El exjefe del Comando de Institutos Militares y de la Zona IV de Defensa, Santiago Omar Riveros, comenzó a ser juzgado este jueves por la desaparición forzada de un reconocido abogado defensor de presos políticos, Mario Ángel Hernández, ocurrida dos meses después del golpe de Estado de 1976.
Hernández era militante peronista y había conformado con Eduardo Luis Duhalde, Rodolfo Ortega Peña y Roberto Sinigaglia, entre otros, la Gremial de Abogados, en contraposición a la tradicional Asociación de Abogados de Buenos Aires. Desde esa organización, y luego desde la Asociación de Abogados Peronistas, defendieron a los presos políticos de la dictadura de Agustín Lanusse y tuvieron un rol central en la denuncia de los fusilamientos de Trelew.
Hernández también ejerció el periodismo. Escribió y co-dirigió la revista Militancia y dirigió el primer número de la revista “El descamisado”, una publicación de la organización Montoneros.
Esta actividad pública lo volvió a él y al resto del grupo de abogados un blanco de constantes amenazas y ataques, primero por la Triple A, como fue el asesinato de Ortega Peña, y luego por la dictadura, como fueron las desapariciones de Hernández y de Sinigaglia, ambos el 11 de mayo de 1976.
Los dos abogados eran amigos y compartían estudio jurídico con Duhalde, Gustavo Roca y otros defensores de presos políticos. Ese 11 de mayo pasada la medianoche, Hernández fue secuestrado cuando volvía a su casa en la localidad de Beccar, partido de San Isidro. Fue abordado por un grupo de personas armadas vestidas con uniforme militar, quienes dispararon varias veces, ingresaron a su casa para destrozarla y saquearla y se llevaron su auto. Desde allí, habría sido llevado al centro clandestino de detención de Campo de Mayo.
Unas horas después, fue secuestrado Sinigaglia cuando llegaba a la oficina que tenían en el centro porteño y también permanece desaparecido. En ese momento, ambos estaban conformando junto a Duhalde, Manuel Gaggero y otros abogados la Comisión Argentina por los Derechos Humanos (CADHU), para denunciar al terrorismo de Estado en el exterior.
“Me llamaron compañeros de él, me dicen que lo habían secuestrado y viajé a Buenos Aires. Hice algún trámite pero ninguno dio resultado. Lo que se supo extraoficialmente es que lo había secuestrado el Ejército, que estaba en Campo de Mayo y que estaba herido”, contó su hermano, José Hernández, al declarar en el debate ante el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín.
José era miembro de la Fuerza Aérea en ese momento en la Base Aérea de Mar del Plata y pidió el retiro después de lo que le ocurrió a su hermano. Como parte de sus averiguaciones, fue a ver a Omar Graffigna, jefe de la Fuerza Aérea, quien lo llamó a Roberto Viola, del Ejército. “Le preguntó si ellos lo tenían a Mario Hernández. Al día siguiente volví y Viola le dijo que no lo tenían. Las patotas eran células autónomas, no pasaban la información y le negaban la información a cualquiera. Tenían libertad de acción y podían decir lo que querían, pero al momento del secuestro, los vecinos vieron camiones del Ejército esperándolo y personal uniformado”, añadió.
Durante su testimonio, relató que en 2018 le entregaron un legajo en el que la Policía Federal habría identificado el cuerpo de su hermano. “Encontraron unos cadáveres flotando en el Río de La Plata en la zona de Ensenada, les tomaron impresiones digitales y los enterraron como NN en el cementerio de La Plata. Esos cadáveres los habían encontrado pocos días después del secuestro. Hicieron el cotejo de los documentos que tenían con las fichas dactiloscópicas de los cadáveres y coincidían. Ahí determinaron que aquel cadáver era de él”, detalló.
Riveros, de 100 años, es el único imputado en este debate. Ya fue condenado en 18 juicios por crímenes de lesa humanidad, en la mayoría de los que recibió la pena de prisión perpetua. Como jefe de la Zona IV, el exmilitar fue la máxima autoridad en la zona norte y oeste del conurbano bonaerense hasta Zárate y Campana. De él dependían los centros clandestinos de detención que funcionaron allí, como “El Campito” de Campo de Mayo, donde el Comando de Institutos Militares tenía su sede, y la maternidad clandestina que funcionó en el Hospital Militar de esa guarnición.
