Lo denuncia el letrado detenido días atrás por defender a manifestantes. El manejo del gobernador a los jueces y el Tercer Malón de la Paz que llega el martes a CABA. La pata judicial, clave en el Estado de Excepción jujeño.
“Tenemos un solo problema con muchas consecuencias. Acá hay un virus, el señor Morales, que se acaparó de la Justica de Jujuy. Si nos preocupamos de los síntomas y dejamos de lado a Morales, que conduce el Poder Judicial de modo omnímodo y absoluto, estamos en problemas”, explica Nallar.
No es fácil comunicarse con él. Su celular fue confiscado tras su detención el 13 de julio. Se encontraba en su escritorio cuando llegaron policías de civil. Lo llevaron al Penal de Gorriti, donde funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar. Quien libró la orden fue el juez Rodolfo Fernández, a pedido del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy. Está imputado por los delitos de sedición, incitación a la rebelión y a la violencia.
Pero Nallar insiste en que su caso es una anécdota, que lo que intenta el precandidato a vice de Horacio Rodríguez Larreta (JxC) es desviar el foco del conflicto. Y describe un sistema judicial cooptado por el gobernador: «No tenemos adónde quejarnos los que somos avasallados por Morales, y a su vez él goza de impunidad absoluta porque no hay poder judicial que lo persiga; todo lo que acá nos ocurre, los negocios con el litio y con la marihuana, el atropellamiento del pueblo, que le sacaron un ojo a un chico, que a mí me detuvieron, que la mantienen detenida a Milagro Sala, todo es consecuencia de la misma causa. Morales quiere que hablemos de la anécdota, yo soy la anécdota. Así dejamos de hablar de él. Esto que digo no es una consigna, es un proceso y tiene nombres y apellidos. Hubo más de cien detenidos por orden de la justicia; pero el problema no es de los jueces que mandaron a detener sino del que les impartió la orden”.
Nallar es abogado especializado en Derecho Administrativo y ha brindado asesoramiento jurídico a las comunidades originarias y grupos de campesinos que intentan defender su territorio de la amenaza de los negocios oficiales: “Las comunidades defienden su derecho ancestral a mantenerse en sus territorios y evitar el saqueo de los recursos naturales, como con el litio”. Explica que el armado de causas y las sentencias son “absolutamente primitivas”.
El encierro no lo siente solo Nallar. Aunque él lo pone en palabras: «¿Adónde vamos a ir a plantear la inconstitucionalidad o la nulidad de la nueva constitución? ¿Adónde vamos a ir a denunciar los delitos de privación ilegal de la libertad? Seguimos hablando si el artículo 74 viola o no los derechos de las comunidades originarias… el problema es que no tenemos justicia donde plantear todo esto«.
Jujuy es también el ensayo a cielo abierto de lo que puede ser la Argentina desde fines de 2023. Una semana después de asumir, en diciembre de 2015, Morales inició el proceso de configuración de una Corte a su medida, con mayoría propia, cuando consiguió que la Legislatura provincial aprobara la ampliación del número de jueces en el Superior Tribunal de Justicia de cinco a nueve miembros.
En cuestión de días, designó a tres miembros del radicalismo. Dos de ellos, Pablo Baca y Beatriz Altamirano, diputados que votaron la ampliación para asumir como jueces horas más tarde. «Allí comenzó el proceso por el cual se quebró la división de poderes en tierra norteña. Lo denuncié en esa época. Este copamiento del órgano máximo de la justicia de la provincia es lo que le permite hoy conducir de modo militar a la tropa de jueces y fiscales», apunta Nallar.
El abogado encabeza un escrito dirigido a Alberto Fernández con 15 mil firmas pidiéndole la intervención de la provincia. El documento está viajando a CABA junto al Tercer Malón de la Paz. Una movida de 80 comunidades que harán los 3300 kilómetros de San Salvador a la Capital, donde llegarán el martes, luego irán al Congreso.
El texto menciona «el delito de desfalco y liquidación del Banco de Desarrollo de Jujuy, el mega endeudamiento de 2019; el fraude cometido en la contratación directa del Parque Solar de Cauchari y la confiscación de tierras urbanas en las que se asienta la comunidad kolla Pueblo Kolla de Caspala«. Nallar agrega que al gobernador le cabe el delito penal de suma de poder público, previsto en el artículo 227 del Código Penal, con una pena de prisión perpetua.
Antes de finalizar, acota algo más: el 80% de las personas que están al frente de los cortes de ruta son mujeres, «soportando temperaturas bajo cero. Sin baño, en medio del campo, asediadas por la policía, teniendo responsabilidades familiares; acá las heroínas son ellas, y lo están haciendo por todos nosotros. Están defendiendo nuestros recursos naturales, no para ellas que no son dueñas de ninguna empresa sino que lo están defendiendo para todos”. «
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