Cambiemos pasó de frenar a los ultras a castigar a Fernández por el recorte de coparticipación a Larreta

El reclamo salarial de policías bonaerenses, y la escalada del conflicto que llegó a las puertas de la residencia presidencial de Olivos, también conmovió a la oposición, y especialmente a los tres socios de Juntos por el Cambio que arrancaron este miércoles con incómidas aclaraciones, para bajarle el tono a las declaraciones de su ala dura, y lo concluyeron alarmados ante la decisión del presidente Alberto Fernández de quitarle un punto de coparticipación federal a la Ciudad de Buenos Aires para constituir un fondo fiscal para la provincia de Buenos Aires. 

El conflicto salarial con los policías provinciales lleva 48 horas y distintas figuras de la alianza opositora recién exhibieron señales públicas de respaldo cuando los uniformados llevaron la protesta a la Quinta de Olivos, donde está el presidente en forma permanente desde el endurecimiento de la cuarentena por la pandemia. El radical Mario Negri, titular del Interbloque de Cambiemos, tuvo que repudiar esa instancia de la protesta, luego de que dos correligionarios de su bloque la habían respaldado sin titubeos, a pesar de la escalada.  El reclamo salarial de la Bonaerense es legítimo y entendible. No se lo puede vincular con una operación política de desestabilización”, sostuvo el porteño Álvaro Lamadrid. 

Su par mendocino, Luis Petri fue más lejos: «Algún funcionario que atienda el reclamo de policías y penitenciarios. La solución debe ser inmediata, la seguridad de los bonaerenses depende de ello», aseguró el legislador cuando los efectivos insubordinados ya habían llevado sus patrullas a la entrada de la Quinta de Olivos.

Ambas declaraciones, según explicaron fuentes parlamentarias a Tiempo,  fueron comunicadas erróneamente por el bloque de diputados de la UCR como una exigencia del partido cuando en realidad se trató de las opiniones de dos de sus diputados.  El impacto de las declaraciones obligaron a otros dirigentes del espacio, como el radical Mario Negri a bajarle el tono: «Es absolutamente inaceptable la reunión de policías armados frente a la quinta de olivos, reclamando mejoras. Deben cesar de inmediato en esa actitud que atenta contra los poderes públicos y el orden constitucional», cerró tajante el cordobés para frenar parte de las expresiones más radicalizadas de su partido que no logran disimular el entusiasmo que les genera asistir a los errores políticos de su adversario político en medio de la pandemia.  

La demora de los mensajes de apoyo son una demostración que los blandos de la coalición opositora prefieren guardar silencio ante situaciones críticas del oficialismo y dejar el avance de los más duros. Esa práctica también es parte de la fisonomía política de Cambiemos afuera del poder y sin el control del Gobierno como ordenador de sus internas. 

El mensaje de Negri fue el primero de una serie de mensajes de respaldo a Fernández y al gobernador Axel Kicillof, que se fueron incrementando con el correr de las horas. El ultimo en ofrendar su apoyo fue el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.  «No es la forma ni el lugar. Es inadmisible la presencia de efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la Quinta Presidencial de Olivos. El reclamo salarial debe ser canalizado en el ámbito que corresponda. El diálogo es el camino», comunicó el alcalde a través de su cuenta de twitter. 

El texto fue compartido luego de las seis de la tarde, cuando la Casa Rosada había confirmado un posible anuncio oficial luego de una reunión de Fernández y Kicillof con intendentes del conurbano bonaerense, convocados de urgencia. Fue la antesala del mensaje en vivo que encabezó el presidente, rodeado por el gobernador, su vice, Verónica Magario, y los caciques municipales del oficialismo y también de la oposición, como el jefe comunal de Vicente López, Jorge Macri y sus pares de Lanús, Néstor Grindetti y Tres de Febrero, Diego Valenzuela entre otros. 

Todos se sentaron en sus sillas y formaron parte del anuncio que pronunció el presidente, de reformular el esquema de coparticipación federal y quitarle uno de los dos puntos que el entonces presidente Mauricio Macri le entregó a la Ciudad en 2016 cuando resolvió la transferencia de las 53 comisarías de la Policía Federal a la órbita porteña.La cifra inicial ronda los 35.000 millones de pesos, pero para el año próximo llega a los 45.000 millones y forma parte del rediseño del esquema de coparticipación que estudia Fernández desde que asumó el poder y que le anticipó a Larreta en distintas oportunidades antes del inicio de la cuarentena. 

En el gobierno porteño se preparan para resistir el ajuste pero saben que el dinero que les giró Macri en 2016 podría ser recortado, aunque ninguno de los funcionarios larreristas se esperaba que la medida se aplicaría sin negociación con la Casa Rosada y en medio de una crisis en ciernes en territorio bonaerense, a partir de una comparación presupuestaria donde los efectivos porteños cobran casi el doble de lo que perciben sus pares bonaerenses, a partir de una escala salarial que, en la Ciudad, fue jerarquizada a partir del traspaso de la Federal que Macri financió con un incremento de 2,1% de la coparticipación. Fernández le quitará la mitad.

Cuando concluyó el anuncio, el alcalde porteño primero mantuvo su silencio, pero poco después comunicó que tomará el guante en las próximas horas. «En un momento de tanta angustia para los bonaerenses, reafirmo mi convicción de que el conflicto debe solucionarse por vías institucionales. Mañana me voy a referir al anuncio del presidente», escribió desde su cuenta de twitter. 

Pero los principales diputados y senadores porteños de Juntos por el Cambio se encargaron de anticipar las criticas a la medida de Fernández. El primer vocero del malestar porteño fue el senador radical Martín Lousteau que la consideró como «una solución política que acreciente la grieta», porque el tema no había sido consultado a ninguna autoridad del gobierno capitalino. El planteo fue repetido por el ex titular del Senado, Federico Pinedo y por la diputada Graciela Ocaña, entre otros, pero con las horas rozó la acusación de engaño, porque tanto Macri, Gridetti como Valenzuela sostuvieron que habían sido invitados a Olivos a participar de una conversación y se enteraron sobre los hechos consumados del recorte de la coparticipación a la capital. 

El desengaño es interpretado en el oficialismo como parte de un libreto, pero en la oposición es considerado como el inicio de una nueva disputa económica en medio de la cuarentena que, según amenazan en Juntos por el Cambio, podría llegar a la Corte Suprema.