El tribunal oral federal que lleva adelante el juicio por presunto “lavado” contra Nélida Caballero, bautizada mediáticamente como la “cocinera de Julio De Vido”, aceptó llamar a declarar a dos testigos propuestos por la imputada para certificar su explicación sobre su patrimonio: el ejercicio de la prostitución durante más de dos décadas.
Por unanimidad, los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli aceptaron el pedido de la defensa de Caballero para incorporar nueva documentación –que fue exhibida por la imputada durante su indagatoria- y convocar a dos personas mencionadas en ese relato para que corroboren la veracidad de lo explicado.
“Las nuevas circunstancias de hecho incorporadas al juicio a partir de la defensa material formulada por la imputada al declarar en el debate tornan oportuno y pertinente el ofrecimiento realizado”, coincidieron los magistrados.
Caballero reconoció durante la primera jornada del juicio que ejerce la prostitución desde temprana edad. En 2006, conoció a Lali Minichelli, la esposa del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y comenzó a trabajar en relación de dependencia para ella como cocinera y empleada doméstica. Simultáneamente, siguió con su anterior actividad, que incluso continúa en la actualidad.
La documentación incorporada como prueba al juicio se vincula con las actividades comerciales de Caballero, que ella describió como consecuencia de su trabajo principal y por el que obtenía sus mayores ingresos. Las meretrices no suelen entregar facturas.
Para que haya “lavado”, el dinero y los bienes a los que se les pretende dar apariencia de legalidad deben tener un origen ilegal, es decir provenir de un “delito precedente”. La prostitución no es un delito. Si Caballero lograra demostrar que ese es el origen de su patrimonio difícilmente podría ser condenada penalmente. Los juicios se rigen por el Código Penal, no por un código moral.
La hipótesis de la acusación, en cambio, sostiene que Caballero es testaferro de De Vido y que lavó dinero mal habido del ex ministro.
Los nuevos testigos convocados por el tribunal fueron pedidos por el defensor de Caballero, el penalista Leonardo Martínez Herrero, para confirmar las afirmaciones de la imputada sobre varios de sus clientes.
Durante la última jornada del juicio oral, media docena de testigos describieron los allanamientos en propiedades atribuidas a Caballero en la provincia de Formosa y si bien no aportaron datos de relevancia sobre el material secuestrado, describieron una suerte de obsesión por forzar la búsqueda de elementos que la incriminaran.
El subcomisario Juan Valentín Roldán, El principal David Ranger y el subinspector Facundo Cancinos –todos de la Policía Federal- describieron los procedimientos en un local comercial con vivienda que la acusación le adjudica en propiedad a Caballero y en un lote con vivienda en la ciudad de Clorinda. También mencionaron el secuestro de dos vehículos, uno en un taller mecánico y otro en la vía pública.
Los otros declarantes, Ramona Paredes, Pablo Mencia y Julio César Martínez, son ciudadanos que fueron convocados por los policías como testigos de los procedimientos.
Martínez, en particular, recordó que durante el allanamiento a un local comercial los policías abrieron una puerta interna que comunicaba con la vivienda de un médico conocido en Formosa. Se trata de una típica propiedad de “local con vivienda”, que el facultativo alquilaba con su esposa.
El testigo recordó que los uniformados le pidieron al galeno que “colaborara” porque en caso contrario iban “a tener que romper cosas”.
