Con apoyo judicial, crece la persecución a los opositores al gobierno de Milei

Bajo el actual gobierno nacional, ya no es novedad que cada protesta social es una oportunidad para que ponga en funcionamiento el aparato represivo del Estado, incluso más allá del llamado “protocolo antipiquetes”. Y ocurre que la protesta social adquiere formas más amplias que simples cortes a las vías de circulación.

También un signo de estos tiempos consiste en la apertura de causas, recurriendo a figuras penales que las más de las veces no se llegan a probar, pero que alcanzan para llevar a cabo allanamientos, citaciones y, en algunos casos, hasta detenciones temporales, preferentemente sobre los referentes sociales, sindicales o políticos. También hay detenciones “al voleo”. El mensaje parece ser: si alguien se atreve a protestar, más allá de si corta una vía de circulación, puede sufrir acoso judicial, allanamientos y hasta ir preso.

Tiempo conversó con el secretario general de ATE y CTA Autónoma Córdoba, Federico Giuliani, con Juan del Pino, coordinador del Centro Patriótico Reconquista y compañero de militancia de Fernanda Miño, y con el abogado Roberto Torres, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) que defendió a dos de las 33 personas detenidas durante las protestas del 12 de junio en el Congreso contra la Ley Bases.

Persecución en Córdoba

En Córdoba, la protesta social venía criminalizada antes de Milei. “En marzo del 2023 la Cámara de Comercio, que es un agente de poder real en la provincia, mete un amparo ante la justicia provincial para que las movilizaciones en el centro sean evitadas a través de la judicialización de sus luchadores o de los dirigentes que vayan a la cabeza. A los pocos días de presentar este amparo, el juez Juan Manuel Fernández López, le da lugar y dicta un fallo en donde, de manera inconstitucional, declara que aquellas movilizaciones que corten el tránsito iban a ser sancionadas como un delito, claramente en contra de lo que dicen los artículos 14 y 14 bis de la Constitución, que la protesta es un derecho”, afirmó a Tiempo Federico Giuliani.

“Eso fue el uno de abril de 2023. El 5 de abril del 2023, con ATE, la CTA y organizaciones piqueteras movilizamos contra el hambre en la Argentina y en Córdoba, en marcha multitudinaria. La cantidad de personas que participaron, unas 10.000, ocuparon toda la calle y el tránsito se vio obstaculizado, pero no evitado, porque claramente cuando uno corta una arteria se puede ir por otra”, recordó.

“La cuestión es que en los poquitos días nos llegó la imputación por obstaculización del transporte público y desacato de autoridades. Me convocaron a la justicia provincial, me pintaron los dedos, me sacaron el celular y eso avanzó. Este año fueron esas dos causas, de una salimos absueltos, la de desacato de autoridad. Pero la otra ha sido elevada a juicio y estamos en ese proceso donde nuestra defensa claramente niega que cortar las calles obstaculiza el transporte y solicitamos nuestra absolución total”, argumentó Giuliani.

Estos hechos se desencadenaron antes de la llegada de Milei al poder. El 25 de mayo el actual presidente encabezó el Pacto de Mayo en Córdoba y ATE de esa provincia convocó a un “Contrapacto” con “Jornada de Lucha”, movilizaciones y cortes en la Ruta Provincial E 53 que conecta con el Aeropuerto Internacional de Córdoba. “Nos reprimió Gendarmería y Milei se tuvo que ir en helicóptero al centro. Hizo su acto de manera muy hermética, muy cerrada, muy vallada. Nosotros obviamente después nos dirigimos al centro. Quisimos arrimarnos al Cabildo Abierto porque se supone que en un cabildo abierto el pueblo quería saber de qué se trata. Ahí nos reprimió la policía de la provincia. Tuvimos 14 heridos de balas de goma”, rememoró Giuliani.

“El martes 28 de mayo me allanan mi casa. Primero me aborda personal policial de civil. Vienen con una orden de allanamiento, en donde me dejan hacer un llamado antes de quitarme el celular. Hablé con mi abogado para avisarle de esta situación. Logró decirme dos cosas: una que viniera con testigos, que finalmente fueron dos vecinos de mi cuadra, gente conocida y de confianza. Y lo otro que me dijo es que no me pusiera en contra de la posibilidad de que hurgaran mi casa porque me iban a romper todo”, recordó.

“Vivo en Río Cuarto. Por mi tarea gremial de lunes a viernes me instalo en Córdoba Capital. Mi familia sí vive en Río Cuarto. Cuando me abordan los policías, estaba con mi hijo más chico. La orden de allanamiento decía que tenían que buscar armas, documentación y todos los aparatos celulares que hubiera en la casa. Bueno, revolvieron bastante, buscaron mucho, estuvieron aproximadamente tres horas en mi casa, se llevaron mi celular, otro, el segundo que perdí aquí en un año. Era el de mi hijo más chico que tiene nueve años. Se llevaron papelerías de ATE, allanaron también el auto que estaba en la puerta. Y me dieron la orden de dirigirme a la justicia provincial”, se explayó Giuliani.

Y continuó: “Obviamente el otro día viaje a la capital, me presenté en tribunales, me volvieron a pintar los dedos y me imputaron intimidación pública e incitación a la violencia en la venida de Javier Milei. Me fijan, por estas dos causas y por las anteriores también, una fianza de diez millones de pesos. Si uno ve el mapa, va a ver que muchos dirigentes sindicales, sociales y políticos, que somos combativos en distintas provincias, estamos siendo judicializados, primero, por los poderes provinciales. No son casos aislados, tienen que ver con un proceso sistemático de criminalización de la protesta social en Argentina”.

Sobre las causas, el abogado penalista Claudio Orosz, a cargo de la defensa de Giuliani junto con Eugenio Biafore, detalló: “Soy su abogado en dos causas: una, en su momento por impedimento de tránsito. Se requirió la elevación a juicio y fue apelada por esta defensa. Oralmente alegamos ante la Cámara de Acusación (así se llama en la ciudad de Córdoba a la Cámara de Apelaciones), que hasta el día de hoy no ha dado respuestas. A principios de octubre sí acompañamos un fallo de la Corte Suprema de la Nación que repetía los mismos fallos de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, como también informes de Derechos Humanos del Alto Comisionado de Naciones Unidas, respecto a que no era delito el derecho constitucional de expresión y de peticionar a las autoridades”.

“Posteriormente-sostuvo el abogado-por los hechos del 25 de mayo se lo volvió a imputar, en este caso por instigación a cometer delitos. Imputación por la que no se le ha tomado declaración indagatoria. El fiscal fue recusado, justamente porque en el alegato de la Cámara de Acusación que nosotros hicimos pusimos de manifiesto que habían violado gravemente normativa internacional obligatoria para la Argentina. Y estamos intentando detener lo que ya con anterioridad, la Cámara de Acusación, en otra causa que también fuimos defensores nosotros, llamó a no criminalizar la protesta social, que es lo que exigimos desde ATE Córdoba”, reafirmó.

Operación “demonización” en el Conurbano

El violento allanamiento que padeció la catequista, dirigente social y ex secretaria de Integración Socio Urbana nacional, Fernanda Miño, junto a su pareja, cuando volvía por la noche a su domicilio del barrio La Cava, en el partido bonaerense de San Isidro, tuvo los condimentos de un operativo destinado a demoler su imagen pública más que a perseguir un delito real. De hecho, luego del cimbronazo mediático inicial, el mayoritario silencio de los medios dominantes cuando se comprobó que Miño no tiene nada que ver con el delito que se investigó indica que el hecho, consumado el daño inicial, dejó de revestir interés para los eventuales operadores.

Juan del Pino, coordinador del Centro Patriótico Reconquista y compañero de militancia de Miño, confió a Tiempo: “La verdad es que se trató de un montaje policial. Se intentó vincular a Fernanda con el robo de una moto en el distrito de Tres de Febrero, algo a todas luces absurdo. Con esa excusa y sin ningún aviso previo le allanaron la casa un martes a la madrugada, con mucha violencia. Golpearon a sus hijas, la golpearon a ella, revisaron toda la casa. Nuestra hipótesis es que montaron eso con una excusa, lo que buscaban era intentar encontrar algo en la casa de ella. Y, obviamente, no encontraron nada”.

“Lo único que se pudieron llevar fue el arma reglamentaria del marido de Fernanda, que es agente penitenciario. La excusa que utilizaron fue que supuestamente un auto que el marido de Fernanda vendió a principios de julio, se había utilizado para el robo de una moto a finales de agosto, en Tres de Febrero. Bueno, Fernanda y su marido obviamente ya llevaron todas las pruebas para mostrar que el auto había sido vendido. Cuando finalmente el juzgado investigó, encontró el auto en la puerta de la casa de la nueva dueña, y en vez de allanarla con violencia, como hicieron en la casa de Fernanda, hicieron un allanamiento de día, tocando la puerta, pidiendo permiso, lo que nos hace sospechar que incluso posiblemente el robo de todo sea una puesta en escena” remarcó.

“Ahora estamos esperando que sea sobreseído el marido de Fernanda, que fue acusado de esta estupidez-agregó Del Pino-. Lo que nos llamó la atención, y nos genera más disgusto, es que el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires no se puso a disposición de Fernanda ante un ataque político y mafioso. Entonces, estamos esperando que el gobierno bonaerense rectifique esta actitud y que le garantice la integridad física a Fernanda, que es una figura pública que viene denunciando hace varios meses el avance del narcotráfico en el territorio ante el retiro del Estado”.

El abogado sostuvo además: «Fernanda es una figura que viene siendo estigmatizada por el gobierno nacional. La han acusado con todo su aparato mediático estatal y paraestatal, de cualquier barbaridad, y obviamente no han podido encontrarle nada, ningún hecho, ningún ilícito en su gestión (en la Secretaría de Integración Socio Urbana). Es una mujer, una catequista, que entró a la gestión viviendo en un barrio popular y que salió de la Secretaría de Estado, viviendo en el mismo barrio, en la misma casa de siempre. No se enriqueció, no se compró ni siquiera un auto cero kilómetro, nunca se fue».

“Entonces, como no le encontraron nada, inventaron esa ridícula idea de vincularla al robo de una moto, que no fue ni siquiera en el distrito donde ella vive. Obviamente no culpamos al gobierno bonaerense, pero es imprescindible que el ministro de Seguridad de la Provincia se dedique a investigar lo que pasó y a proteger a la familia de Fernanda porque el allanamiento lo llevó a cabo la policía bonaerense. Por suerte, la Fiscalía General de San Martín, que entendió rápidamente esta situación, también está investigando”, ponderó el abogado.

Este accionar policial generó, por ejemplo, duros cruces entre la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich,–que calificó en redes a Miño de “chorra”, haciéndose eco de inmediato de la noticia del allanamiento – y Juan Grabois. Días después de lo ocurrido, en una charla a seis años de la sanción de la Ley de Integración Socio Urbana, la ex diputada Elisa Carrió brindó su solidaridad a Miño, donde también el Arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva y Sebastián Welisiejko, destacaron las políticas de integración social y urbana en los barrios populares.

Protesta y detenciones “al voleo”

En los últimos días tomó estado público que la jueza federal María Romilda Servini sobreseyó definitivamente a 11 de las 33 personas detenidas durante las protestas del 12 de junio contra la Ley Bases. La medida llegó después de meses en los que se analizaron de forma detallada los videos que el mismo día de la manifestación circularon en redes y medios de comunicación y donde podía verse con claridad que no habían cometido ningún delito.

Aquí vale recodar lo mencionado por el Centro de Estudios Legales y Sociales respecto a las acusaciones. “El fiscal Carlos Stornelli pidió la prisión preventiva para las 33 personas detenidas sin presentar pruebas ni fundamentos sólidos que demostraran un riesgo de que se fugaran o pudieran entorpecer la investigación. Lo único que presentó para sustentar sus pedidos fueron tres enlaces de sitios web, uno con declaraciones públicas del Poder Ejecutivo difundidas en redes sociales y los otros dos con notas periodísticas. En estas notas el gobierno caracterizó a quienes se manifestaban como terroristas”.

“Varias de estas personas fueron tratadas como detenidas de máxima peligrosidad. Se las trasladó a penales federales, donde sufrieron vejaciones y se las interrogó acerca de su participación política y su ideología”, señaló el organismo.

“Esta sentencia es clave para avanzar en la investigación que la justicia sigue para determinar cómo fue la actuación de las fuerzas de seguridad durante el despliegue represivo. La confirmación de que estas detenciones fueron arbitrarias, basadas en hechos inventados por la policía, confirma que hubo un abuso en sus funciones”, afirmó el CELS.

El abogado Roberto Torres, de CeProDH, testigo directo porque estuvo en la manifestación que terminó con represión, persecuciones y detenciones, y que representa a dos de las personas detenidas, confió a este medio: “Hacia la tarde empezaban a sumarse a la manifestación personas que salían de trabajar y comenzó a hacerse más grande. Entonces iniciaron la represión. Fue una cacería. Hubo, por ejemplo, detenidos a diez o 15 cuadras del Congreso. Detenciones completamente ilegales y arbitrarias, muchas violentas. Con las detenciones hubo intentos de armar causas que no existían. El sobreseimiento de once de los detenidos es muy importante porque demuestra también que protestar no es delito”.

“Hay que recordar, también, que se juntaron más de 70.000 firmas contra las detenciones. Se hizo una campaña enorme de organismos de derechos humanos, de solidaridad de diferentes sectores. Eso fue también lo que permitió que se vaya desmantelando todo ese plan, esa maniobra que tenía el Gobierno, que empezó con el discurso diciendo que eran terroristas, que habían atentado contra el orden constitucional. Porque, recordemos que habían sido inicialmente 33 los detenidos y se puso en marcha un plan policial-judicial, luego los fueron liberando por tandas, pero a algunos les intentaron aplicar figuras penales gravísimas”, marcó.