Comienza un nuevo juicio por los crímenes en el centro clandestino Puente 12

Por: Gerardo Aranguren

El debate abarcará delitos sufridos por 185 víctimas entre 1974 y 1977, todo el período en el que funcionó ese CCDTyE bajo la órbita del Batallón 601. La persecución al PRT-ERP.

Este lunes a partir de las 9 comenzará un nuevo juicio por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención tortura y exterminio conocido como “Puente 12” o “Cuatrerismo”. El debate abarcará delitos sufridos por 185 víctimas entre 1974 y 1977, todo el período en el que funcionó ese CCDTyE.

“Puente 12” estaba ubicado en la División Cuatrerismo de la Policía Bonaerense, en Camino de Cintura y la Autopista Richieri, en La Matanza. Dependía del Primer Cuerpo del Ejército, y fue utilizado centralmente por el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército en la persecución contra el PRT – ERP.

Por esos crímenes están acusados cuatro exmiembros de la División Cuatrerismo, Enrique Gauna, Néstor Ciaramella, Carlos Tarantino y Ángel Salerno, y dos exmilitares, Walter Minod, quien fue jefe de Personal y jefe de Logística del Batallón 601 y su subalterno, el exteniente primero Enrique Del Pino, agente de la Central de Reunión de Inteligencia.

A pesar de haber tenido a cargo dos áreas claves en el despliegue de recursos y personal para la represión, es la primera vez que Minod es juzgado por crímenes de lesa humanidad y apenas está acusado por dos secuestros. Su firma en el legajo del represor Carlos Españadero lo vinculó con los hechos que tuvieron como víctima a la familia de Mario Santucho a fines de 1975 y por los que fue condenado Españadero en 2021. Tanto las querellas como la fiscalía intentarán ampliar la acusación contra Minod, quien ingresó a la plana mayor del Batallón 601 el 13 de noviembre de 1974, la misma fecha de los primeros secuestros.

“Han quedado muchas víctimas afuera en la elevación de juicio oral, pero es la primera vez que llega toda la línea de tiempo del centro clandestino. Desde que se conoce que ha funcionado, noviembre del 74, hasta marzo del 77, esto va a permitir dar dimensión y poder ir hilvanando lo que ocurrió”, señaló Alejandra Cravello, querellante e integrante de la Comisión Vesubio y Puente 12, quien lamentó por la falta de imputados de la inteligencia militar.

A pesar de la centralidad de Puente 12, durante muchos años estuvo invisibilizado. Muchas de las víctimas que sobrevivieron no habían logrado identificar el lugar y lo confundieron en un comienzo con “Vesubio”, ubicado enfrente, o con Campo de Mayo.

El padre de Alejandra, Ricardo Cravello, fue secuestrado junto a su compañera, María Cristina Lonardi, el 8 de diciembre de 1975 y ambos permanecen desaparecidos. Durante décadas, la familia pensó que había sido llevado a Campo de Mayo, pero el testimonio del sobreviviente Víctor Pérez le permitió ubicarlos en Puente 12. Su caso será juzgado por primera vez al igual que más de 100 de los 185 casos que integran el debate.

Las primeras víctimas de la causa coinciden con la infiltración en el ERP de Jesús “El oso” Ranier, quien actuó bajo las órdenes de Españadero del Batallón 601. Su ingreso a la organización en el área de logística en octubre de 1974 desencadenó una serie de secuestros que recién finalizaron en diciembre de 1975.

El 14 de noviembre del 74 fue secuestrado Alberto José Munárriz, responsable nacional de logística del ERP, quien permanece desaparecido. Un día antes una patota se llevó a un grupo de militantes entre quienes estaba Víctor Taboada, quien murió en el CCD por las torturas. Munárriz y Taboada habían participado en una reunión junto a Ranier poco tiempo antes y ese día se iban a encontrar nuevamente.

Otra seguidilla de secuestros se produjo a fines de 1975, poco antes del intento de copamiento del Batallón de Monte Chingolo. El 8 de diciembre fue secuestrado Ricardo Elías Abdón, nuevo responsable de logística del ERP, sobre quien el “Oso” Ranier informaba desde hacía varios meses a Españadero, según reconstruyó Ricardo Ragendorfer en su libro Los Doblados.

Abdón vivía en Morón junto a su hijo Esteban en la casa de la familia Santucho. Ese día, Esteban festejaba sus 4 años cuando irrumpió una patota y lo secuestró junto a los hijos de Santucho, sus sobrinas y su cuñada. La mujer y los niños lograron escapar de Españadero algunos días después pero Abdón continúa desaparecido. Esos días fueron secuestrados una decena de miembros del área de logística así como Juan Eliseo Ledesma, “Comandante Pedro”, jefe del Estado mayor del ERP, quien también sigue desaparecido. 

La infiltración de Ranier continuó hasta Monte Chingolo y permitió a los servicios de inteligencia planificar la emboscada a los grupos del ERP que el 23 de diciembre atacaron el cuartel. Monte Chingolo significó también la exposición de Ranier como infiltrado y fue ejecutado días después.

En marzo del 76, unos días después del golpe, fueron llevadas varias de las víctimas de la masacre de la quinta La Pastoril, donde se había reunido el Comité Central del ERP. Después de julio de ese año, cuando Santucho ya había sido asesinado y el PRT estaba desarticulado, comenzaron a perseguir a otras organizaciones aliadas. “Cuando diezmaron a todas esas organizaciones, dieron por concluida su tarea”, explicó Cravello. «

Preocupación por el negacionismo al pueblo mapuche en Mendoza

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) manifestaron «preocupación» por el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados de Mendoza que afirma que «los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos en los términos del Artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional» y «los Tratados Internacionales».

«Preocupa observar que, en ocasión de estar cumpliéndose 40 años ininterrumpidos de democracia, algunos sectores de nuestro país intentan hacernos retroceder con cuestiones ya saldadas en materia de respeto a los Derechos Humanos, como el hecho de que puedan ser cuestionados derechos reconocidos formalmente por motivos raciales o de origen étnico», sostuvo en un comunicado la Secretaría de DD HH encabezada por Horacio Pietragalla Corti.

En ese sentido, afirmó que «agrava la situación que esta discriminación inconstitucional provenga de una institución de gobierno, como es una cámara legislativa provincial». «

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