El magistrado de la dictadura está denunciado por su rol en el secuestro y desaparición del grupo de abogados laboralistas en Mar del Plata.
Pedro Hooft ha dedicado gran parte de su vida a evadir a la misma justicia que él representa. Intentó reciclarse en tiempos de democracia y casi lo logra, pero el arduo trabajo de los Organismos de Derechos Humanos, familiares y víctimas derivó en un causa penal (N° 17274) por delitos de lesa humanidad, donde se lo acusa de ser partícipe necesario en 15 homicidios. El Juez nunca dio explicaciones sobre sus actos en estos casos, pero en el año 2006 una denuncia y el pedido de Jury formulado por la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación lo dejó al borde de la destitución y fue apartado de sus funciones por el periodo de un año. Finalmente en el 2014 un tribunal político de enjuiciamiento lo ratificó como Juez pese las graves faltas y delitos en su contra. Desde entones y a pesar de estar ¨pasado¨ para su jubilación, a los 75 años se mantiene en su cargo amparado en sus fueros, única manera que tiene para evitar a la Justicia. Hooft es sinónimo de poder en Mar del Plata y de los privilegios de ciertos integrantes de la familia judicial vinculados con la dictadura. Sin embrago la causa penal sigue su curso y las pruebas en su contra se acumulan.
Aún con la inmunidad que le da su cargo y sabiendo que mientras ejerza como magistrado podrá negarse a declaración indagatoria (fue citado en 6 oportunidades y nunca se presentó), el Juez intenta desde hace varios años victimizarse ante la Justicia y los medios tratando de instaurar la teoría de conspiración en su contra.
La última jugada del Juez Hooft va más allá de lo inimaginable, a fines de 2016 presentó junto a su hijo Pedro Federico Guillermo Hooft, su abogado defensor, una denuncia contra el Ministerio Público Fiscal por asociación Ilícita, denunciando al abogado Cesar Sivo, letrado querellante de las víctimas, a Jorge Auat, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y a los Fiscales Daniel Adler, María Eugenia Montero y Pablo Larriera, del Ministerio Público Fiscal. El Juez sostiene que la causa está ¨armada¨ por ende todo lo presentado en su contra es falso. Su defensa se basa en un audio obtenido de manera ilegítima que presentó la defensa del magistrado y que ya fue desestimado en dos oportunidades, pero la presión ejercida por el juez Hooft logró que la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal ordenara volver a investigar su denuncia.
No es la primera vez que Hooft intenta invertir la carga de la prueba: en 2006 acusó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y al entonces Secretario Eduardo Luís Duhalde de persecución ideológica, así como a distintos organismos y abogados querellantes. Dijo ser un perseguido político por parte de sectores del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pese a que la primera denuncia en su contra data del año 1985 en el Juicio a la Juntas.
En el año 2013 el Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata resolvió desestimar una denuncia presentada por sus abogados por irregularidades en el ámbito de la Justicia Federal en la causa en la que se le imputan delitos de lesa humanidad, y en 2015 el tribunal federal de apelaciones marplatense rechazó la denuncia presentada por el magistrado por conspiración, donde según Hooft existía en su contra una connivencia pergeñada por funcionarios del Ministerio Público Fiscal, por el juez Federal Martín Bava, por la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación y por organizaciones sociales.
Su rol en la Noche de las Corbatas
En el caso de La Noche de las Corbatas, Hooft no sólo fue señalado como cómplice por omisión, ya que según consta en varios testimonios habría ¨cajoneado¨ los pedidos de Habeas Corpus que formulaban los familiares de las víctimas, sino que también operaba como un engranaje necesario para darle un marco legal a la represión, visitando los Centros Clandestinos de Detención, caratulando como ¨muerte en riña¨ cuerpos de militantes con signos de haber sido fusilados, no investigando las denuncias que llegaban a su juzgado, remitiendo los cadáveres levantados en la vía pública al Cementerio Parque para que luego fueran enterrados como NN. En definitiva, instaurando la figura del ¨desaparecido¨ en Mar del Plata. Incluso existen testimonios que dan cuenta de reuniones entre Hooft y el Coronel Alberto Pedro Barda, máximo responsable de la Sub zona 15, para coordinar los operativos de secuestro con los días en que el magistrado se encontrara de turno.
A 40 años de la trágica ¨Noche de las Corbatas¨ el principal responsable de la desaparición de aquellos abogados laboralistas logra una vez más dilatar los tiempos procesales y se convierte de a poco en un ícono de impunidad sin precedentes en nuestro país. Mientras tanto un Juez que evade la Justicia parece ser la triste herencia de esa ¨pata civil¨ cómplice de la última dictadura.
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