El 23 de noviembre de 2015, un día después de ganar el ballotage presidencial, el entonces alcalde porteño Mauricio Macri anunció que una de las primeras medidas de su gobierno sería transferirle a la Ciudad los 21.000 efectivos y las 54 comisarías que tenía la Policía Federal Argentina en territorio porteño. El magnate cumplió su decisión apenas entró a la Casa Rosada y se calzó la banda presidencial. Puso en marcha una transferencia inédita para la fuerza civil armada más antigua de la historia nacional que seis meses después fue refrendada por la Legislatura porteña, en una votación que contó con los votos del peronismo capitalino.

La medida empoderó desde entonces al alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta. A un paso de cumplir seis años de aquél anuncio de verano, que fue anticipado por Tiempo, el asesinato del joven Lucas González, de 17 años, desnudó la actualidad de una fuerza represiva que depende íntegramente del gobierno de la Ciudad desde 2016, es decir, desde que Rodríguez Larreta quedó al frente del distrito originario del PRO, a partir de donde ahora construye su candidatura presidencial para 2023.

El crimen del joven futbolista no sólo conmocionó a la administración larretista. Además, obligó a su ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, a pergeñar un operativo de prensa para evitar que las intrigas que desató el caso escalen hasta las responsabilidades políticas.

Hay elementos que alimentan numerosas sospechas sobre el rol que tienen las brigadas de investigaciones en los barrios porteños porque, al parecer, el nivel de violencia institucional no registró cambios con la transferencia de la Federal a la Ciudad. Una muestra está en la relevancia pública que le dieron los medios a los datos provistos por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). El organismo de Derechos Humanos reveló, poco antes de publicar su último informe sobre casos de gatillo fácil, que en los últimos cinco años se registraron 121 casos entre fusilamientos de gatillo fácil, muertes en lugares de detención, femicidios de uniforme, desapariciones seguidas de muerte, y otras modalidades como el uso del patrullero para embestimientos deliberados en persecución.

Tan amplia fue la difusión de esos datos que el propio D’Alessandro dijo este viernes que fueron “enfrentamientos”, pero no se animó a desmentir la cifra de CORREPI y tampoco aportó cifras propias sobre los asesinatos cometidos por la fuerza desde que combina la estructura de la expolicía metropolitana y las 54 comisarías de la Federal.

La Policía de la Ciudad tiene actualmente 26.000 hombres, es decir, 5000 más que la tropa que recibió Rodríguez Larreta en 2016.

La comparación con la policía bonaerense sobre la letalidad que tienen sus efectivos ante civiles desarmados es reveladora. En el mismo lapso, la fuerza que responde a Sergio Berni cuenta 400 casos de gatillo fácil, teniendo 100.000 efectivos.

La proporción de casos de gatillo fácil cometidos por la Ciudad es sensiblemente mayor a la de la Bonaerense. La diferencia está en la cantidad de agentes que tiene cada fuerza.

La PFA, antes de perder su control histórico del territorio porteño, nació como la Policía de la Capital, pocos años después de la proclamación de la Independencia nacional. La policía porteña de principios del 1800 vivió su federalización luego de 1945, por decisión de Juan Domingo Perón, y desde 2016 regresó a su pasado originario, a partir del traslado que ordenó Macri para transferir la poderosa y temible Superintendencia de Seguridad Metropolitana a la órbita de la CABA, para que sea fusionada con la “Metropolitana”, la otra policía que inauguró el PRO en 2008 y que recibió efectivos y fondos.

Todo ese paquete todavía es materia de una extensa disputa judicial ante la Corte Suprema de Justicia, aunque la transferencia no tiene marcha atrás y hasta el asesinato de Lucas fue uno de los capitales políticos más importantes de la gestión larretista, cuyo principal dirigente busca capitalizar a nivel nacional para afianzar sus aspiraciones presidenciales. «