La absolución el 7 de abril de 2022 de Jorge Alfredo Etchebarne, quien fue titular de la Comisión Nacional de Valores durante la dictadura, cayó como un baldazo de agua helada para víctimas y acusadores. La fiscalía y las querellas habían pedido penas de entre 20 y 25 años de prisión para él como partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad y torturas a 22 personas, directivos y allegados a los grupos económicos Chavanne y Siderúrgicas Grassi que fueron llevadas al centro clandestino de detención que funcionó en la Cárcel de Encausados de Campo de Mayo.

El Tribunal Oral Federal 5 de CABA tuvo un fallo dividido: la jueza Adriana Palliotti y el juez Daniel Obligado decidieron absolverlo, mientras que el juez Adrián Grünberg consideró probada su responsabilidad en los hechos. El otro acusado, Raúl Guglielminetti, exagente civil de inteligencia del Ejército, recibió diez años de prisión.

Este jueves, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Alejandro Slokar, realizó una audiencia preliminar en la que la fiscalía, las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la APDH y la defensa expusieron sus argumentos antes de que los camaristas tomen una decisión sobre la situación de Etchebarne.

Una denuncia penal de Etchebarne en 1978 desde la CNV motorizó la persecución a las empresas Chavanne y Grassi por «subversión económica»: ambos grupos se habían asociado para la compra del Banco de Hurlingham a la familia de David Graiver, sospechado por civiles y militares de haber recibido el dinero que la organización Montoneros había obtenido por el secuestro extorsivo de los hermanos Born.

A partir de esa denuncia, entre el 13 de septiembre y el 8 de noviembre de 1978 fueron secuestradas en Buenos Aires y Rosario 28 personas, entre directivos de ambos grupos, abogados, familiares y empleados, que en su mayoría fueron llevados al centro clandestino de detención y torturas que se montó en la Cárcel militar de Campo de Mayo.

«El que me interrogaba, la voz era de Juan Alfredo Etchebarne, que era entonces el presidente de la CNV. Conocía su voz porque había discutido con él varias veces en los procedimientos que había hecho en Industrias Grassi, donde era abogado. Todos los interrogatorios los conducía él. En una oportunidad en que me estaban golpeando y mis respuestas no fueron las que él quería, les pidió que me golpearan más», declaró en el juicio a las Juntas Raúl Ramón Aguirre Saravia. Isidoro de Carabassa, otro de los sobrevivientes, declaró en el mismo debate haber visto al extitular de la CNV durante su cautiverio y que le hizo más de 20 preguntas. 

Durante el juicio, se incorporaron esos testimonios y se sumaron otros, como los de las hijas y el hijo del ya fallecido René Grassi, y el de Rosa Laurito, quien era secretaria de Aguirre Saravia. La presencia de Etchebarne en Campo de Mayo fue confirmada también por técnicos enviados por la CNV a Campo de Mayo, quienes mencionaron visitas de su jefe a las dependencias militares y su obsesión por el tema.

Entonces, ¿cómo se explica la decisión de Obligado y Paliotti de absolverlo? En su voto mayoritario sostienen que no le creyeron a las víctimas. Por un lado, le restaron peso a los testimonios de las personas fallecidas, cuyas declaraciones fueron valoradas en el Juicio a las Juntas e incorporadas por lectura al debate, y por otro, al igual que la defensa, señalaron una supuesta «enemistad manifiesta» con el acusado. Lo mismo que había planteado el exfuncionario de la dictadura en varias de sus intervenciones en el debate.

En su voto en minoría, el juez Grünberg refutó los esfuerzos de sus pares para absolver a Etchebarne. Resaltó la importancia de los testimonios en los juicios por crímenes de lesa humanidad para probar hechos que el terrorismo de Estado intentó que quedaran impunes y descartó que se tratara de una supuesta revancha contra el acusado: «Resulta descabellado conjeturar siquiera en una especie de complot llevado a cabo por tantas personas a lo largo de más de cuatro décadas. No existe posibilidad alguna de ello y, por ende, según mi entendimiento, las manifestaciones de inocencia de Juan Alfredo Etchebarne han sido doblegadas por el contundente cuadro cargoso hasta aquí expuesto».

Esta discusión sobre el valor de los testimonios que se dio en la sentencia fue el eje central de los planteos de las querellas y la fiscalía ante la Cámara de Casación. Las partes acusadoras pusieron en valor el rol fundamental de víctimas y testigos y destacaron además la contradicción de Paliotti y Obigado, quienes sí tuvieron en cuenta sus declaraciones para condenar a Guglielminetti.

La Sala IV de Casación deberá ahora definir qué sucede con Etchebarne en esta causa que, por un lado permitió reconstruir la persecución del terrorismo de Estado contra sectores empresarios que consideraba enemigos y que al mismo tiempo mostró nuevamente la doble vara judicial al investigar a civiles y al poder económico. «