La ex agente de la Policía Federal durante la dictadura Carmen Amanda Grossoli está procesada y elevada a juicio por 25 hechos de privación ilegal de la libertad agravada y por asociación ilícita en la causa por la represión desatada desde marzo de 1975 en la localidad de Villa Constitución. A pesar de la gravedad de los delitos, no se encuentra detenida, ni siquiera con domiciliaria, y la única medida que limita su libertad es la prohibición de salida del país. sin embargo, días atrás el TOF de Rosario habilitó a la ex policía a que realice un viaje de vacaciones entre el 26 de mayo y el 3 de junio a la localidad balnearia de Playa del Carmen, en México.
La querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Rosario, junto a sobrevivientes y familiares de víctimas, presentaron este miércoles un recurso ante el TOF para que rechace esa autorización. En la presentación, cuestionaron que la decisión del juez Sutter Schneider, presidente del Tribunal, no haya sido notificada a las partes y señalaron que existe un riesgo concreto de que la acusada se intente fugar, en particular luego de que fuera elevada a juicio la causa y se le agregaran nuevos casos a su acusación.
“Al momento de la imputación, el juez entendió que la encartada revestía peligrosidad procesal, por lo cual le impuso la prohibición de salir del país y consecuentemente le retuvo el pasaporte. NADA ha ocurrido que pueda variar ese análisis, al contrario, como venimos diciendo, se agregó una nueva imputación”, señalaron.
En un comunicado difundido este miércoles, que contó con adhesiones de una gran cantidad de organismos de derechos humanos locales y nacionales, la APDH consideró “vergonzosa y humillante” esta autorización. “Una vez más el poder judicial muestra su triste y soterrada connivencia con los genocidas. Entendemos que esta decisión pone en riesgo la realización del juicio con la posibilidad de una fuga de una criminal de lesa humanidad. Por eso, el equipo jurídico ha solicitado que se revea la situación y se ordene revocar el beneficio. Caso contrario, acudiremos ante tribunales superiores”, señaló.
“Es importante resaltar que mientras la imputada es autorizada a vacacionar en la paradisíaca Playa del Carmen, México, familiares y sobrevivientes de terrorismo de Estado esperan justicia en su lucha incesante de 48 años”, agregaron.
El 20 de marzo pasado, en coincidencia con la fecha en la que comenzó la represión en Villa Constitución, sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos se movilizaron una vez más a los tribunales federales de Rosario para exigir el inicio del juicio oral en una causa elevada en marzo de 2022 y que lleva más de 10 años de trámite.
Carmen Amanda Grossoli fue agente de la Policía Federal y cumplía funciones en la sección “Seguridad” de la Delegación Rosario de esa fuerza cuando se produjo el operativo represivo en la zona de Villa Constitución. En su legajo figura una felicitación de sus superiores por su participación en esos hechos.
En la elevación a juicio, junto a Grossoli hay otros veinte expolicías federales, un exmilitar, un expolicía provincial y a un exprefecto. Además, hay dos civiles imputados, los ex directivos de Acindar Roberto José Pellegrini y Ricardo Oscar Torralvo.
Ese 20 de marzo de 1975, unos 4000 efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, la Policía de Santa Fe y bonaerense, personal de la SIDE y del Ejército invadieron la ciudad en el denominado “operativo Serpiente Roja del Paraná”. A ellos se sumaron grupos parapoliciales de la Triple A y de la Juventud Sindical.
El objetivo de la militarización era perseguir la organización combativa que había ganado las elecciones en la UOM local. La gran mayoría de los directivos de la UOM local y de la comisión interna de Acindar fueron detenidos y torturados el mismo día que llegaron las fuerzas represivas. Eran llevados a las sedes de la policía o el ejército, pero también a la misma sede del sindicato de la UOM o a un centro clandestino de detención dentro de la fábrica de Acindar, un lugar conocido como “Albergue de Solteros”.
Al menos 18 personas vinculadas a Acindar fueron asesinadas, 8 se encuentran desaparecidas y 69 estuvieron detenidas y luego fueron liberadas, según relevó la investigación “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad” realizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y el Área de Economía y Tecnología de FLACSO.
