Un grupo identificado con un funcionario del gobierno provincial atacó a los comuneros el viernes. Esa agresión sirvió de excusa para una posterior incursión policial.
En el centro del corte sobre las rutas 9 y 52, Aurora Choque, de la comunidad Inti Yacu Apu Collamboy en Coranzulí, al Norte de la provincia, confirmó la resistencia. «Abajo hay policías, estamos amenazados. Pero no hay orden judicial así que nosotros no nos vamos a retirar de aquí. No vamos a abandonar. ¿Qué quiere el Gobierno de Morales? ¿Más hermanos que pierden los ojos?», dijo la mujer envuelta en una wiphala. Cerca de la medianoche, la tensión bajó cuando algunos de los móviles de la policía regresaron hacia San Salvador de Jujuy.
Todo empezó a las seis de la tarde de anteayer, cuando se habilitó el paso para los automóviles que bajaban desde Purmamarca (los cortes duran tres horas y luego se liberan por un tiempo). Un grupo de 20 personas desarmó a golpes una cocina improvisada al lado del gazebo blanco que es punto de encuentro en el corte más importante de los siete que se mantienen activos en Jujuy. A pesar de que los autos ya estaban circulando, los jóvenes insultaron y agredieron a los comuneros que dirigían el tránsito. La violencia escaló y hubo corridas, golpes de puño y piedrazos.
Entre gritos, los jóvenes argumentaron que eran de Purmamarca y que estaban cansados de los cortes. Desde las comunidades indicaron que se trata de familiares de Félix Pérez, secretario de Coordinación de Agencias de Desarrollo de Jujuy, oficina del gobierno de Gerardo Morales. Y denunciaron una nueva estrategia para quebrar la resistencia.
Iniciada la discusión, se sumaron algunos hoteleros de la zona y, también, trabajadores. La furia de esas personas contrastaba con lo que se vio durante la tarde en la fila de autos. Algunos turistas estaban enojados, es cierto, pero muchos más compartían mates en reposeras, otros tomaban sol sobre las piedras y otros más simplemente esperaban en sus vehículos. La mayoría acompañó la protesta con bocinas mientras pasaba por el punto. «Estamos luchando por vos, el agua también es para vos», le gritaba un comunero a un joven que también le gritaba.
«Váyanse», gritaban un grupo de personas desde un costado de la ruta. «Vendidos», respondían desde las comunidades en el extremo opuesto. En medio de la violencia, Aurora Choque estiró una manta sobre el asfalto y se sentó. Cruzó las piernas y quedó mascando coca en el medio de la ruta. A su alrededor, las personas discutían, gritaban, se insultaban. Algunas sacaban troncos y piedras con violencia para levantar el corte, y otras los volvían a colocar en su lugar. Y Aurora se quedó ahí, sentada, dispuesta a defender el corte con su cuerpo viejo. Es integrante del Tercer Malón por la Paz y hace 36 días que permanece en el lugar a pesar del viento y el frío de la Quebrada. «No nos vamos a ir de aquí», murmuró.
El malón, a Buenos Aires
Esta pulseada se dio a un mes de la reforma de la Constitución impulsada por el precandidato a vicepresidente Gerardo Morales. A pesar de la represión, las detenciones, los allanamientos y persecuciones, la comunidades, organizaciones sociales, políticas y sindicales continúan con el rechazo a la reforma.
Como en una carrera de resistencia, la clave está en cómo seguir con el plan de lucha. En ese marco, el Tercer Malón por la Paz anunció una movilización a Buenos Aires que se iniciará el 24 de julio en La Quiaca. El objetivo es llegar al Congreso de la Nación, a la Corte Suprema de Justicia y a los medios de comunicación. «Hemos decidido viajar para entrevistarnos con las fuerzas vivas. Que las comisiones de los legisladores que tienen que ver con nuestra lucha nos reciban, que nos escuchen. Eso es lo que estamos buscando, el diálogo», le dijo a Tiempo Raúl Sagama. Y agregó que irán casa por casa si es necesario.
El jueves se realizó la 47° Marcha del Apagón, desde Calilegua hasta Libertador General San Martín. Miles de personas caminaron alrededor de cinco kilómetros para conmemorar la Noche del Apagón, cuando entre el 20 y 27 de julio de 1976 la policía de Jujuy, la Federal, el Ejército y la Gendarmería, en complicidad con la empresa Ledesma, de la familia Blaquier, secuestraron a 400 personas, 33 de las cuales permanecen desaparecidas. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, estuvo en la movilización después de reunirse con comunidades y con el juez de la causa penal que impulsa contra el Estado de Jujuy por la represión a las protestas. Afirmó que «el procesamiento que se le hace a cada uno de los manifestantes no es sólo penal, es también civil y económico. Después de ganar las elecciones, Morales cree que puede llevar adelante una democracia dudosa».
Un mes después de la sanción de la reforma, la lucha sigue. Las comunidades buscan nuevas estrategias para mantener el reclamo vigente y así revertir la situación. «Vamos a ir a Buenos Aires para que nos visibilicen, para que sepan cómo somos los jujeños», dijo Raúl Sagama. «Para que nos vean», concluyó. «
Un conjunto de comunicadores indígenas, de medios de comunicación autónomos y autogestivos, presentó ante el Enacom una solicitud para que garantice la comunicación como derecho humano e intervenga para resguardar y proteger la libre expresión y la cobertura de la protesta social e indígena en Jujuy.
Los comunicadores denunciaron que el servicio de Internet se corta en forma habitual sin explicación por parte de las autoridades locales. Además, aseguraron que fuerzas parapoliciales están empleando en Jujuy inhibidores de celulares, impidiendo la cobertura en vivo, especialmente en la plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy y en los cortes de ruta.
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