo Federal Sergio Gustavo Fernández; Juan Bautista Mahíques, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y miembro de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA (colocado allí por el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici) y –por supuesto- el propio Angelici, como cabeza de todos. «