La lawfare –como se le dice a la judicialización de la política– fue concebida como un mecanismo de relojería. Pero basta apenas una falla en alguno de sus engranajes para convertir a sus hacedores en protagonistas de una embarazosa comedia de enredos. El caso D’Alessio-Stornelli así lo demuestra.

Si su operatoria se cifra en la Triple Alianza entre el Poder Judicial, los servicios de inteligencia y la prensa más importante del país, lo cierto es que la denuncia del empresario Pedro Etchebest (difundida por Horacio Verbitsky en su portal El Cohete a la Luna con elocuentes audios, capturas de WathsApp y videos) puso en vilo a tales corporaciones. Esa explosión hizo que todos sus actores (y allegados) se sacudieran como monigotes.

Tanto es así que el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien instruye tal causa, se vio bombardeado por pedidos de colegas del edificio de Comodoro Py que reclaman copias del expediente. Mueren por saber qué es lo que hay, además de lo que ya se conoció. No menos notable fue el presuroso salvataje urdido por el columnista del diario La Nación, Joaquín Morales Solá, y Elisa Carrió con escuchas ilegales (lo cual supone la admisión de otro delito) para instalar la idea de un complot articulado en la cárcel por ex funcionarios kirchneristas. Ni la tardía denuncia de Carlos Stornelli contra su presunto alfil, el pintoresco traficante de influencias Marcelo D’Alessio. Ni el desesperado intento de éste por despegar a su mandante (y así poner al resguardo su propio pellejo) con el blanqueo de un secreto de Estado: la pertenencia a la AFI de un viejo pájaro de cuentas, el ex comisario bonaerense, Aníbal Degastaldi, además de nombrar a otro exonerado de esa mazorca, Ricardo Bogoliuk. En tanto, una nueva denuncia por extorsión, realizada esta vez por Raúl Barreiro (hijo de Ricardo Barreiro, un hombre cercano a los Kirchner que estuvo preso en la causa de las fotocopias) oscurecía aún más la situación de esa vidriosa dupla, involucrando en dicha maniobra a otro conocido personaje, el abogado y ex juez vinculado a la vieja SIDE, Fernando Archimbal.

Estas son apenas algunas de las delicias propiciadas en esta trama por el lado salvaje de la lawfare. Pero en medio de semejante alud de contratiempos, nada fue más significativo (y abarcador) que la columna «Netflix no lo podría hacer tan bien», publicada el 12 de febrero en el diario Clarín por su editor general, Ricardo Roa. Bien vale refrescar un fragmento: «Si Netflix decidiera emitir esta historia, debería incluir a otro personaje clave y sin rostro para la mayoría: Mario Montoto. Amigo de Stornelli y de D’Alessio, Montoto es otro ex militante devenido en empresario millonario gracias al Estado (…) El salto lo pegó con el kirchnerismo; fue alter ego de Scioli en cuestiones de seguridad en Buenos Aires y Stornelli fue el primer ministro de Seguridad de Scioli. Les vendió cámaras y armas. También le vendió al macrismo las cámaras para la Ciudad y ahora el anillo digital con tecnología israelí. Y a la ministra Bullrich lanchas para la Prefectura”.

El influyente Roa no es arbitrario al sumar a Montoto en este culebrón. Entre los detalles del expediente de Ramos Padilla está el audio de un diálogo entre Etchebest y D’Alessio, en el cual le cuenta que trabaja en el Ministerio de Seguridad a cambio de 200 mil pesos mensuales. El denunciante entonces pregunta si fue contratado por Patricia Bullrich. La respuesta fue: «No, el que me hizo entrar fue Mario Montoto». El presunto extorsionador se define como amigo de Montoto. Y dice que es «el dueño de todas las cámaras de seguridad que hay en Argentina, socio de Hadad y tiene el 50% de Infobae». Después, con énfasis, añade: «A su pedido lo metimos a Sergio Taselli en el asunto de los cuadernos. No tenía un porongo que ver. Pero se pasó dos meses en cana». Y remata la infidencia con una risita maliciosa. Se sabe que Taselli había sido socio de Montoto y entre ellos habría quedado un encono.

Poco proclive a incurrir en actos fallidos, ¿cuál habrá sido la intención de Roa al exponer la amistad de Montoto con Stornelli, sin soslayar el cargo ministerial de éste con Scioli, y vinculando aquella circunstancia con la figura en la sombra de Montoto? ¿Acaso el affaire de las extorsiones derivó en una puja comercial que recién ahora empieza a salir a la luz?

Más allá de eso, es sorprendente que un fabulador jactancioso y bocón como D’Alessio haya sido el sepulturero del bajo perfil cultivado por Montoto con empeño casi religioso a lo largo de toda su existencia.

Pero su capacidad de daño es aún difícil de evaluar.

Otra de sus indiscreciones grabadas traza la siguiente estimación: «El fiscal y el juez (Claudio Bonadio) están preparados para irse en unos años con fortunas de 20 a 50 millones de dólares».

La pregunta es: ¿A cuántos centímetros se encuentra Bonadio de quedar imputado en esta causa? Tal interrogante recorre los pasillos de Comodoro Py como un fantasma apenas disimulado. Un interrogante asociado a otra duda: ¿De qué manera incidiría su posible debacle en otros expedientes labrados por él?

Cabe en este punto poner sobre el mesa una coincidencia: en la segunda semana de enero, mientras Ramos Padilla iniciaba su pesquisa, se produjo –tal como consignó Tiempo el 3 de febrero– la comunicación del presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkranz, con el titular de la AMIA, Agustín Zbar, para anticiparle el posible desplome de la causa por el Memorándum con Irán, otra gran batalla de Bonadio

¿Acaso la denuncia contra Stornelli ya había llegado a sus oídos? «