El autor fue la principal espada económica del «mejor Gabinete de los últimos 50 años», a decir del presidente Mauricio Macri sobre su primer equipo de trabajo; la fecha fue apenas iniciada esta gestión.
Seguro ya la han adivinado. Se trata de la expresión del ex ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay: «cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar empleos a cambio de salarios». Esta frase marcó la política laboral del gobierno macrista desde un inicio. Proceso que se ha profundizado a partir de la severa recesión que se agravó desde 2018. Las razones son múltiples y están ligadas también con otras dinámicas, como la precarización laboral y la caída de los salarios reales.
Según algunos analistas, la inflación determinó una baja en el poder de compra de los salarios, para luego sostener que por este motivo el empleo no se vio tan golpeado por la crisis. Una tesis preocupante, pues es una forma de «proteger» el empleo, con altos costos sociales.
De hecho, la cuestión de la inflación y los salarios no fue tan automática como podría derivarse del párrafo anterior. En rigor, el propio gobierno fue el que impulsó una política de paritarias con topes máximos según unas metas de inflación muchísimo más bajas que la que ya se observaba en los números del Indec. Con lo cual fue un efecto buscado, más allá que el propio desborde de la inflación haya ayudado a reforzarlo. La realidad: mientras los salarios aumentaron un 34,7% interanual en el primer trimestre de 2019, el IPC nacional subió el 51,8% y los precios del rubro alimentos y bebidas un 58,5% en idéntico período.
En la semana, las noticias se centraron en el aumento de la desocupación en el primer trimestre de 2019, que llegó al 10,1% a nivel nacional, un punto más que igual período del año anterior. Extrapolando las cifras para toda la población, ya que el Indec calcula los índices de empleo y desempleo para los aglomerados urbanos, hay cerca de 2 millones de desempleados.
Es sin duda un dato preocupante, aunque si abrimos por localidad, veremos que los mayores índices se dan en el Gran Buenos Aires (12,3%), Gran Córdoba (11,3%), ambos aglomerados que crecieron un punto en el año, el Gran Rosario con el 11,7% de desocupación (creció 2,5 puntos) y Gran Tucumán que alcanzó el 10,3% (creciendo 3,6 puntos). Muchas otras localidades del interior crecieron cerca de dos puntos porcentuales.
Cada punto de los mencionados engloba a cerca de 128 mil trabajadores y trabajadoras en los centros urbanos, y si lo extendemos a todo el país nos daría unos 210 mil trabajadores.
Pero la desocupación, si bien es el más grave de los problemas de empleo, está lejos de ser el único. Si a los desempleados se le suman los subempleados, más los ocupados plenos insatisfechos con su trabajo que, por ejemplo, desean conseguir otro trabajo, se obtiene la tasa de «Presión sobre el mercado de trabajo» que calcula el Indec, y que así planteada puede decirse que es una medida de cuánto aprieta el zapato.
Esta presión sobre el mercado laboral llegó al 33,9% de la Población Económicamente Activa (PEA, compuesta por quienes tienen una ocupación o que sin tenerla la están buscando activamente). Un año atrás, este indicador amplio de las personas con problemas de trabajo llegaba al 29,9%, es decir, 4 puntos menos que el actual. En las distintas categorías que conforman este índice (en las cuales no abundaremos para evitar complicaciones innecesarias) el rubro que más aumentó es el de los subocupados (2,1 puntos).
Si tomamos los números en cantidad de personas, vemos que el empleo aumentó en unos 198 mil individuos en las ciudades, pero con una composición llamativa: los empleos registrados bajaron en unos 55 mil, mientras que los trabajos que aumentaron fueron los no asalariados (cuentapropistas y patrones) en 133 mil personas, y los asalariados no registrados en 120 mil personas. Esto indica una fuerte tendencia a la precarización del escaso empleo creado: un ejemplo es el visible incremento de repartidores en bicicleta o moto sin ningún derecho laboral.
Vemos entonces cómo la caída de los salarios reales y la mayor flexibilización impactaron en la población trabajadora, generando un sensible deterioro de sus condiciones de vida, materiales y sociales. Para muchos economistas que acuerdan con las políticas de este gobierno (a lo sumo piden mayor profundidad en la aplicación de los principios neoliberales), este combo es favorable «para el país», puesto que baja el costo laboral (y supuestamente incrementa la competitividad) y además la flexibilidad laboral de facto mejora la productividad de las empresas (proponen que se formalice, con mayor profundidad, a través de una ley).
Queda claro que en este modelo los que pierden son las trabajadoras y los trabajadores, el mercado interno y especialmente las MiPyMEs que producen para este.
Recesión y mayor pobreza
Salvo algunas variables financieras que le estarían dando un transitorio respiro al gobierno, el resto de los indicadores continúa arrojando cifras negativas.
El dato impactante, aunque ya anticipado, fue la caída del 5,8% para el PBI en el primer trimestre de este año, luego de la caída del 6,1% en el trimestre anterior. Lo que no se conocía aún es la composición de este indicador.
Y así aparece como muy llamativa la caída del Consumo Privado (-10,5 por ciento). Y le sigue al cuarto trimestre de 2018 con una baja también importante (-9,4 por ciento).
En cuanto a la Inversión Bruta de Capital Fijo (Inversión), esta cayó 24,6%; este dato completa dos trimestres seguidos con caídas significativas, lo que indica la profundidad de la crisis actual.
Otra novedad estadística de la semana es el valor de la canasta básica total, que mide la línea de pobreza, que si bien aumentó 2,9%, algo por debajo de la inflación, en términos anuales subió un 61,1%, más que el IPC nacional (57,3 por ciento).
La Canasta de Pobreza para una familia tipo (dos adultos, un hijo y una hija menores) llegó a los $ 30.338 en mayo de 2019.
Resulta interesante comparar la línea de pobreza con los ingresos laborales. Mientras la mitad de las trabajadoras y los trabajadores tienen ingresos salariales menores a los $ 31.100 (último dato a marzo de 2019), la línea de pobreza se ubicó en el mismo mes en $ 28.751 para la familia tipo, es decir, esos $ 31.100 cubren 1,08 canastas. En igual mes de 2018, esa medida de salario cubría 1,23 canastas de pobreza. Estos datos indican claramente que los salarios siguen perdiendo poder adquisitivo, y de allí que resulta lógico, aunque muy lamentable, que la pobreza haya ido en aumento.
Si bien hemos dado en esta nota sólo unas pinceladas del cuadro recesivo que se está viviendo, estas indican la profundidad del proceso que se está atravesando y las dificultades para salir del mismo (la caída en la inversión y la reducción del consumo lo indican) pero también evidencian cuáles son los sectores más perjudicados por este modelo: los más débiles. Este relevamiento puntual resulta suficiente para identificar que la salida a esta crisis pasa por la adopción de otro modelo económico, social y político, que no sólo es posible, sino, además, imprescindible. «
