12 de febrero de 1974. El hombre fuerte de la Policía Federal (y cabecilla de la Triple A), comisario mayor Alberto Villar, anuncia el arresto de un «peligroso subversivo»; era el dirigente de la Juventud Peronista (JP), Carlos Caride. Con gesto impertérrito –y sin mayores evidencias– le adjudica un complot contra Perón y su par uruguayo, José María Bordaberry, de visita oficial en el país. Y exagera: «En su domicilio había gran cantidad de explosivos».
15 de noviembre de 2018. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anuncia el arresto de 14 «peligrosos terroristas». Con gesto impertérrito –y sin mayores evidencias– les adjudica una escalada de atentados para enturbiar la cumbre del G20. Y exagera: «Son personas de orientación anarquista, y todas viven en el mismo aguantadero».
¿Acaso la historia se repite en forma de farsa?
Poco antes, una unidad de asalto de la Federal había ingresado a gritos y patadas en una casona de la calle Pavón al 2400. Todo fue muy aparatoso. Los uniformados lucían (junto con 15 kilos de armamento por cabeza) chaquetas de tela gruesa, pesados chalecos antibala y pasamontañas de lana. Una hazaña: la temperatura arañaba los 30 grados. También hubo coreografías similares en el Ateneo Anarquista de la calle Brasil al 1500 (que posee la más importante biblioteca en la materia) y en un centro cultural de Villa Crespo, donde hay un gimnasio de boxeo.
Esta «enérgica respuesta del Estado» (palabras del presidente Mauricio Macri) fue motivada por el bizarro intento de volar en la Recoleta el sepulcro del comisario Ramón L. Falcón (ajusticiado en 1909 por Simón Radowitzky) y por otro hecho con idéntica intención en el hogar del juez Claudio Bonadio. Ya se sabe que el primer asunto tuvo un final accidentado: la bomba estalló en las manos de su portadora, la presunta anarquista Anahí Salcedo, quien sufrió la amputación de tres dedos, una perforación en el rostro y su captura. En el segundo episodio, su autor, el presunto anarquista Marco Viola, fue detenido y la bomba ni siquiera estalló.
Pero ambos casos bastaron –según un artículo publicado el viernes por Alberto Amato en el diario Clarín– para «volver a poner al anarquismo en el mapa político».
Lo cierto es que la amplificación exagerada de aquellas escaramuzas fue en realidad propiciadora de un acto ilusionista: oscurecer las repercusiones por la aprobación parlamentaria del Presupuesto. Un milagro coincidente con otras oportunas victorias policiales. A saber: el arresto del civil que interfirió en el Aeroparque la comunicación entre una nave y la torre de control (un «ensayo terrorista», según la ministra Bullrich); el arresto de dos jóvenes por supuestos vínculos sediciosos (mantenían contacto por Internet con «un cubano acusado en Colombia de querer atacar la embajada de los Estados Unidos», según la ministra Bullrich) y el arresto de dos aparentes miembros locales de Hezbollah (atesoraban «un fusil AK47, entre otras sofisticadas armas», según la ministra Bullrich). A esta altura, el carácter antojadizo de semejante secuencia no deja lugar a dudas. Bien vale entonces reparar en su dialéctica.
Casting para un enemigo
Si bien el brioso impulso adquirido en estos días por la venta estatal de humo es atribuible a la necesidad de distraer la penosa situación económica con otras cuestiones, y a la vez –ya en lo coyuntural– al ansia de instalar una impostura de eficiencia ante las potencias que deliberarán sobre el futuro del mundo en Costa Salguero, resulta innegable uno de los pecados originales del macrismo: la inclinación de sus funcionarios por la dramaturgia policíaca-judicial. Ya en el comienzo de la era del PRO aquello los ha empujado a la búsqueda –aún no resuelta– del mejor enemigo interno.
Los mapuches fueron sus primeros candidatos.
Cabe recordar que el inicio de esa campaña supo ubicarse en agosto de 2016, cuando el Ministerio de Seguridad elaboró un informe de gestión con un escalofriante andamiaje conceptual: los reclamos de los pueblos originarios no constituyen un derecho garantizado por la Constitución sino «un delito de tipo federal porque se proponen imponer sus ideas por la fuerza con acciones que incluyen la usurpación de tierras, incendios, daños y amenazas». Un proceder cuasi subversivo, puesto que –siempre según el documento– «afecta servicios estratégicos de los recursos del Estado, especialmente en las zonas petroleras y gasíferas». Al año, las ensoñaciones punitivas del régimen causaron la muerte de Santiago Maldonado y, casi cuatro meses más tarde, la de Rafael Nahuel. Pero tal hipótesis de conflicto cayó en desgracia por una razón más banal: la crisis que afectó el año pasado en Chile a la presidenta Michelle Bachelet al demostrarse que el informe de inteligencia del «Operativo Huracán» –tal como se bautizó a la mayor ofensiva trasandina contra los mapuches– era un fraude desde la primera a la última hoja. En tal pesquisa se basaba la señora Bullrich para justificar las acciones represivas en la Patagonia argentina.
Ahora corre el tiempo de los anarquistas.
A priori, el interés de los «estrategas» policiales del macrismo por ellos se cifra en la posibilidad de infiltrarles agentes encapuchados en las marchas y movilizaciones para causar con actos vandálicos el arresto de manifestantes.
Ese patrón operativo fue estrenado durante la emboscada con golpizas y arrestos arbitrarios a mujeres luego de la marcha organizada el 8 de marzo de 2017 por el colectivo Ni una Menos. Se repitió al mes en el sorpresivo ataque a docentes que armaban la Escuela Itinerante en la Plaza de los Dos Congresos y, en junio de aquel año, durante la celada a los cooperativistas movilizados ante el Ministerio de Desarrollo Social. La gran gala en la materia ocurrió el 1º de septiembre, al concluir el multitudinario acto por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Por tal razón, ni siquiera causó el menor asombro que en la convocatoria contra la sanción de la Reforma Previsional, ya en el transcurso del siempre filoso diciembre, ese ardid fuera el plato fuerte del menú policial.
Clavos «miguelito»
Los actuales anarquistas también son un semillero de chivos emisarios. Tanto es así que el grupo que anida en la casona de la calle Pavón es un caso testigo. Desde otoño de 2016 sus integrantes están bajo la mira de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), confió a Tiempo un ex agente. Aquel inmueble cuenta con 36 habitaciones y fue tomado por okupas que previamente solían circular en las inmediaciones del Obelisco. Por eso se los llama «Los Obelos».
La vigilancia sobre ellos, y también la presencia de agentes encubiertos, se intensificó durante el último verano al ser detenido uno de sus moradores, Christian Genez (a) «El Largo». Se lo acusaba por el asesinato del baterista de la banda Superuva, Juan Ledesma, luego de un recital en Quílmes. En el allanamiento efectuado el jueves allí se decomiso un puñado de pólvora y clavos «miguelito».
Ahora trascendió que fue también un informe de la AFI lo que llevó al Ministerio de Seguridad hacia el lazo de los hermanos Axel y Kevin Abraham Salomón con Hezbollah. Al parecer, el simple monitoreo de sus cuentas en las redes sociales fue su pasaporte hacia la desgracia.
¿Ellos verdaderamente tenían un fusil AK47?
Para valorar la seriedad de la acusación únicamente hay que apreciar el detalle de las armas que les secuestraron: un fusil Mauser de 1909, un rifle de aire comprimido, dos revólveres españoles de la década del 30 y una escopeta para cazar palomas y perdices.
Otro derrape de la posverdad. «
Detenidos sin antecedentes en la calle Pavón
Los allanamientos realizados en las calles Murillo y Brasil en el marco de la causa que investiga el presunto accionar de grupos anarquistas dieron resultado negativo. No encontraron nada útil para la investigación. Sólo bibliografía anarquista.
En el realizado en la calle Pavón, según fuentes judiciales, se hallaron drogas (para consumo, no para comercialización), pólvora, nitrato de potasio, herramientas y tubos compatibles con los utilizados en las bombas. La construcción es un conventillo con muchas habitaciones interconectadas entre sí. Los elementos estaban distribuidos en varios cuartos. En ese lugar fueron detenidas nueve personas, entre ellas una mujer, madre de cuatro hijos, que no tiene nada que ver con el caso. El principal dato que la desvincula del resto es que su habitación estaba pintada, limpia y ordenada, y allí vivía con sus hijos, todos menores de edad.
De los restantes detenidos, ninguno tiene antecedentes, ni estuvieron vinculados con las manifestaciones contra la Reforma Previsional, ni por la aparición de Santiago Maldonado. Ayer fueron indagados y se les imputa «tenencia de explosivos, intimidación pública y artículo 213 bis del Código Penal».
