Causa Vialidad: Cristina Fernández de Kirchner podría hacer uso de la palabra en la última jornada de alegatos

El Tribunal Oral Federal 2 escuchar a la defensa del imputado, luego de que el lunes y martes de esta semana hiciera lo propio la del exministro de Planificación Federal Julio De Vido.

La expresidenta podría hacer uso de la palabra en esta etapa en su calidad de abogada y en ejercicio de su derecho a defensa ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, pero hasta esta mañana no había al respecto ningún aviso formal ante el TOF2, según informaron a Télam fuentes judiciales. Según trascendidos, la expresidenta podría hablar ante los jueces la última jornada del alegato, el viernes 23 de septiembre.

Por su parte, la defensa del ex subsecretario de Obras Públicas en el kirchnerismo, Abel Fatala, sostuvo este viernes que la fiscalía omitió realizar una «descripción precisa» de los hechos por los que pidió cuatro años de prisión para el ex funcionario, al iniciar su alegato final en la causa Vialidad. «No se está juzgando un hecho cometido de manera activa, sino que se le imputa una omisión, no haber cumplido con sus funciones», argumentó el abogado Lucio Simonetti al comenzar su alegato ante el Tribunal Oral Federal 2 en los tribunales de Retiro.

Simonetti y Fatala hicieron uso del derecho de alegar de manera presencial por lo cual ambos estaban presentes en la sala de audiencias de la planta baja de Comodoro Py 2002 al igual que los jueces del TOF2 mientras que las restantes partes siguen el debate de manera virtual. El abogado del ex funcionario consideró que la fiscalía en su alegato no hizo «una descripción precisa de qué fue lo que Abel Fatala no habría cumplido» y además afirmó que la Subsecretaría de Obras Públicas no tenía poder de control sobre la Dirección Nacional de Vialidad.

«La Subsecretaría de Obras Públicas no tenía competencia para inmiscuirse en todo lo que sucedía en la Dirección Nacional de Vialidad, es la clave para entender la situación de Fatala y los demás Subsecretarios», dijo además El abogado dijo también que «no había ningún tipo de norma que establezca cómo debía realizarse dicho control».

El juicio oral por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 se reanudó con el alegato de la defensa de Fatala y la semana próxima será el turno de los abogados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En base al cronograma elaborado por el TOF2-el lunes próximo se iniciará el alegato de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy por la defensa de la Vicepresidenta, a quien la fiscalía pidió condenar a 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, por supuesta asociación ilícita y administración fraudulenta.

La defensa de De Vido en la Causa Vialidad

El abogado Maximiliano Rusconi durante el alegato de Julio De Vido.
Foto: Captura video

El lunes y martes pasado, la defensa del exministro de Planificación Federal Julio De Vido reclamó su absolución, cuestionó la acusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola y argumentó que un Gobierno elegido por el voto popular no puede ser considerado una «asociación ilícita», como postuló la acusación. Por otro lado, la defensa del exministro de Planificación recusó al integrante del Tribunal Giménez Uriburu por haber interrumpido su alegato para dar una explicación vinculada a las razones por las que en una de las audiencias exhibió un mate con el logo del equipo de fútbol amateur «Liverpool».

Este equipo que integraba el juez junto al fiscal Luciani disputó partidos en la quinta Los Abrojos, propiedad del expresidente Mauricio Macri. La defensa de Cristina Kirchner recusó al juez y al fiscal pero el planteo fue rechazado y ahora está pendiente de resolución un recurso de queja en la Cámara Federal de Casación. La defensa de De Vido, por su parte, recusó esta semana a Giménez Uriburu por supuesto temor de parcialidad, algo que está pendiente de resolución.

De Vido tiene un pedido de diez años de prisión por parte de la fiscalía en el juicio en el que se debaten supuestas irregularidades con la adjudicación de obra pública nacional en Santa Cruz a empresas del también acusado Lázaro Báez entre 2003 y 2015.

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