Alega la defensa de De Vido

La defensa del ex ministro de Planificación Julio De Vido tiene todo listo para demoler desde este lunes la acusación que elaboraron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en la causa por la obra pública de Santa Cruz entre 2003 y 2015. Un esquema argumental apuntado a desmentir punto por punto las más de 80 horas que dedicaron los fiscales para formular su imputación. 

La primera semana de exposición de las defensas fue pródiga en refutaciones, a punto tal que ninguno de los tres abogados que alegaron precisó más de tres horas para desnudar la endeblez de las acusaciones contra sus defendidos. 

Ninguno de ellos contó con la difusión mediática, casi en cadena, que acompañó a los fiscales durante tres semanas.

Los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro arrancarán mañana a las 9.30 con un alegato que les insumirá al menos dos jornadas. 

Tendrá tres ejes centrales. Por un lado, dirán que no hubo prueba en contra  y en cambio sí hubo prueba de “descargo” que los fiscales omitieron, ignoraron o directamente ocultaron.

La principal razón por la que pedirán la absolución de De Vido es, curiosamente, un arma que los fiscales reinterpretaron para hacerle decir lo contrario de lo que arrojan sus conclusiones. Cuando al inicio del gobierno de Mauricio Macri desembarcó en Vialidad Nacional Javier Iguacel lo primero que hizo fue ordenar una auditoría de la obra pública en Santa Cruz. En ninguna otra provincia. Sólo en Santa Cruz. En 15 días corridos y sin control de ninguna naturaleza, los peritos recorrieron más de 6.500 kilómetros de rutas construidas por las empresas de Lázaro Báez y concluyeron que no había irregularidades significativas. 

Rusconi y Palmeiro se apoyarán sobre ese peritaje, que –según consideran- “destroza” la acusación de Luciani y Mola. Los fiscales dijeron durante su alegato que los peritos designados por Iguacel no habían tenido tiempo suficiente para auditar bien. Responsabilidad de Iguacel, en todo caso. Pero igualmente utilizaron el reporte para acusar. 

La defensa de De Vido calificará como “fantasía” al relato de los fiscales, quienes durante las nueve jornadas del alegato citaron declaraciones de decenas de testigos. Ninguno situó a De Vido manipulando o direccionando la adjudicación de una obra. 

El tercer eje será una contradicción inexplicable. Al acusar, lo hicieron por asociación ilícita y administración fraudulenta. Parece un silogismo obvio, tautológico: para administrar fraudulentamente primero hay que tener la capacidad y el dominio de la administración. La defensa de De Vido dirá que el ex ministro no la tenía; quienes sí la tenían eran  (siguen siendo) los jefes de Gabinete, a quienes los fiscales renunciaron expresamente a involucrar en la maniobra que describen, pese a que son ellos quienes tienen esa misión. Así lo establece la Ley de Administración Financiera.

Rusconi y Palmeiro sostienen que no hubo delito, entonces no puede haber acusación contra los jefes de Gabinete. Pero si los fiscales creen lo contrario, entonces jamás podían saltearse a los encargados de la administración. ¿Por qué lo hicieron? La única explicación posible es que la presencia de los jefes de gabinete les “estorbaba” para acusar a Cristina Fernández de Kirchner. 

Los fiscales invocaron para defender a la cuestionada figura de la asociación ilícita el “Fallo Stancanelli” de la Corte Suprema de 2001. Ese fallo fue el que utilizó el máximo tribunal para disponer la libertad de Carlos Menem, preso por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia. El Fallo Stancanelli sostiene, en prieta síntesis, que un gobierno elegido democráticamente no puede ser una asociación ilícita. 

En cambio, un gobierno que se constituye en tal asaltando el poder, que utiliza una estructura militar para usurparlo y una vez instalado comete todo tipo de delitos, desde económicos hasta de lesa humanidad, sí parece a priori una asociación ilícita. Sin embargo, los comandantes de la dictadura no fueron condenados por ese delito. Hace algunos días, el fiscal adjunto de aquel juicio, Luis Moreno Ocampo, no supo qué contestar cuando le preguntaron por qué a los dictadores no se los condenó por asociación ilícita y a Cristina Kirchner sí se le podría aplicar esa figura.

Luciani cumplirá 50 años en octubre próximo. Sergio Mola es casi cuatro años mayor. Ambos vivieron la transición democrática, el menemismo, la crisis del 2001, dos hiperinflaciones, tres cambios de moneda, la quita de nueve ceros al peso, los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA.  Luciani trabajaba en el juzgado de Juan José Galeano cuando el juez y la SIDE le pagaron 400 mil dólares a Carlos Telleldín para que involucrara falsamente a los policías bonaerenses en la voladura de la mutual judía. Pese a que ocurrió frente a sus narices, el hombre que hoy dice que la vicepresidenta no podía desconocer lo que pasaba en su gobierno nunca denunció aquel escandaloso pago ilegal que dejó a varios inocentes durante una década y más injustamente presos. 

La vara miope se posesionó del cuerpo y el alma de un autoproclamado paladín de la justicia para quien no hay exorcismo judicial posible. Probablemente tampoco redención.