AMIA: tras exculpar a los fiscales, el gobierno busca salvar a Palacios

La maniobra se concretó el jueves, en la reanudación del juicio, cuando el abogado de la querella que representa al gobierno desistió de pedir penas para los fiscales. El giro mortificó a los familiares, pero no los sorprendió. «Hace rato que nos quedó claro que los intereses del gobierno nada tienen que ver con la verdad y la justicia», expresó la agrupación Memoria Activa. Sus sospechas, por cierto, tienen sustento. 

El escándalo comenzó a gestarse hace meses, pero detonó 24 horas antes del alegato. El miércoles, el radical Mario Cimadevilla, titular de la Unidad Especial AMIA, envió al Ministerio de Justicia un informe indicando cuál sería la posición oficial. En el texto, el funcionario consideró «inexorable» continuar con la línea impulsada por la fiscalía, que había pedido penas de ocho años contra Mullen y Barbaccia por los delitos de peculado, coacción y privación ilegítima de la libertad.

La movida de Cimadevilla buscó neutralizar otra que había impulsado su jefe, el ministro Germán Garavano, quien lleva tiempo operando en favor de los fiscales imputados. Los familiares percibieron el primer indicio durante la audiencia del 29 de agosto. Ese día declaró como testigo Alan Martín Nessi, un abogado que se desempeñó como secretario en la fiscalía de Mullen y Barbaccia. Como se esperaba, el joven letrado testificó en línea a la defensa de sus exjefes.

Nessi preside Unidos por la Justicia, una ONG cofundada por el ministro Garavano. La fundación acumuló varios escándalos por presunto tráfico de influencias en los tribunales porteños y denuncias por manejos económicos incompatibles con una ONG que se declara «sin fines de lucro». La fundación cobijó a buena parte de los empleados de Mullen y Barbaccia cuando los fiscales cayeron en desgracia.

La segunda evidencia llegó en forma de bochorno. Fue durante la sesión en la que debía declarar Claudio Lifschitz, el ex prosecretario del exjuez –y también imputado– Juan José Galeano. Considerado por la querella como un «testigo clave» por haber presenciado las maniobras que sustentan la acusación de encubrimiento. Pero la defensa de los exfiscales Mullen y Barbaccia se opuso a que Lifschitz prestara testimonio, argumentando razones procesales. Familiares y víctimas advirtieron que la maniobra pretendía evitar una declaración sensible. La abogada Mariana Stilman, por entonces apoderada de la Unidad Especial, también iba a elevar su protesta, pero su colega Miguel Inchausti le disputó el micrófono. La razón de ese forcejeo: el letrado oficial quería apoyar el planteo de la defensa de Mullen y Barbaccia. Los presentes escucharon nítido cuando Stilman le dijo a su coequiper: «En ese caso, decilo vos».

El escándalo provocó la renuncia de Stilman como apoderada. En su lugar quedó Enrique Ventos, quien  el jueves debía dar el primer tramo de su alegato, donde inculparía a Mullen y Barbaccia. Pero la fulminante maniobra de Garavano lo dejó fuera de juego. 

Por orden del ministro, el secretario de Justicia, Santiago Otamendi, envió un mail a Cimadevilla para que revocara el poder de Ventos y ungiera como apoderado a Jorge Console, un abogado de íntimos lazos con el PRO. Tanto que ocupa el cargo de secretario del Tribunal de Disciplina de Boca Juniors, el club que preside Daniel Angelici, operador judicial dilecto del macrismo.

«No se ha podido arribar a una plena convicción de su participación en los hechos», sostuvo finalmente el abogado Console, para regocijo del ministro, quien justificó su accionar mediante un comunicado en el que sostuvo que el alegato representó a la «postura mayoritaria» dentro del equipo de letrados de la Unidad.

«El alegato que Garavano quiere que presenten NO es el acordado por la mayoría de los abogados de la querella», refutaron desde Memoria Activa. También desmintió al ministro la abogada Stilman, a través de un tuit: «Es mentira que las conclusiones que dice haber presentado Console son las conclusiones de la mayoría del equipo». Cimadevilla, por su parte, guardó silencio.

Esta semana, Console debería dar el segundo tramo de su alegato. Según adelantó Garavano, allí el gobierno evitará acusar al excomisario Jorge «Fino» Palacios, otro de los imputados en la causa. La larga relación entre Palacios y el macrismo es pródiga en escándalos: primer jefe de la Policía Metropolitana, el comisario debió renunciar cuando se destapó el accionar de una supuesta red de espionaje paraestatal en la Ciudad.

En su momento, cuando estalló el escándalo de las escuchas, el propio Macri reconoció que a Palacios se lo habían recomendado «Estados Unidos e Israel», cuyos servicios de inteligencia regaron la causa de supuestas pistas que condujeron hacia la presunta responsabilidad del régimen iraní en el atentado.

Si quedaba alguna duda, el propio ministerio aclaró en su comunicado que actuará con Palacios del mismo modo que lo hizo con los fiscales. «De esta manera –detalló–, la querella formulará cargos a Carlos Menem, Hugo Anzorreguy, Juan José Galeano, Carlos Telleldín, Juan Anchezar, Patricio Pfinen, Ana Boragni, Víctor Stinfale, Carlos Castañeda y Rubén Beraja. No solicitando pena en relación a los exfiscales Mullen y Barbaccia, y Jorge Palacios, por considerar que no son suficientes los elementos probatorios existentes. En relación con este último, se seguirá el criterio de la fiscalía», indicó Justicia. En efecto, en su alegato el ministerio público también desistió de acusar al policía.

Además de los vínculos personales, existen razones políticas –y geopolíticas– que explican las acciones del gobierno. A Mullen, Barbaccia, Palacios y el resto de los imputados se los acusa de haber manipulado la investigación para inculpar a un grupo de policías bonaerenses –finalmente exonerados– como autores «locales» de un plan urdido por la República de Irán. Así las cosas, la exoneración oficial busca evitar que una eventual condena por encubrimiento contra los responsables de la investigación del atentado ponga en duda la imputación contra los jerarcas iraníes imputados.

Lo admitió la propia AMIA el viernes, a través de un comunicado en el que calificó «como un acto valioso por parte del Ministerio de Justicia que haya retirado las acusaciones» contra los exfiscales que dieron los fundamentos para ejecutar «las órdenes de captura internacional dictadas por Interpol contra los ciudadanos iraníes imputados». Esas órdenes de captura, y las consiguientes «alertas rojas», sirven de base a la exótica acusación por «traición a la patria» que usó el juez Claudio Bonadio para dictar la prisión preventiva de la ex presidenta Cristina Kirchner y sus funcionarios Héctor Timerman y Carlos Zannini. Una causa de rasgos políticos que, como ocurrió en 2017, el gobierno proyecta explotar también en el próximo año electoral. «