“Así, no se puede. Quería ver exponer a los referentes de nuestra comuna y nos hacen mirar la tele”, contó Francisco a Tiempo mientras se retiraba de la Legislatura porteña ofuscado por no poder presenciar la audiencia pública. “Para eso, la miro por YouTube en casa”, alegó Lorena, al mismo tiempo que murmuraba con su compañero de vida porque no les permitieron el ingreso al Salón San Martín, lugar donde se llevan adelante las jornadas de audiencia por el Código Urbanístico PRO.
La modificación al viejo código que propuso el actual Jefe de Gobierno Jorge Macri es un hecho. La decisión política ya está tomada. A fines de septiembre, se aprobó la primera lectura de la norma y, una vez terminada la audiencia (el viernes 15 de noviembre), el proyecto del macrismo volverá al recinto para su aprobación definitiva.
De acuerdo a denuncias realizadas desde diferentes sectores, todo indica que el GCBA diagramó estas audiencias para darle un tratamiento exprés a la iniciativa y para cercenar la Participación Ciudadana de aquellas personas que vienen a la Legislatura a escuchar a quienes exponen.
“Más allá del desatino de las modificaciones que se quieren implementar en esta nueva etapa del Código Urbanístico, nos encontramos con que hay un incumplimiento al artículo 37 de la Ley 6 de Audiencias Públicas. Ese artículo lo que dice es que el público asistente son aquellas personas que aunque no se hayan anotado para hablar puedan presenciar la audiencia”, denunció a Tiempo Fabiana Martínez, la Arquitecta y Urbanista de CABA, integrante de diferentes asociaciones barriales, además de formar parte del Colectivo de Arquitectas, y ser perito de parte en los amparos colectivos que se están llevando adelante contra IRSA en Caballito.
La especialista y varios vecinos y vecinas que intentaron participar de las jornadas de audiencias públicas, sostienen que con la excusa de que hay más de 1.700 inscriptos, de los cuales solo un 50% es presencial y el resto es en forma virtual, no dejan acceder al público al Salón San Martín donde se está llevando a cabo la audiencia pública.
“Esto tiene, obviamente, una clara relación para que los legisladores no se sientan presionados por la presencia de vecinos en el Salón, y a nosotros impedirnos como actores de la participación ciudadana el ejercicio de nuestros derechos”, agrega Martínez.
“Esta audiencia, como todas las anteriores, desde los gobiernos de Mauricio y Larreta, son una ficción. Es un compromiso burocrático. No escuchan lo que opinamos los vecinos y vecinas, ni siquiera en el debate de la segunda lectura hay una contestación razonable a las objeciones que se han presentado”, manifestó a Tiempo la diputada mandato cumplido María José Lubertino.
La ex titular del INADI subraya que las más de 1700 personas que participan de etsa audiencia pública es un gran triunfo de la movilización popular, pero arremete contra la organización de la misma por parte del Gobierno porteño.
“Es grave que pongan audiencias en horarios desde las 10 de la mañana. Porque la mayoría, todos, trabajamos y es un horario imposible para estar presente. Además, de la ficción participativa es que hicieron unas reuniones con las comunas cuando ya el texto estaba redactado, y en realidad no introdujeron modificaciones en función de las conversaciones que tuvieron ni con los delegados, ni con las juntas comunales, ni con los consejos consultivos. Prácticamente en esas reuniones ni siquiera querían dejar hablar a los vecinos y a los integrantes de los consejos consultivos, decían que solamente podían hablar los integrantes de las juntas comunales”, agrega.
El formato de las audiencias
Durante estas ocho jornadas exponen entre 200 y 260 personas cada uno con un total de cinco minutos de tiempo. Es decir, cada jornada durará entre 17 y 22 horas; una situación incómoda para quienes quieren presenciar tantas horas seguidas las exposiciones, como para quienes esperan su turno para exponer.
¿Qué organismo que quiera escuchar atentamente a cada uno de los expositores va a permanecer tantas horas?”, cuestionó la semana pasada en diálogo con Tiempo, Cecilia García Rizzo de Fundación Rumbos, una asociación que impulsa la accesibilidad a favor de un hábitat inclusivo y que también participa de esta audiencia.
“La otra cosa muy grave en relación al formato de la audiencia es que a quienes asistieron presencialmente, pero no estaban inscriptos como oradores, no los quisieron dejar entrar al salón principal y los pusieron en un salón adjunto para ver la audiencia por televisión”, refuerza Lubertino y coincide con la arquitecta Martínez: “Esta es una práctica nueva que es violatoria de los derechos constitucionales consagrados y de la ley de audiencias públicas, porque si hay una audiencia presencial, todos los asistentes tienen que poder estar en el salón principal”.
