Avruj retiró la querella en causa que investiga crímenes de lesa humanidad

El Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, retiró la co-querella de la causa contra Alejandro Reynal, ex vicepresidente del Banco Central y partícipe civil de la última dictadura cívico-militar. De esta manera dejó de acompañar al otro querellante en la causa, Eduardo Saiegh, quien denunció haber sido detenido sin orden judicial por la División Bancos de la Policía Federal, el 31 de octubre de 1980 y que permaneció en cautiverio durante siete días. Durante esa semana, Saiegh fue víctima de torturas hasta su liberación, el 6 de noviembre.

“El gobierno de Mauricio Macri confirmó que la Memoria, la Verdad y la Justicia no serán más políticas de Estado”, expresaron desde H.I.J.O.S. Capital en diálogo con Tiempo. Es que según sostuvieron desde la agrupación de derechos humanos, “con esta medida, el Estado deja de acompañar a una víctima y da un claro mensaje a favor de la impunidad para los partícipes civiles del terrorismo de Estado”.

Además, desde H.I.J.O.S Capital agregaron que esta decisión gubernamental reviste gravedad debido a que en la causa se investigan los vuelos de la muerte. Es que según se desprendió del testimonio de Saiegh en la denuncia, los cómplices civiles de la dictadura buscaban hacerse de la empresa Austral, cuyo principal acreedor era el Banco Latinoamericano de Inversión fundado por él en 1975. “En las pruebas consta información que abre investigaciones sobre los vuelos de la muerte, uno de los hechos más siniestros del terrorismo de Estado”, contaron.

“Con este retroceso, ¿qué podemos esperar del secretario Claudio Avruj con respecto a las querellas presentadas en las causas por Papel Prensa, Ford y otras? Si retiró la querella de la Secretaría en una causa en la que está involucrada la familia Braun, ¿qué hará con las causas en las que está involucrado Magnetto?”, se preguntaron en H.I.J.O.S Capital al tiempo que ratificaron que “la denuncia contra Reynal continuará con la querella particular de Saiegh y la acusación de la fiscalía”.

No es novedad que el gobierno de Macri busca desmantelar la política de Derechos Humanos. Es que a las declaraciones del miércoles –en las que el presidente se refirió a la dictadura como una “guerra sucia” y le restó importancia al número de desaparecidos entre 1976 y 1983– se suma una larga lista de acciones de las cuales Tiempo dio cuenta en su edición del pasado 24 de marzo. Por ejemplo, la administración PRO desarticuló con despidos masivos y desmantelamientos áreas clave para la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia en varios ministerios que aportaban al esclarecimiento de los delitos de la última dictadura. Tales son los casos de la propia Secretaría de Derechos Humanos que vio afectadas por despidos a áreas como el Archivo Nacional de la Memoria, la Dirección Nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad (DNGV) y el Centro Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa”. Además, el Programa Verdad y Justicia, creado en el Ministerio de Justicia tras la desaparición de Jorge Julio López para procurar seguridad a testigos y víctimas, pasó a la órbita de la Secretaría con un ajuste en el número de trabajadores en el camino. Los despidos también alcanzaron a la Dirección Nacional de Derechos Humanos en el Ministerio de Seguridad.

“Hacemos una lectura política de los despidos porque están echando compañeros que trabajaron 12 años. Tiene que ver por un lado con la persecución ideológica y por otro con una política de achicamiento”, había dicho a Tiempo Romina Chiesa, delegada de ATE Capital en la Secretaría de Derechos Humanos. Desde la asunción de Avruj, se pidió a los abogados que “desadjetiven” sus intervenciones para quitarle carga política a escritos y alegatos. La “nueva etapa” consiste, entre otras cosas, en llamar imputados a los asesinos.

Además, días después de la victoria de Macri en el balotaje comenzaron a escucharse las primeras llamadas a la Secretaria de Derechos Humanos que llevaban mensajes tales como: “Ya cambió el gobierno y yo sigo detenido”. El reclamo casi cotidiano por carta o teléfono era la prisión domiciliaria o lo que justamente ocurrió durante las últimas horas: el retiro de la Secretaría como querellante.

Los delitos cometidos durante el Terrorismo de Estado no sólo estuvieron vinculados a hechos represivos. Por eso en 2011 se creó la Oficina de Derechos Humanos en la Comisión Nacional de Valores y, en 2014, una subgerencia de Promoción de los Derechos Humanos en el Banco Central para investigar los delitos económicos, material que también fue aportado a la Justicia. Con su llegada a la dirección del BCRA, Federico Sturzenegger ordenó a la Consultora PSM una auditoría al área que terminó por obturar la investigación de delitos económicos y, después de formalizar cinco despidos, rebautizó a la dependencia como Subgerencia de Ética y Compliance (cumplimiento en inglés). En la CNV, el área se desarticuló, pero sus trabajadores fueron reubicados.

La agencia del Ministerio de Justicia Infojus tampoco se salvó del “cambio” en el mismo sentido. Fueron despedidos decenas de trabajadores que en su mayoría se encargaban de la cobertura de los juicios por delitos de lesa humanidad. A eso se sumó que se eliminaron de la Web más de 10 mil notas, muchas de las cuales hacían referencia a esta temática.

Luciano Arruga fue visto por última vez en la madrugada del sábado 31 de enero de 2009. Desde entonces y hasta el 17 de octubre de 2014 estuvo desaparecido. Su cadáver había sido enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita y durante más de cinco años su familia había peregrinado por la Justicia para dar con su paradero. Todo cambió a partir del pedido de hábeas corpus. “El hallazgo fue posible porque aplicamos una metodología que veníamos trabajando para la dictadura para un caso del presente”, destaca Federman, a cargo de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad en ese momento. Ellos fueron convocados a una comisión interinstitucional que se conformó ad hoc y allí propusieron utilizar el mecanismo de identificación de cadáveres NN que habían desarrollado junto con el EAAF para los casos de desapariciones. Se trataba de emplear el Sistema Automático de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS) del Ministerio con los registros de las personas desaparecidas. Se corrió una búsqueda con la información de Luciano y en menos de 24 horas se dio con su paradero. Sin embargo, la Dirección que contribuyó a su hallazgo también fue disuelta por el Poder Ejecutivo.

“A ocho meses de iniciado el Gobierno de Mauricio Macri, hay muchos retrocesos en nuestro país. Particularmente, en lo que respecta a la Memoria, la Verdad y la Justicia encontramos un profundo desprecio oficial por la lucha de los organismos de derechos humanos, un desinterés por terminar con lo que queda de impunidad para los genocidas, una ausencia sistemática de respuesta sobre cómo van a buscar y encontrar a los nietos y nietas de las Abuelas, y lo mismo sobre los cuerpos de los miles de desaparecidos. En tiempos en los que los golpistas participan en actos oficiales, el Poder Judicial dicta fallos de impunidad, las Madres de Plaza de Mayo son perseguidas, Milagro Sala lleva más de 200 días como presa política, el Gobierno amolda un país de hambre, desocupación e injusticia social”, expresaron desde H.I.J.O.S. Capital. Y cerraron: “No vamos a permitir ni un paso atrás. Para los genocidas y partícipes: cárcel común, perpetua y efectiva. Ni olvido ni perdón”.