Bajo la falacia de un plan para aquellos que no tienen cobertura se monta la estructura para restringir el acceso a los hospitales a buena parte de la población. La frase que repetirán funcionarios y medios adictos es: “Un ambicioso plan que les permitiría a unos 15 millones de personas que carecen actualmente de servicio médico recibir atención en el sistema público o en las obras sociales sindicales”. Claro que para instalar el mensaje los funcionarios y comunicadores de turno deben obviar que en Argentina la salud ya es pública, gratuita y universal.

En ese marco, se llevará a cabo la primera reunión formal entre la CGT y los hombres del Ministerio de Salud se dará, pero las charlas informales llevan por lo menos un año.  

El ministro de Salud, Jorge Lemus, recibirá este lunes a los sindicalistas José Luis Lingeri (AySA) y Carlos Frigerio (cerveceros), los dos dirigentes que designó el consejo directivo de la CGT para monitorear las gestiones vinculadas a las obras sociales. Participarán del encuentro Sandro Taricco, flamante jefe de la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), el organismo que administra los millones de pesos de las obras sociales, y María Cecilia Loccisano, la esposa del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que se desempeña como subsecretaria de Coordinación Administrativa de la cartera de Salud.

La historia que escribe hoy su primera página formal comenzó el 2 de agosto del año pasado, en un acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada, cuando Macri anunció ante la cúpula de la CGT el reintegro del dinero del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) a los sindicatos. Se trató de casi $ 30 mil millones que se acumularon durante el kirchnerismo. Ese anuncio fue el primer paso para la construcción de la relación entre CGT y Gobierno.

De los casi 30 mil millones, 2704 ya se pagaron en efectivo a los gremios por deudas retrasadas; $ 14.267 irán a los sindicatos en bonos del tesoro 2020, cuyos intereses se pagarían de manera trimestral; $ 4500 están aún congelados y serían para un fondo de emergencia ante una catástrofe natural o epidemia, y unos $ 8000 serán destinados para la cobertura universal de salud.

La CGT acompaña con agrado la iniciativa, no sólo por la relación que tejió con el gobierno sino que, al mismo tiempo, se trabaja en conjunto sobre el proyecto de ley que bajo el título “agencia de evaluación tecnológica de la salud” busca restringir el acceso a los medicamentos y tratamientos  más costosos.