Cerro Catedral, entre la queja de los vecinos y una empresa denunciada por trabajo esclavo

El Cerro está privatizado. Lo gerencia la familia Trappa, dueños de un conglomerado de empresas que abarca medios de transporte, turismo, centros de esquí y logística, entre otras. Tienen la concesión hasta 2026 y ahora, en pleno confinamiento, consiguieron luz verde para continuar el negocio hasta 2056. Los entretelones y las denuncias de cómo la empresa Catedral Alta Patagonia S.A logró llegar a un acuerdo con el intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso.

La historia comienza en 2017 cuando el jefe comunal intenta prorrogar la concesión del cerro en manos de CAPSA. Envía una ordenanza al Concejo Deliberante y estalla el conflicto. Los vecinos se movilizaron, juntaron más de 6500 firmas rechazando la iniciativa y se llegó a una audiencia pública que terminó con la palabra tajante del intendente: “No me importa lo que digan los vecinos, tengo la decisión tomada”.

Desde ese momento surgieron acciones judiciales que lograron frenar el acuerdo y todo quedó a la espera de la Justicia. Uno de los que encabezaba el reclamo era el actual legislador del Frente de Todos, Alejo Ramos Mejía, quien en el último tiempo desistió del reclamo, entonces quedó abstracto el conflicto. La periodista Julia Mengolini, oriunda de Bariloche, apuntó contra el diputado provincial desde su programa en Futurock, donde abordó la problemática: “Es el traidor de toda esta historia”, resumió.

Con el camino allanado, luego de que Ramos Mejía decidiera no continuar con el reclamo que había comenzado hace poco más de un año, el intendente de Juntos Somos Río Negro tomó la lapicera y se dispuso a firmar con CAPSA. Enterados de la situación, el viernes pasado, un grupo de vecinos presentó una acción directa de inconstitucionalidad de la ordenanza y solicitaron una medida de no innovar. En síntesis, que no se lleve adelante la prórroga porque se cuestiona la validez de la ordenanza y, por supuesto, su contenido.

El Supremo Tribunal de Justicia rechazó la medida cautelar, pero resta resolver la constitucionalidad de la ordenanza votada por el Concejo Deliberante en 2018 en medio de las protestas sociales.

Una de las principales críticas está vinculada con la rapidez que el intendente firmó la prórroga porque en realidad el contrato vigente finaliza en 2026 y desde hace dos años que intenta concretarlo. Además, según establece la ordenanza, le permite a CAPSA llevar adelante un emprendimiento inmobiliario en 70 hectáreas en medio del cerro.

“Esas tierras están declaradas no aptas para urbanizar, viola normativas vigentes, como la falta de estudios de impacto ambiental, poniendo en riesgo los bienes y recursos naturales de todo Bariloche”, explicó Marina Steconni, investigadora del Conicet.

CAPSA prometió una inversión de 22 millones de dólares a cambio del manejo del cerro hasta 2056. Pero hay otra cuestión: al momento de terminar la concesión en 2026, el 50% de las personas transportadas deben hacerlo en medios de elevación que tengan 10 años de antigüedad o menos. Por lo tanto, tienen que haber sido fabricados en 2016 o después.

“Son varios problemas que surgen a partir de este acuerdo espurio entre Gennuso y CAPSA: por un lado, la empresa no respeta el contrato porque hoy los dos medios de elevación más nuevos son de 1997, y está a la vista porque todos los años hay accidentes con los turistas; por otro lado, la ordenanza le permite construir hasta 800 metros de altura lo que provoca un daño ambiental irreparable”, afirmó a Tiempo el legislador provincial del Frente de Todos, Ramón Chiocconi.

Con este acuerdo, el emporio de los Trappa invertiría 22 millones de dólares durante los próximos 36 años, lo que equivale a 1600 dólares por día. Según los últimos precios a los que accedió Tiempo, esa suma es igual a 44 pases diarios y durante temporada alta suben alrededor de 15 mil personas por día.

“Gennuso hizo una entrega irresponsable de nuestro patrimonio, sin licitación y por un canon anual insignificante que es el equivalente a 5 cuadras de asfalto”, detalló el docente e investigador de la Universidad Nacional de Río Negro, Tomás Guevara.

Por otro lado, Romina Fernández Albor, Profesora de Esquí de la Universidad Nacional del Comahue, explicó que “el contrato sólo contempla cuatro días de pase de esquí en toda la educación obligatoria de niños y adolescentes de Bariloche, que se da a través del programa «esquí escolar», con un costo para el estado Provincial de un pase diario de alta temporada por niño. Este año eso equivale a $2.180 por niño”.

Familias porteñas

La Asociación Vecinal Villa Cerro Catedral está integrada por las familias más ricas del país, pero la mayoría de ellas no son residentes de Bariloche. A tal punto que, hace algunos años, pidieron que la sede de la Junta Vecinal de Villa Catedral se traslade a Buenos Aires.

Alejandro Blaquier, Horacio Liendo, Santiago de Anchorena, María Firpo de Peralta Ramos, Alejandro Braun Peña, Costabile Matarazzo son algunos de los que componen la Asociación vecinal que también pretenden que el cerro catedral sea de uso restringido y que pueda establecerse allí una infraestructura de tal magnitud que ya no sea necesario ir a la ciudad.

Los dueños de la nieve de Bariloche

La familia Trappa explota el cerro a través de Catedral Alta Patagonia S.A (CAPSA) y además son los propietarios de Vía Bariloche, Vía Cargo, Servicios Aéreos Patagónicos S.A, emprendimientos turísticos, medios de comunicación, hoteles y estancias, entre otros.

“Con la construcción de un hotel en el medio del cerro, lo que quiere la empresa es usar a Bariloche para obtener ganancias exclusivas porque ellos traen a los turistas con sus aviones y micros, los llevan a sus hoteles y explotan Catedral. Mientras tanto, los barilochenses vemos cómo juntan la plata en carretilla, se la llevan y dañan nuestro ambiente”, opinó Chiocconi, el único legislador del Frente de Todos que alzó la voz contra el acuerdo. Agregó que “el cerro Catedral es de Bariloche y no se regala, vamos a cuidar nuestro medio ambiente y la prioridad es el uso y goce para los barilochenses, continuaremos el reclamo por todos los medios que sean necesarios”.

“La canallada de Gennuso, al firmar con una empresa esclavista, es condenar a Bariloche a seguir viviendo de limosnas del Estado Nacional”, opinó Luis Rossi, integrante de Árbol de Pie.

En mayo, Vía Bariloche fue denunciada por presunta trata de personas, trabajo no registrado, condiciones inhumanas y esclavitud. En medio de la cuarentena, la empresa trasladó a 18 trabajadores chaqueños en condiciones inhumanas desde la estancia “Cabaña Curaco” en La Pampa hasta Cipolletti. El viaje de 450 kilómetros fue dentro de una caja de un camión de Vía Cargo que para evitar una inspección judicial precintaron las puertas.

En diálogo con enestosdias.com.ar, uno de los obreros reveló que “en el monte pampeano trabajaban hachando durante nueve horas por día, de lunes a lunes”, y que “dormían en casillas de chapa, algunas con piso de tierra soportando sin frazadas el frío de las noches en el campo”.

El pago, que equivalía a mil pesos por una jornada de 9 horas -según el testimonio de otro obrero- se realizaba en las propias boleterías que Vía Bariloche tiene en la Terminal de Retiro. Las maderas que buscaban en medio del monte pampeano tenían un destino llamativo: la provincia de Río Negro y la Municipalidad de Cipolletti, ambos gobernados por Juntos Somos Río Negro, el mismo partido que el intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso. Todos bajo el mismo cielo, sobre la misma nieve.