Chillier: «El rechazo a liberar a Milagro Sala es un papelón internacional»

«Es un papelón», se lamenta el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier. Este domingo el Estado argentino completa un mes de incumplimiento de la resolución del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU que pidió «liberar de inmediato a la señora Milagro Sala». El gobierno de Mauricio Macri dio señales de que busca dilatar el cumplimiento. Y quien encabeza esa cruzada es el funcionario de más alto rango en la materia: el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj.

La visita a la ONU en Ginebra y los informes que el gobierno presentó como una «respuesta» a los organismos internacionales asegurando que liberar a la dirigente social «implicaría un claro peligro» para la investigación judicial, completan el cuadro que enmarca la estrategia oficial. «En términos de derecho internacional es un disparate, porque la del Grupo de Trabajo no es una decisión que se puede seguir discutiendo», completó el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales, organismo que junto a Amnistía Internacional y Andhes presentó la demanda por la libertad de la dirigente de la Tupac.

«Tiene que quedar claro que antes de la decisión del Grupo de Trabajo, hubo un proceso en el cual el Estado participó, en el que se analizaron todas las causas judiciales y las razones que invocó el Estado por las cuales argumentaban la legalidad de la detención. Y después de todo ese análisis llegó a la conclusión de que no se daban las razones por las cuales Milagro Sala tenía que estar detenida», recordó Chillier. Y remarcó: «Ahora el Estado cambió y dice que hay un riesgo procesal. Pero además, (el Grupo) dice que no se da ninguna razón en ninguna de las causas, no sólo por la protesta como inicialmente dijo el Estado para confundir la opinión pública, y también sembró dudas sobre la independencia del Poder Judicial de Jujuy, como es la designación de fiscales casi para perseguir a Sala».

-La Secretaría de DD HH anunció en su Facebook, con foto incluida, la invitación al GTDA a visitar el país.

-No está claro si el grupo aceptó o no, ni cuándo se va a dar. Si se hace igual no va a ser para analizar el caso de Milagro Sala porque el Grupo de Trabajo ya se expidió sobre el tema. El Estado Argentino lo que está haciendo hasta ahora es una estrategia dilatoria para no cumplir la decisión y, en ese sentido, está incumpliendo una decisión de un mecanismo de protección de Naciones Unidas. Eso lo deja en un lugar muy incómodo, específicamente lo que el propio presidente Mauricio Macri le endilga a (el presidente Nicolás) Maduro en relación con la detención de un político preso en Venezuela que es Leopoldo López.

Milagro Sala lleva 316 días presa. Tras la resolución de ONU, la presión internacional sobre el gobierno de Macri creció. Hubo planteos de la CEDAW (Convención para la eliminación de la discriminación contra las mujeres), del Comité sobre Discriminación Racial, de la Comisión Interamericana de DD HH y de la comunidad internacional con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Ayer una comisión del Parlasur, encabezada por su presidente, Jorge Taiana; y el vicepresidente por Uruguay, Daniel Caggiani, visitó a Sala, para informarle que la Mesa directiva difundió una declaración con la firma del presidente y los vicepresidentes de cada Estado parte, expresando su acompañamiento a la decisión del Grupo de Trabajo.

Por su parte, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, anunció esta semana que recorrerá el mundo pidiendo por Sala, y el Comité por la Libertad de Milagro Sala lanzó la campaña «Por una Navidad sin presos políticos», reedición de aquella lanzada en la dictadura de Agustín Lanusse.

Es de suponer que la presión externa seguirá. El gobierno apuesta a tres informes (21 páginas de la Secretaría de Derechos Humanos, 39 de la Fiscalía de Estado de Jujuy y 52 del Tribunal Superior de Justicia y el Ministerio Público de Jujuy), que mandó a modo de respuesta a la ONU y la OEA.

–Según trascendió por el diario La Nación, el informe que presentó la fiscalía de Estado de Jujuy dice que la decisión del GTDA es «arbitraria». ¿Cómo se explica eso?

-Eso en términos de derecho internacional es un disparate porque no es una decisión que se puede seguir discutiendo. No es que el Estado tiene una instancia como si fuera para apelar la decisión del Grupo de Trabajo. El sistema internacional de protección de Derechos Humanos funciona con los Estados que firman los tratados y se comprometen al cumplimiento de buena fe de las decisiones de los mecanismos que los interpretan. En este caso, el Grupo interpreta el Pacto de Derechos Civiles y Políticos que tiene rango constitucional en Argentina. En el caso de Belén en Tucumán, otro comité recomendó su liberación y el secretario de DD HH en persona hizo gestiones ante el Tribunal Superior de Justicia de Tucumán para que se cumpla. No puede ser que si te gusta la decisión la cumplís y si no te gusta, no. Así no funciona.

-¿Cómo se interpreta que en este caso Avruj demuestre una actitud diferente?

-Me parece realmente grave que sea el funcionario de mayor jerarquía en DD HH quien esté promoviendo el incumplimiento. A la Argentina se la conoce en el mundo desde la transición democrática es por su compromiso con el sistema de Derechos Humanos, con lo cual nuestro país y el Estado está quedando muy mal frente a la comunidad internacional.

-¿Qué implica que se cumpla un mes sin que se haya efectuado la «liberación inmediata»?

-Básicamente es un papelón. Que se cumpla un mes y que las señales del gobierno sean dilatar para no cumplir, pone a la Argentina como un país que no cumple de buena fe los tratados internacionales que firma. «