Convocatoria en defensa de ATAJO

Un arco diverso de organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, delegados de las villas de la CABA, colectivos de la diversidad LGBTIQ, organismos de Derechos Humanos y familiares de víctimas de la violencia institucional se reunió este jueves en la sede del gremio docente porteño UTE, barrio de Congreso, para expresar su respaldo a la continuidad del programa de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal de la Nación, conocido como ATAJO. La auto-convocatoria se convirtió en un compromiso público de todas las entidades presentes para salir a defender la continuidad de ese programa, tanto ante la opinión pública como frente a los senadores que votarán -en breve, posiblemente la semana entrante- una reforma integral de la Procuración General de la Nación y todo su organigrama.

El encuentro –que tuvo el funcionamiento de una asamblea- contó con la coordinación del referente de H.I.J.O.S., Carlos Pisoni, y de la secretaria de Derechos Humanos de la CTA, María Reigadas. Los pronunciamientos fueron presenciados por el actual responsable de ATAJO, el abogado Julián Axat, director general de Acceso a la Justicia.

También estuvo presente el diputado de la ciudad Pablo Ferreyra (FpV): en la investigación por el asesinato de su hermano Mariano, militante del Partido Obrero, la Procuración General se involucró activamente para respaldar y colaborar con la labor de los fiscales.

Entre las butacas del antiteatro de la UTE se podía ver a Raquel Witis, madre de Mariano, asesinado por la Policía Bonaerense en el año 2000, y a Dolores «Dolly» Sigampa, mamá de Ezequiel Demonty, de 19 años, también víctima de la violencia policial, ahogado en el Riachuelo por responsabilidad directa de la seccional 34ª de la PFA.

“Esta convocatoria tiene su razón de ser en la necesidad de unirnos frente a la reforma del Ministerio Público, que amenaza con ser un avasallamiento de los derechos adquiridos”, señaló Pisoni en diálogo con Tiempo Argentino. 

“A nosotros, como organismos de DDHH, nos toca de lleno el accionar de Procuraciones o Direcciones que están estrictamente ligadas a nuestro trabajo, como la Proculesa (por la Procuraduría de crímenes de lesa humanidad) o la Unidad de Búsqueda de Niños apropiados. Esto tiene que ver con los derechos de todos y todas”, subrayó.

En el encuentro se plantearon propuestas de cómo darle visibilidad y transmitir a la opinión pública la relevancia de las Procuradurías específicas creadas por la gestión de Alejandra Gils Carbó el frente del ministerio público, que –como se sabe- concluirá el próximo 31 de diciembre.

Buena parte del debate estuvo focalizado en el programa ATAJO, iniciativa que hizo posible la instalación en los barrios pobres y marginados de Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia (de allí la sigla ATAJO). Dicho programa recibió un sonoro respaldo de obispos de la Iglesia Católica, entre ellos el titular del Episcopado, Oscar Ojea, y el arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli.

“Este encuentro fue convocado por las propias organizaciones de la sociedad civil para apoyar y defender el trabajo que se hace con ellos. Porque lo más importante que tiene el Ministerio Público es esta relación, este tejido. Sobre todo con los organismos de derechos humanos, entidades civiles y la Iglesia”, aseguró Axat en diálogo con Tiempo.

“Nada mejor que sean las propias víctimas quienes defiendan esta acción del ministerio público”, agregó.

En la reunión también estuvieron el párroco de la Isla Maciel (Avellaneda) Francisco “Paco” Olveira, del Grupo de Curas en Opción por los Pobres; el referente del movimiento de Fábricas Recuperadas, Eduardo “Vasco” Murúa; la gremialista Sandra Moresco (prosecretaria de Derechos Humanos del sindicato de docentes privados SADOP); la secretaria de la mujer del PJ porteño, Mara Brawer; María Marta Coley, hija de Manuel Coley Robles, español secuestrado y asesinado por la dictadura; entre otros miembros de organismos ligados a la lucha contra la impunidad.

“Estamos acá porque el común de la sociedad no se da cuenta de lo importante que es para los más pobres, para los humildes, el funcionamiento de un programa como ATAJO, de la Procuraduría. Significa tener abogados, psicólogos y trabajadores sociales que responden frente a los problemas de nuestros barrios desde la cuestión jurídica”, señaló Olveira.

El sacerdote compartió su valoración del trabajo del Ministerio Público con una anécdota de la vida cotidiana. “Una vez me dejaron esposada a una chica de 16 años en la puerta de la Casa Parroquial. La había dejado la policía, después de un allanamiento. A ella le habían dicho: ‘si querés, negra villera, andá a sacarte las esposas al Poder Judicial’. Si no hubiera tenido a la gente de ATAJO, yo no habría tenido a dónde concurrir”, recordó.

Consultada por Tiempo, la madre de Demonty exigió la continuidad de ATAJO con palabras fuertes. “ATAJO es hoy el único lugar, y la única herramienta que tenemos, para denunciar los apremios ilegales y los homicidios que cometen las fuerzas de seguridad. Con esta reforma que quieren imponer le están dictando la sentencia de muerte a nuestros jóvenes, a los que viven en los barrios carenciados y las villas. Si sacan esto no vamos a tener ninguna seguridad de nada”, advirtió ‘Dolly’ Sigampa.