La justicia federal porteña mantiene en letargo una causa por presunta corrupción en la contratación de agencias de publicidad (una de ellas sin ningún antecedente en el rubro) durante el gobierno de Mauricio Macri mediante adjudicaciones directas por casi 300 millones de pesos. Si se toma como referencia la cotización del dólar en 2019, cuando terminó el gobierno de Cambiemos, son más de cuatro millones de dólares. Si el cálculo se basa sobre el valor de la moneda norteamericana cuando comenzaron las contrataciones, en 2016, son casi 20 millones de dólares.

La causa se inició por denuncia de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) –a cargo del fiscal Sergio Rodríguez- en 2020 e involucra a la ex vicepresidenta Gabriela Michetti y al ex jefe de Gabinete Marcos Peña. En diciembre pasado, otro fiscal, Ramiro González, pidió la indagatoria de una veintena de ex funcionarios y empresarios, entre ellos Jorge Grecco, ex Secretario de Comunicación Pública; Ezequiel Colombo Marrón, ex Subsecretario de Comunicación y Contenidos de Difusión; y Horacio Minotti, ex Director Nacional de Publicidad Oficial.  También de Lucía Aranda, ex Directora Nacional de Contenidos, y Gonzalo Soaje Pinto, ex Gerente de Administración y Control Presupuestario, de la Secretaría de Comunicación Pública.

Sus defensas objetaron el dictamen y el juez Marcelo Martínez de Giorgi aún no resolvió qué hará. Han pasado seis meses desde el pedido de indagatoria y tres años desde que fue formulada la denuncia. La causa tramita ante la secretaría 16, a cargo de Rafael Ortea Escandón. Tiempo intentó contactarlo, pero una persona que se identificó como “Catalina”, “empleada del juzgado” rechazó la comunicación, recomendó enviar un e-mail y recordó que “el horario de atención es de 7.30 a 13.30”.  El expediente tiene tal atraso que el fiscal que impulsó la investigación, Jorge Di Lello, murió durante su tramitación.

Las empresas cuestionadas son Aura Advertising, La Comunidad, Circus BA y Power República. Sobre esta última, el pedido de indagatoria destaca que “no se dedicaba al rubro de la publicidad”, pese a lo cual fue contratada en forma directa aunque “no presentaba absolutamente ningún antecedente en la actividad publicitaria”. Más aún: “hasta tres meses antes de ser contratada por la Jefatura de Gabinete se dedicaba exclusivamente al rubro inmobiliario, sin ninguna injerencia en materia de publicidad”.

Otra de las empresas, Aura Advertising, es una vieja conocida del precandidato a jefe de Gobierno porteño de Juntos por el Cambio Jorge Macri, pero de sus tiempos de intendente de Vicente López. Según consta en la causa, en 2012 la contrató “para la realización y organización integral de las campañas denominadas ‘Vicente López y Planes’, ‘Carnaval 2012’ y ‘Evento Todos Iguales’” y para “impresión, armado y desarmado de elementos inflables con destino a la comunicación de diversos actos de gobierno”. En la investigación aparecieron presuntas irregularidades similares a las detectadas en el vínculo con el gobierno nacional 2015 – 2019, justificadas todas en “inconvenientes administrativos involuntarios” o “urgencias no previstas”.

“Más allá que lo acontecido en la Municipalidad de Vicente López resulta ajeno a los hechos objeto de pesquisa, permite vislumbrar una mecánica similar a la denunciada en el marco de este expediente, es decir la utilización de razones aparentes para justificar la adjudicación directa a las empresas publicitarias”, explicó el dictamen de fiscal González.

¿Cuáles fueron las irregularidades?

El 1 de setiembre de 2016 Gabriela Michetti, a cargo de la presidencia, firmó el Decreto 978/16 que modificó la exclusividad que tenía la agencia Télam para canalizar la publicidad oficial en sus variadas formas y habilitó la intervención de la Secretaría de Comunicación Pública y de las agencias privadas. “Ello implicó una modificación sustancial en la composición del gasto público, pues tareas antes realizadas a través de recursos estatales propios pasaron a ser tercerizados”, sostiene el dictamen.

Las agencias publicitarias privadas ya venían realizando trabajos para el gobierno de Macri y los cobraron mediante un mecanismo muy cuestionado, conocido como “legítimo abono”. Luego del decreto fueron contratadas directamente con la finalidad declamada de “asesoramiento en el uso de canales de comunicación que facilitan y garantizan la relación Estado-ciudadano, redacción de guiones para canales de comunicación audiovisual y desarrollo de identidades visuales y logos para posicionamiento de marca”.

“Las cuatro empresas nombradas habrían prestado colaboración en las campañas de publicidad de la coalición política Cambiemos en las elecciones presidenciales del  año 2015 y durante el período 2016-2019 fueron contratadas por las autoridades de la Jefatura de Gabinete de Ministros y de la Secretaría de Comunicación Pública para el desarrollo de pauta oficial, por un total que ascendía a la suma de $291.130.300,77”, resume la denuncia inicial de la PIA.

Los contratos establecían que “el 30% que sería pagado ‘al inicio’ debía ser considerado un anticipo y facturado como tal, además de exigirse el respaldo de una contragarantía, y el segundo pago del 40% sólo debería habilitarse si se presentaba un avance de por lo menos el 70%”.

Un mecanismo exactamente igual, especialmente en el adelanto del 30 %,  fue considerado delictivo por el tribunal oral federal que condenó a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner y al empresario Lázaro Báez en la “Causa Vialidad”.

De entre todas las situaciones bajo investigación una llama particularmente la atención. El 2 de diciembre de 2016 el subsecretario Colombo Marrón impulsó la contratación directa de Aura Advertising para “los servicios exclusivos de creatividad para las campañas de comunicación pública ‘Dengue’ y  ‘Cierre de Año – Mensaje Presidencial’”. La documentación destaca “la necesidad de contar con los servicios de creatividad exclusivos en el corto plazo, de manera excepcional y urgente teniendo en cuenta las campañas y el mensaje a difundir”.

El 31 de diciembre de 2016, desde Villa La Angostura, el entonces presidente Macri emitió un mensaje en el que deseó “el mejor 2017 para todos los argentinos».

Por ese “mensaje creativo”, -según surge del dictamen fiscal- Aura Advertising cobró 2.808.059 pesos. «