La Secretaría de DD HH y el Ministerio Público Fiscal piden que el caso se eleve a juicio oral, tras el fallo de la Corte.
En la formalidad, sólo queda que la Sala IV cumpla lo ordenado por la Corte el 8 de julio pasado y revierta la falta de mérito dictada en 2015. Ese sencillo trámite devolverá la causa al juzgado federal de Jujuy para que comience el proceso de elevación a juicio. Pero hasta el momento la Sala IV no avanzó y el juez Carlos Mahiquesrechazó habilitar la feria judicial para el caso.
“El proceso no admite ninguna dilación más”, sostuvo este miércoles la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación al presentar un pedido de reposición para insistir en que la causa no quede frenada por el receso invernal, que finaliza el 2 de agosto. A este reclamo se sumaron las querellas y el fiscal Marcelo Colombo, quien adhirió y sostuvo que “un reglamento administrativo sobre los asuntos de feria no puede ser invocado para paralizar el trámite de una causa judicial de esta naturaleza”. Pero por el momento no lograron conmover a los camaristas.
La edad de los imputados, Blaquier, a punto de cumplir 94 años, y quien fuera gerente de Ledesma, Alberto Lemos, de 78, hace que cada día perdido se corra el riesgo de que no les llegue la justicia.
Ambos están imputados en dos causas que tienen pedido de elevación a juicio de 2014. Una de ellas es Aredez, donde estaban procesados por haber facilitado las camionetas de la empresa a militares y policías para secuestrar a tres personas, uno de ellos el ex intendente de Libertador General San Martín Luis Aredez. En la otra causa, conocida como Burgos, estaban procesados como partícipes de los secuestros de una veintena de personas durante las noches de los apagones, ocurridas en julio de 1976.
Un efecto irreversible es que en los ocho años que estuvo frenada la causa (dos en Casación y otros 6 en la Corte Suprema), los dos empresarios quedaron fuera del juicio oral en el que son juzgados el resto de los imputados. El debate comenzó hace más de 3 años y finalmente en las próximas semanas se realizarán las inspecciones oculares a los centros clandestinos de detención, las últimas de las pruebas para finalizarlo y que no habían podido hacerse por la pandemia.
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