El envío de armas a Bolivia para apoyar al golpe de Estado contra Evo Morales fue decidido en una frenética jornada de reuniones en la Casa de Gobierno el 12 de noviembre de 2019. De la decisión participaron el ex presidente Mauricio Macri; su jefe de Gabinete, Marco Peña, y su secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; sus colaboradores Gerardo Milman y Eugenio Burzaco; el titular de Gendarmería, Gerardo Otero; toda la plana mayor de las fuerzas federales de seguridad y muchos otros funcionarios, civiles y de fuerzas de seguridad, de segundo nivel jerárquico.
Así se desprende de la ampliación de denuncia que formuló hoy el gobierno, en un expediente que todavía no tiene juez, puesto que los magistrados del fuero Penal Económico Alejandro Catania y Javier López Biscayart no aceptaron hacerse cargo de la investigación.
Evo Morales fue derrocado el 10 de noviembre de 2019. Según la cronología que incorpora la denuncia, al día siguiente la Argentina resolvió enviar a gendarmes del grupo de elite Alacrán para custodiar la embajada, con su respectivo armamento.
Pero algo pasó en el ínterin porque al día siguiente, el 11 de noviembre, la Casa de Gobierno fue un hervidero.
A las 9:50 se reunieron Macri, Peña y Pompeo; a las 10:42 se sumó Faurie, quien se retiró y, al rato, a las 11:39, llegaron Bullrich y Milman. A las 12:25 arribaron a la sede de gobierno los jefes de todas las fuerzas de seguridad federales: Gendarmería, Gerardo Otero; Néstor Roncaglia (Policía Federal), Eduardo Scarzello (Prefectura) y Alejandro Itzcovich Griot (Policía de Seguridad Aeroportuaria). Un rato después, a las 12.51, llegó el ayudante de Órdenes de Otero y apenas 15 minutos después, a las 13:06, salió el pedido para ampliar la carga que iban a llevar los Alacranes a Bolivia. Esa noche todo viajó al país que acababa de sufrir un golpe de Estado: los gendarmes de elite con sus armas y también 70.000 cartuchos calibres 12/70 AT; 100 spray de gas lacrimógeno; 61 granadas de mano gas de hostigamiento CN; 160 granadas de mano CS; y 360 granadas de mano HC. Gran parte de ese material bélico está hoy en los depósitos de las fuerzas de seguridad boliviana.
La fecha en que ocurrió todo no es casual. “El 12 de noviembre fue el día en que se confirmó que Jeanine Áñez tomaría ilegítimamente el poder en Bolivia. Y ese día, a primera hora de la mañana, se reunió Faurie con Mauricio Macri. Unas horas después de esa reunión, Macri, Bullrich y Peña ordenaban ampliar el listado de armamento a enviar, incluyendo la parte del material que luego sería contrabandeado”, sostiene la ampliación de la denuncia.
En el texto aparecen algunos personajes que hasta ahora ocupaban roles secundarios o, directamente, no aparecían.
Pompeo, Milman, Eugenio Burzaco (Secretario de Seguridad), Darío Oroquieta (Subsecretario de Políticas de Seguridad e Intervención Federal).
Todos, según la denuncia, participaron en las reuniones en las que se decidió el envío de armas a los golpistas bolivianos.
Pero hubo también quienes, según la denuncia, ejecutaron las acciones ordenadas por los funcionarios de alto rango. Ramón Domínguez, Ayudante de Órdenes del Jefe de Gendarmería, ingresó a la Casa Rosada poco antes de las 13. Fue él quien –de acuerdo con la documentación presentada- se encargó de la logística del envío.
La ampliación de la denuncia fue firmada por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y el ministro de Justicia, Martín Soria.
