El ex vicepresidente Amado Boudou recuperará la libertad en las próximas horas y quedará cumpliendo parcialmente la pena de cinco años y diez meses de prisión que le dictó un tribunal oral por la «Causa Ciccone».
En voto dividido, las juezas Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliotti consideraron que desaparecieron los riesgos procesales que llevaron al tribunal a ordenar la inmediata detención de Boudou pese a que el fallo está todavía lejos de ser confirmado. El ex funcionario tiene una condena de primera instancia, pero hay todavía dos instancias de apelación: la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema.
Días atrás, el juez federal Ariel Lijo dictó procesamientos en una suerte de «causa Ciccone II», entre ellos el del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y el banquero Jorge Brito. En esa resolución, no hubo necesidad de disponer la prisión preventiva de ellos, lo que significa que no hay «riesgos procesales» de entorpecimiento de la investigación y, menos aún, de profugarse.
Sobre esa base argumental, los abogados Graciana Peñafort y Alejandro Rúa pidieron la excarcelación de Boudou. Y hoy, poco antes de las 15, fueron notificados de la concesión de ese beneficio. El ex vicepresidente será monitoreado con una tobillera electrónica, no podrá salir del país ni ausentarse a más de 100 kilómetros de su domicilio sin autorización del tribunal. Además, ya depositó una fianza de un millón de pesos. Tras el papelerío, Boudou regresará a su domicilio.
El tercer integrante del tribunal, Néstor Costabel, se pronunció en contra de la excarcelación del también ex ministro de Economía.
«Debe evitarse el uso abusivo de la prisión preventiva, no solo porque no se condice con nuestro sistema constitucional y procesal penal, sino porque cuando un examen riguroso de las circunstancias objetivas del caso y personales del imputado no permiten sostener fundadamente que el juzgador se encuentra, haciendo una prognosis razonable, frente a un sujeto que emprenderá la fuga o procurara eludir el accionar de la Justicia, ello genera el riesgo cierto de que su imposición se base en fines cautelares meramente aparentes», sostuvieron las juezas mujeres que terminaron aprobando por mayoría la excarcelación.
Para ello, evaluaron que «cuando se observa la conducta procesal de Amado Boudou en este y en otros procesos penales, no se encuentra la existencia de un riesgo procesal a la altura de lo que la Corte Federal exige, esto es, un riesgo cierto en el caso concreto, fundado en circunstancias objetivas y como única posibilidad de lograr el sometimiento al proceso y la realización de la ley penal sustantiva».
«El dictado de la sentencia de condena no firme no debe operar en forma automática en relación a la valoración de los riesgos procesales, sino antes bien, debe ser ponderado en forma conjunta con otras circunstancias objetivas que denoten peligros de fuga», sostiene el fallo.
La decisión del tribunal no implica la libertad total de Boudou. Si bien son menos lesivas que estar encerrado en una prisión, lo cierto es que sobre el ex vicepresidente pesarán medidas restrictivas para su libertad ambulatoria. Una línea del pensamiento penal considera que mientras ocurra eso, podría considerarse que el condenado sin sentencia firme está cumpliendo (con un régimen morigerado) la pena. En definitiva, ese es un planteo que deberá hacerse en el futuro y ante una eventual confirmación de la condena. Y como se trata de una cuestión de interpretación de las leyes, parece tener inexorable destino de Corte Suprema de Justicia.