La instalación del nuevo reglamento de uso de armas por parte de las fuerzas de Seguridad fue identificada como uno de los elementos que alimenta la grieta. Los socios de Macri se diferencian.
La personificación de Macri como protagonista de una relación con la ciudadanía que «no es tan buena, pero mejor que la anterior» combina la búsqueda de antídotos para afrontar la polarización originaria de Cambiemos, pero también para transitar la decepción que respira el electorado, dentro y fuera del oficialismo. Esos ejes, según confió una alta fuente del PRO, fueron «claramente identificados» en los costosos estudios que desarrolla Durán Barba y su socio Santiago Nieto, uno de los expositores de los últimos hallazgos obtenidos.
Luego de tres años de ajuste, y en medio de una recesión que el gobierno estima que concluirá recién en mayo (para el mejor de los pronósticos), la Casa Rosada aprovechó las pocas horas de balance posterior al cierre de la cumbre del G20 para realimentar parte de esa polarización que, según sus consultores, será mucho más álgida que en 2017 o en 2015. La herramienta inicial para hacerlo fue el nuevo reglamento para el uso de armas de fuego que firmó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y que fue anticipado por este diario en su última edición.
Las nuevas normas de actuación para los uniformados de fuerzas de seguridad federales que dependen de la cartera que conduce Bullrich les permiten a los agentes disparar por la espalda y sin dar la voz de alto ante situaciones de riesgo de vida, un punto que, según pudo saber este diario, solamente fue consultado a la conducción del radicalismo. La socia menor, Elisa Carrió, jefa de la Coalición Cívica, no recibió ninguna consulta al respecto y apenas supo de la publicación del nuevo reglamento policial tildó a la administración de Macri como fascista, dijo que a Bullrich se le estaba yendo la mano y después de un áspero diálogo telefónico con el jefe de Gabinete Marcos Peña, publicó una carta abierta desde su cuenta de Facebook para proponer que el reglamento sea debatido en el Congreso y sea aplicado mediante una ley, y no por «una simple resolución ministerial».
El mensaje que publicó Carrió para darle curso a la controversia interna de Cambiemos no estaba concentrado en el gobierno, sino en el universo de efectivos afectados y aquellos que integran a la masa de votantes de Cambiemos, especialmente, los uniformados que dependen de Bullrich. El objetivo de la aclaración de Lilita buscó aclararles que no busca desprotegerlos ni quitarles potestades para preservar su vida, sino advertirles que el reglamento no les aporta el respaldo legal suficiente para evitar que sean procesados. En pocas palabras, según la lógica de Carrió, todavía existe la posibilidad de que sigan por el mismo derrotero que transita el policía municipal Luis Chocobar: que goza de la celebración presidencial tras haberle disparado por la espalda a un joven que se fugaba luego de apuñalar a un turista para robarle; pero al mismo tiempo está procesado en segunda instancia por «exceso del cumplimiento de deber de policía».
En la UCR los primeros respaldos para contener las críticas de Carrió salieron del gobernador mendocino y titular del Comité Nacional partidario, Alredo Cornejo, y su coterráneo correligionario, el diputado nacional Luis Petri, ambos cultores de la mano dura y de su aprovechamiento electoral. Tras la polémica pública y la propuesta de Carrió para llevar la controversia al Congreso, uno de sus colaboradores más cercanos reflejó la sensación que respira la chaqueña, atravesada por un «creciente malestar» con el presidente y su ministra de Seguridad. «En menos de una semana vemos que instalaron este tema en la agenda. No nos consultaron porque saben lo que ella opina sobre este punto. Pero el resultado es confuso, porque adentro y afuera de Cambiemos el respaldo de la dirigencia no se condice con la demanda que dicen leer en el gobierno», lamentó la fuente consultada. «Esta vez la dirigencia no está en consonancia con lo que piensa la gente, según las encuestas. Los que salen a apoyar el reglamento lo hacen casi pidiendo disculpas. Es una reacción vergonzante de la dirigencia política que esta vez se despega de lo que se ve en las encuestas», resumió el «Lilito» ante la consulta de este diario.
Según su entorno más cercano una sensación similar atraviesa a Carrió, que habría resuelto arremeter contra el reglamento y contra Bullrich, su excompañera de bancada. El silencio que la chaqueña guardará de ahora en adelante pronostica un discreto alejamiento de Macri. El mandatario al que apoyó en las urnas «está atacando la consecuencia y no la causa, porque han decidido salir a matar pobres sin atacar las causas de la pobreza», confió la fuente consultada.
Las críticas de la chaqueña y la postergación para el año próximo del debate parlamentario sobre el reglamento siembran nuevos interrogantes sobre la disputa interna de Cambiemos. Para algunos se trata de la emergencia de un límite irremontable dentro de la alianza de gobierno, para otros, de una nueva tensión interna que busca contener a parte del electorado desencantado y también rodear al núcleo más duro de sus votantes con una estrategia orientada a evitar que la oposición capitalice esas diferencias. «
Cautela en otros referentes de Cambiemos
Más allá de los cuestionamientos y advertencias que lanzó Carrió, el nuevo reglamento que firmó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich cosechó límites dentro de la mesa chica del PRO que rodea al presidente Mauricio Macri para tomar decisiones. La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal instruyó a su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, a no adherir a la aplicación del texto, porque la formación y capacidad de los efectivos de la Bonaerense podría transformar esa doctrina en una nueva crisis política ante la multiplicación de crímenes de gatillo fácil. En la Ciudad de Buenos Aires el alcalde Horacio Rodríguez Larreta tiene un amparo de la justicia local en su contra que le impide utilizarlo. Se trata de la misma administración que viene de sacrificar a su ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo, a manos de la ministra nacional que rubricó el reglamento. Todos los involucrados, tanto adentro como afuera de la Casa Rosada, analizan con detenimiento la inminente asunción presidencial del ultraderechista Jair Bolsonaro. Su derrotero electoral está jalonado por casos de gatillo fácil como la escena que protagonizó la policía militar Katia da Silva Sastre el 12 de mayo pasado, cuando le disparó en el pecho al joven Elivelton Neves Moreira, de 21 años, que intentó robarle a un grupo de madres y a sus hijos en la puerta de una escuela de San Pablo. La mujer fue condecorada después del asesinato y en las mismas elecciones donde Bolsonaro resultó electo ella se transformó en diputada paulista. La película continuó esta semana con la felicitación que le dedicó el mandatario electo a los dos policías que acribillaron a un joven que había secuestrado a una mujer mayor para intentar asaltarla.
Celeste López y Mariano Gorini serían los nombres de los agresores.
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