El clima de agravio contra los reclamos territoriales de las comunidades mapuche-tehuelches de la Cordillera rionegrina tuvo su pico este martes 4 de octubre con el desalojo violento de la lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, pero se viene cocinando desde hace meses con discursos xenófobos y antimapuches, alentados por funcionarios y medios de comunicación.

El más reciente ocurrió el domingo, cuando la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, encabezó una marcha sobre la Ruta 40 en la que exigió el desalojo por la fuerza de la lof y la aplicación de la Ley Antiterrorista contra la comunidad protagonista de la recuperación. Lo hizo en un contexto de fuerte violencia verbal y ante carteles que exigían fusilamientos y reivindicaban los crímenes de la Conquista del Desierto.

La marcha extremista había sido convocada por las figuras más notorias del autodenominado “Consenso de Bariloche”, que es una organización de superficie dirigida por sectores concentrados de la economía provincial que dominan los negocios turísticos, inmobiliarios, financieros, forestales y de la construcción, con estrechos vínculos con el gobierno de Río Negro y filiales en las localidades de la Comarca Andina.

Contra los mapuches

El clima antimapuche se asienta también en un discurso xenófobo sistemático y apenas disimulado entre muchos medios de comunicación de la región cordillerana. Todos ellos son afines a Consenso Bariloche y a los intereses de la comunidad de negocios subsidiaria a la corporación británica Lago Escondido.

En ese ecosistema se descalifica a las comunidades originarias con términos como “pseudomapuches”, “falsos mapuches” o “autodenominados mapuches” a los que además definen como “terroristas” y “delincuentes encapuchados”. A los y las militantes que protagonizan los reclamos territoriales los agrupan como miembros de la incomprobada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), a la que ponen bajo el mando del lonko Facundo Jones Huala, le asignan carácter violento y le adjudican un centenar de incendios jamás esclarecidos. Incluso robos comunes.

La represión del miércoles, ejecutada por unos 250 efectivos de las fuerzas de seguridad federales por orden de la jueza federal de Bariloche, Silvia Domínguez, produjo conmoción en la Comarca Andina y el repudio fuerte e inmediato de todas las organizaciones sociales y sindicales, y de algunos partidos políticos.

También iluminó a quienes aplaudieron el desalojo violento, como cámaras empresarias y el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, quien el mismo miércoles, además, advirtió que no iba a permitir manifestaciones de apoyo a la comunidad Lafken Winkul Mapu, a la que habían convocado grupos de solidaridad con las comunidades originarias.

Con el correr de las horas, las manifestaciones de repudio al desalojo y apoyo a la lof crecieron en casi todo el territorio de la Patagonia, en particular en la comunidad educativa, debido a que una de las siete mujeres detenidas, Andrea Cañuqueo, es una reconocida artista y docente universitaria en Chubut. Cañuqueo, además, está entre las cuatro mujeres mapuche que fueron trasladadas a la cárcel de Ezeiza por orden de la jueza, a fin de evitar que se realicen manifestaciones y protestas callejeras. “Hay que descongestionar el conflicto de Bariloche”, dijo al diario El Cordillerano una fuente judicial que no identificó.