La familia de Gerardo Ferreyra (Electroingeniería) acusa al juez y fiscal de haber apretado al empresario, quien se encuentra detenido, para que declarara como arrepentido.
Familiares de Ferreyra, patrocinados por el abogado Eduardo Barcesat, denunciaron a Bonadio y Stornelli por los presuntos delitos de privación ilegal de la libertad, violación de los deberes de funcionarios públicos y abuso de autoridad. Pero el fiscal Eduardo Taiano, el juez Marcelo Martínez de Giorgi, la Cámara Federal y, ahora, la Casación, desestimaron que ambos funcionarios judiciales hubieran cometido esos delitos.
En esta instancia, el máximo tribunal penal del país, con las firmas de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, consideró que Ferreyra “no ha logrado presentar argumentos que permitan conmover las razones concretas y fundadas expuestas en la resolución recurrida”. Así, el tribunal dejó virtualmente firme el rechazo a la denuncia, aunque al empresario constructor y de medios de comunicación le queda aún la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema de Justicia.
Ferreyra –sostiene el fallo- “se ha limitado a alegar su disconformidad, sin invocar cuestiones suficientes que autoricen al menos formalmente a considerar debidamente planteados los agravios de arbitrariedad de la decisión cuestionada, o la errónea aplicación de la ley sustantiva”. Por el contrario: “la conclusión adoptada se presenta como lógica, coherente y fundada, constituyendo la resolución recurrida un acto jurisdiccional válido derivado del análisis lógico y razonado de las constancias de la causa en observancia al principio de la sana crítica racional”.
Los familiares del empresario detenido por la causa de las fotocopias Myriam Kohen, Luis Sebastián Ferreyra y Federico Gonzalo Ferreyra Kohen habían denunciado que “existe un generalizado estado de sospecha sobre la forma en que Bonadio y Stornelli han actuado para dar curso a una causa iniciada con fotocopias de cuadernos inexistentes, sin el debido sorteo legal, garantía de juez natural de la Constitución y de cómo han obtenido relatos incriminantes de imputados considerados ‘colaboradores’, o ‘arrepentidos’, de cuyos dichos no existe soporte técnico que no sea el papel, como han argüido sus autores penalmente responsables, y que no han encontrado, hasta aquí, un gramo del supuesto cuerpo del delito —pago de sobornos—“.
Sin embargo, para los jueces las situaciones denunciadas son “conjeturales y no un obrar que razonablemente concita la investigación penal para determinar su realidad material”.
El tribunal también rechazó un pedido del abogado Barcesat para que la denuncia contra Stornelli y Bonadio fuera remitida al juzgado federal de Dolores, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla.
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