Gobernar suele tener dos dimensiones. Una administrativa, casi inercial, se ocupa de gestionar los asuntos públicos cotidianos, ejecuta las leyes y decretos, provee los servicios instituidos. Son los hospitales que atienden enfermos, las escuelas que enseñan, los registros civiles que inscriben personas, los policías que vigilan las calles. En general, quienes se encargan de esas múltiples tareas del estado son los empleados públicos estables, que son dirigidos por los ministros que «ad-ministran». La otra dimensión, más política, es la impronta presidencial de gobierno. Es lo que el presidente viene a cambiar, en el marco de lo que prometió en campaña. Por definición, la impronta presidencial no puede cambiar todo. La mayor parte de los servicios y funciones del estado van a quedar igual; el gobierno -salvo que sea revolucionario- solo llega a reformar algunas pocas cosas. Y esas cosas serán la marca registrada de la gestión. En 2021, la aspiración administrativa será normalizar todo lo que estuvo cerrado o frenado en 2020. Una de las normalizaciones más esperadas será la vuelta a las clases presenciales en todos los niveles; la parálisis de la educación fue una de las decisiones más duras y controvertidas. Sin embargo, en el retorno a las clases no compromete directamente al gobierno, que en este caso es imponer o levantar las restricciones. Enseñar es una de esas cosas que el estado hace por sí solo, sin necesidad de los funcionarios políticos: los docentes y no docentes de las escuelas saben hacer su trabajo. Por eso, en mi opinión el combate del coronavirus fue y seguirá siendo un factor importante de la evaluación popular del presidente mientras dure la crisis, pero allí no se juega la identidad o legado de su gobierno. Entra, más bien, dentro de la dimensión administrativa de la gestión.
La impronta presidencial, su liderazgo propositivo, suele estar en los grandes discursos de arranque. Macri prometió pocas cosas, y en su selección de temas cometió errores estratégicos. Subestimó el problema de la inflación y, para colmo, habló de pobreza cero y unidad de los argentinos. No reeligió. Alberto Fernández, más prudente, dijo poco en campaña -salvo aquello del aumento a los jubilados, materia pendiente- y en su único gran discurso como presidente, que fue el del 1 de marzo de 2020 -día de la inauguración del año legislativo- mantuvo la cautela. Dedicó, eso sí, bastante tiempo a hablar de la reforma judicial, que es uno de sus temas predilectos, y del consenso político y económico para salir de la crisis económica. Habló del aborto, que es un tema que depende poco de él, porque no controla el voto de los legisladores. En suma, podemos decir que la impronta de Alberto hasta ahora consta de tres grandes temas: consenso político, compensaciones a los más golpeados económicamente, y reforma judicial.
En consenso no le ha ido mal. Aunque la sociedad sigue polarizada, y lo seguirá estando, el presidente hizo convocatorias, logró sentar las bases de diálogo con Rodríguez Larreta y otros gobernantes de la oposición, y en general se instaló la idea de que el presidente tiende puentes. De hecho, se trata de su propuesta más popular, según las encuestas: la unidad y el diálogo tienen muy buena imagen y aceptación -no así el aborto legal, el aporte extraordinario o la reforma judicial. Tampoco le ha ido mal en este último tema: aún en plena pandemia, logró movilizar al oficialismo y al Congreso. El problema son las compensaciones económicas: la sociedad en general, y sus propios votantes en particular, esperan más.
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