Avanza hacia el juicio oral la causa de Bonadio contra más de 40 intendentes por la gestión de residuos

Por: Néstor Espósito

Ex mandatarios pidieron la nulidad del expediente pero la Cámara Federal porteña lo rechazó. Se encuentran acusados junto a tres ex jefes de Gabinete nacionales por el presunto desvío de fondos en el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.

La Cámara Federal porteña ratificó el juicio oral contra más de 40 intendentes y ex intendentes de todo el país y tres ex jefes de gabinete por una presunta defraudación de unos 600 millones de pesos con el programa GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos) durante el gobierno 2003 – 2015.

El tribunal rechazó un planeo de cuatro ex intendentes: Francisco Durañona (San Antonio de Areco), ambos de la provincia de Buenos Aires; Francisco Aurelio Iribarren (Florentino Ameghino), Juan Enrique Orellana (Famaillá, Tucumán) y Julio Ernesto Castro (Añatuya, Santiago del Estero).

Los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia rechazaron el pedido de “nulidad” de la elevación a juicio oral, por afectaciones a varias  garantías constitucionales, entre ellas la intervención del fallecido juez federal Claudio Bonadio.

Los intendentes sostuvieron que no debió haber intervenido Bonadio sino las respectivas justicias provinciales, pero la Cámara refutó que “eran funcionaros federales quienes, en infracción de los deberes a su cargo, habían facilitado la irregular transferencia de sumas de dinero que, a la par de no haber sido aplicadas para la ejecución de las obras comprometidas, se habrían desviado hacia fines que a la fecha resultan desconocidos”.

La intervención de funcionarios federales apunta especialmente a tres ex jefes de Gabinete: Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina.

Los intendentes plantearon también la nulidad de la elevación a juicio por “inexistencia de delito”, pero los camaristas también descartaron que tal situación sea evidente y, en todo caso, eso deberá resolverse en el juicio oral.

La acusación del fiscal Carlos Rívolo sostiene que el GIRSU previa el aporte de dinero por parte del Estado Nacional para que un centenar de municipios desarrollaran sus programas de tratamientos de residuos sólidos.

Para el fiscal, el programa fue utilizado para «disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo del desarrollo de las políticas ambientales estatales».

En la lista de intendentes camino a juicio aparecen también Francisco «Barba» Gutiérrez (ex intendente de Quilmes); Ricardo Curetti (ex de Patagones); Marta Medici (ex de Alberti); Gustavo Walker (Pila); Héctor Olivera (Tordillo); Diana Argüello (Lobería); Ricardo Casi (Colón) y Marcelo Racciatti (Lezama), entre otros.

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