Patricia Bullrich, complicada: la IGJ la denunció por financiamiento ilegal en su campaña presidencial

La Inspección General de Justicia (IGJ) concretó la denuncia penal que ya había anunciado días atrás contra el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), la asociación civil que encabeza la presidenta del PRO y precandidata presidencial Patricia Bullrich, por presunto financiamiento ilegal de su campaña política mediante la utilización de los recursos que recauda en materia de supuestos cursos y seminarios y donaciones de privados, entre ellos empresarios y entidades financieras. 

“IEES -pretéritamente denominada Instituto de Estudios Argentinos en Políticas Públicas- fue y continúa siendo utilizada como un medio para obtener recursos y afectarlos indebidamente a la financiación de la campaña política de la línea interna que lidera la Sra. Presidente del PRO¸ empleando para ellos los fondos de propiedad de la entidad civil, extremo expresamente prohibido por legislación aplicable a entidades de bien público”, sostiene la denuncia, de medio centenar de páginas. 

No solo Bullrich

La imputación apunta contra los integrantes de la Comisión Directiva y miembros del Órgano Revisor de Cuentas del IEES: Patricia Bullrich (Presidenta); Martín Siracusa (Secretario); Silvia Turetzky (Tesorera); Guillermo Yanco (pareja de Bullrich), Gerardo Milman, Alberto Föhrig, Gastón Schulmeister, Mariela Budiño, Federico Seattone, Sebastián García Donofrio, Javier Parisow, y Adriana La Forgia (vocales). 

También identifica a Silvia Datsira, Soledad Magallanes, Martín Culado y Julieta Liali, como revisores de cuentas, y a Juan Pablo Arenaza, presidente del partido político Unión por la Libertad (el partido original, por llamarlo de alguna manera, de la precandidata presidencial) y actual jefe de campaña de Bullrich. 

El delito es “la posible apropiación de fondos correspondientes a la IEES y que indirectamente –por intermedio de aquella- han sido utilizados para tomar dinero del público desviando el destino de los fondos de su real titular –la entidad civil referida- y afectándolos a un fin distinto como lo constituye la realización de la campaña proselitista de la señora Bullrich, por el delito previsto y reprimido en y por el artículo 173 inciso. 7 del Código Penal”. 

Esa norma establece penas de un mes a seis años para “casos especiales de defraudación”, como el cometido por “el que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos”. 

La causa quedó registrada con el número 1387/2023 y recayó en el juzgado federal número dos, a cargo de Sebastián Ramos, con intervención del fiscal Carlos Stornelli. 

Meras fachadas

La IGJ, que depende del Ministerio de Justicia y está a cargo del abogado Ricardo Nissen, incluyó en la imputación la “violación de las prohibiciones de percibir aportes establecidas en los artículos 14 y 15, de la Ley Nº 26.215”, de financiamiento de los partidos políticos.

“Para procurar para sí el financiamiento de su propia campaña proselitista empleó los fondos de la entidad civil que no son sino intereses pecuniarios ajenos que están destinados por estatuto y legislación aplicable sólo y únicamente al fin de bien común allí previstos, con fines extra asociacionales. De este modo procuró para sí un lucro indebido puesto que han empleado dineros que no son de su propiedad y que no fueron aportados a partido político alguno para afrontar los gastos de su propia y particular campaña”.

La asociación civil, añade el documento, “fue utilizada como instrumento de financiamiento para actos proselitistas de Campaña de la Sra. Patricia Bullrich, que incluyó –entre otras cuestiones- la adquisición de pasajes y hospedaje para su campaña, el desembolso de honorarios en favor de profesionales dedicados al asesoramiento político y cuyos fondos para tal menester, fueron obtenidos mediante la presunta realización de ‘seminarios y capacitaciones’ que en realidad fueron meras fachadas de encuentros en los cuales se realizaron aportes para la referida campaña electoral de la precandidata a presidenta”.

Quiénes son los aportantes

La IGJ basó su acusación sobre actuaciones propias de sus facultades como entidad de contralor de las asociaciones civiles. Así, llegó a la conclusión de que “por ésta vía de donaciones a la entidad civil que de ningún modo podrían ser aportantes a la campaña de un partido político se ha eludido las prohibiciones de la ley de financiamiento de los partidos políticos”. 

“Así resulta de la propia documental aportada por la entidad civil al sumario base de estas actuaciones donde aparecen como ‘aportantes’ al Instituto nada menos que Casino Melincué y Casino Puerto Santa Fe”. El Banco Galicia “aportó entre agosto y diciembre de 2022 la suma de tres millones y medio de pesos, violando el máximo permitido para el Distrito Capital ($ 3.059.431) previsto y autorizado por la Cámara Nacional Electoral para el año 2023”.

La IGJ afirmó que “de la documentación aportada por el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Social surge inequívocamente que han recibido ‘aportes’ que usaron para la campaña proselitista de la Sra. Bullrich por sumas que exceden ampliamente el monto que, por persona y como máximo, hubieran podido percibir con el mecanismo de control de aportes partidarios”. 

“También han recibido aportes de tal modo ilegítimos para la campaña política de la línea partidaria que preside Bullrich hasta de personas jurídicas prohibidas como  aportantes. En efecto: han recibido aportes por ejemplo de la Cooperativa Empresa Eléctrica Godoy Cruz, persona jurídica que, por imperio de la disposición de la mencionada ley de financiamiento de partidos políticos, no puede ser aportante de campaña”. 

Clientes que son integrantes que son aportantes

Tiempo informó a principios de abril sobre la investigación que había llevado a cabo la IGJ previo a la denuncia judicial. Allí “describió un supuesto mecanismo de recaudación de fondos que le permitió a IEES obtener unos 90 millones de pesos en 2022, parte de los cuales fueron destinados a pagar honorarios a algunos de sus propios miembros e integrantes de su comisión directiva, como por ejemplo el diputado caído en desgracia Gerardo Milman (quien cobró 2.766.170 pesos); el ex secretario de Coordinación, Planeamiento y Formación del Ministerio de Seguridad en la gestión Bullrich, Alberto Fernando Föhrig, (quien percibió 1.590.000) y el economista Martín Siracusa (quien obtuvo 1.400.000). «Los destinatarios de los pagos referenciados no sólo son asociados de IEES sino que son miembros de su comisión directiva», es decir que se pagan a sí mismos, explica el informe.

Entre los principales “clientes” de IEES aparece David Lacroze Ayerza. En abril de 2019, en pleno gobierno de Cambiemos, Tiempo –a través de una nota firmada por Martín Suárez– explicó quién es Lacroze Ayerza, por entonces conocido por haber fotografiado a Cristina Kirchner a bordo de un avión cuando viajaba a Cuba a visitar a su hija Florencia, por entonces convaleciente en la Isla. “Es miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural Argentina; fue presidente de la extinta Junta Nacional de Granos en 1980, durante la última dictadura cívico militar; y consejero de la Asociación Argentina de Productores de Carne. (…) Pero David Lacroze Ayerza es mucho más que un pasado oscuro como funcionario en la última dictadura”. 

En los últimos siete meses de 2022, Lacroze Ayerza aportó al IEES unos tres millones de pesos”, detallaba aquel artículo.