El juez federal Sebastián Casanello, quien se encontraba vinculado a investigar la vinculación del presidente Mauricio Macri con el escándalo de los Panamá Papers, se declaró hoy incompetente en dicha causa por considerar que no existen indicios de lavado de activos sino sospechas de irregularidades tributarias. A partir de esta decisión, el caso ya no tramitará en el fuero federal, pero continuará investigándose en el fuero de instrucción y en el penal económico en caso de que pueda existir algún delito tributario.

En el caso de los Panamá Papers lo que se indagaba era una presunta evasión impositiva a través de sociedades Off Shore que el Presidente integra o integró junto a varios de sus familiares directos, como su padre, el empresario Franco Macri. Ahora el fiscal Federico Delgado podrá apelar para que la causa no pase al fuero Penal Económico. La decisión de Casanello surgió luego de que el Gobierno se negara a requerir a Bahamas, Panamá y Uruguay para que respondan a los exhortos con la información solicitada. Las guaridas fiscales contestaron con datos vagos que no reportaron ningún avance en la pesquisa.

El escándalo de los Panamá Papers explotó durante los primeros meses de 2016 a partir de una investigación internacional encabezada por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, tras recibir un paquete de información clasificada de parte de una fuente anónima vinculada al estudio de abogados con sede en Panamá Mossack Fonseca. Entre dichos documentos se comprobó la participación del por entonces recién asumido presidente Mauricio Macri en por lo menos dos empresas Off Shore, Fleg Trading (radicada en Bahamas) y Kagemusha (con sede en Panamá), en las que participaba como miembro del directorio. Las empresas Off Shore suele ser una máscara legal utilizada para evasión de impuestos y lavado de dinero y de eso se encargaba la investigación que llevaba adelante Casanello. El caso se convirtió en un escándalo internacional y en el principal dolor de cabeza de la joven gestión de Cambiemos. La investigación sobe los Panamá Papers ganó hace una semana un premio Pulitzer en la categoría Periodismo explicativo.

La decisión de Casanello se apoya en el informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), en el cual indica: «no vemos (…) actos concretos que puedan tener virtualidad para configurar la hipótesis prevista» de supuesto lavado de dinero. En el mismo expediente se investigó si Fleg Trading había introducido en el mercado alrededor de 9.5 millones de dólares de origen ilícito para adquirir las acciones de Owners do Brasil que tenía Socma Americana SA. Ante la justicia, Franco Macri, padre del presidente, había dicho a través de un escrito que presentó su abogado Jorge Anzorreguy que el dinero para la compra de las acciones de Owners era suyo.

La UIF había sostenido que «Fleg Trading (Bahamas) había sido dada de baja del registro de Bahamas por falta de mantenimiento desde el año 2008» y que «Kagemusha (Panamá) había sido disuelta por morosidad de diez años consecutivos en el año 2006». La causa se había iniciado a partir de una denuncia del diputado nacional de Frente Para la Victoria Darío Martínez, luego de que salieran a la luz los resultados de la investigación periodística internacional.

Tras la declaración de incompetencia de Casanello, la parte de la investigación que se ocupa de la presunta omisión maliciosa cometida al completar la declaración jurada patrimonial de Macri, Casanello remitió las actuaciones al Juzgado de Instrucción N°20, a cargo de la jueza subrogante Elizabeth Paisan, por conexidad con otra causa que tramita allí por enriquecimiento ilícito cuando Macri era jefe de gobierno porteño. En tanto que la parte que se ocupa del tramo orientado a determinar si la «vida social» de las empresas infringió algún tipo penal y, en ese caso, si Mauricio Macri tuvo que ver con la puesta en movimiento de ese comportamiento societal, remitió a la Cámara en lo Penal Económico a fin de que se sortee el juzgado que deberá investigarla.