El proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública (con media sanción al momento de escribir esta nota) muestra una línea de coherencia entre los grandes lineamientos que se definen en su título y las herramientas destinadas a darles el cauce adecuado.
Lo primero que hay que considerar es el espíritu de la norma, que está en sintonía con una frase del jefe de Gabinete. Comentó Santiago Cafiero en Página/12 (15/12/19): «Este gobierno considera a la función pública como una herramienta de transformación, que cree en el Estado y que descree en el mercado para asignar esa justicia que se merecen los sectores más postergados».
El mensaje que acompaña la ley es plenamente consistente con esta idea. Se dice que «desterrar el hambre en la República Argentina, reducir la desigualdad y volver a crecer, son el nuevo imperativo ético de nuestra época y la base para edificar una democracia sólida y sostenible en nuestro país que coadyuve también a recorrer un camino de fortalecimiento institucional y democrático en la región». La direccionalidad es clara. Combatir el hambre y la desigualdad constituye el verdadero punto de partida.
Luego se agrega: «Es una tarea indelegable de un Estado democrático garantizar las libertades constitucionales y, al mismo tiempo, promover la igualdad. En atención a estos objetivos se hace necesario iniciar el camino de la reactivación productiva y para hacerlo debemos atender a una ética de la solidaridad como principio rector de las políticas públicas». No es más que el adiós al «Estado canchero» y a la meritocracia (o el «sálvese quien pueda») que encarnó el ideario de Cambiemos.
Gran cantidad de derechos han sido duramente castigados en los últimos cuatro años de políticas neoliberales. Por ello, en el primer artículo se declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Y a su vez se delega en el Poder Ejecutivo Nacional las facultades para atender la emergencia.
Las facultades solicitadas están lejos de ser un avasallamiento de la democracia, como pretenden hacer creer ciertos sectores de la oposición. Lo cierto es que la realidad es dramática y no permite demoras en la resolución de los grandes problemas. En su defecto, quienes se oponen deberían indicar, por ejemplo, cuál sería la estrategia alternativa para resolver a la vez el problema de la deuda, el estancamiento y la pobreza. ¿Seguirían ajustando el gasto primario consolidado para satisfacer a los acreedores, como lo han venido haciendo durante el gobierno de Macri, desconociendo que ello genera más recesión y daña la capacidad de repago?
Hace unos días leí una nota donde ciertos economistas sostenían que «arbitrariamente, acaban de decidir que la clase media argentina esté 30% más lejos de viajar al exterior» y yo me preguntaba si decían lo mismo cuando el dólar se encarecía un 500% en la gestión Macri. ¿Qué es lo que proponen?, ¿que los alimentos sigan cotizando a valores internacionales como consecuencia del ajuste del tipo de cambio? Un enfoque muy lejos de la solidaridad.
Los resultados del modelo anterior están a la vista y por eso es preciso implementar otras políticas. Hace falta disponer de recursos para reactivar la economía y atender a la vez la emergencia. El proyecto va en ese sentido y parte de la base de que la situación actual es de gran tensión fiscal. Tanto el presidente Alberto Fernández como sus ministros lo han expresado: el ajuste en los gastos no es viable, se requiere lo opuesto. Se necesitan recursos, y entonces, ¿de dónde obtenerlos? A través de una fuerte emisión monetaria no es la solución. Financiamiento no hay. Resultará esencial entonces diferir los pagos por intereses y las amortizaciones de capital a través de la renegociación de la deuda pública, y de allí que el proyecto habilita al gobierno para «crear condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, la que deberá ser compatible con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos». Entonces, la única fuente es la de mejorar los ingresos fiscales, que se han enflaquecido, ya sea por la caída de la actividad económica, como por leyes que los han debilitado. Y dadas las premisas medulares de la «Ley de Solidaridad Social…», la única posibilidad es obtener esos recursos con aportes de los sectores de mayores ingresos.
El paquete de emergencia debe verse de manera amplia. Por ejemplo, la emergencia previsional se enfoca desde el siguiente precepto: «Fortalecer el carácter redistributivo y solidario de los haberes previsionales (…) con la finalidad de mejorar el poder adquisitivo de aquellos que perciben los menores ingresos». De allí los $ 5000 en enero y febrero que recibirán los jubilados que perciben el haber mínimo y el compromiso de Alberto Fernández de fijar durante los próximos 180 días el modo de actualización de las jubilaciones y establecer «incrementos trimestrales preservando que no se sigan deteriorando los ingresos de nuestros adultos mayores». El presidente también enviará al Congreso «un proyecto de ley que termine con las jubilaciones de privilegio (Poder Judicial y Cuerpo Diplomático)».
También hay que tener en cuenta la reestructuración tarifaria del sistema energético. ¿Cuál hubiera sido la pérdida de poder adquisitivo con los aumentos de los servicios que se avecinaban según el cronograma pautado? La ecuación de los hogares no sólo hay que verla por el lado de los ingresos sino también del gasto. La emergencia sanitaria y la revisión de los precios de los medicamentos también son cuestiones a considerar.
Luego hay todo un componente de modificaciones tributarias que apuntan a darle un carácter más progresivo al sistema, por la vía de cambios en bienes personales, en retenciones, y el establecimiento del impuesto a la compra de divisas para atesoramiento y para el cambio de divisas en las compras con tarjeta de crédito y débito. Estas medidas están en el corazón del enfoque «solidario» que definió el presidente.
Por el lado de los salarios, se faculta al gobierno a «disponer en forma obligatoria que los empleadores del sector privado abonen a sus trabajadores incrementos salariales mínimos». Esto en absoluto indica el cese de las negociaciones colectivas, sino que está prevista la intervención estatal donde estas no prosperen.
También es destacable la incorporación de un artículo por el cual «el Poder Ejecutivo Nacional deberá establecer mecanismos de segmentación y estímulo tendientes a mejorar la rentabilidad y competitividad de los pequeños productores y cooperativas cuyas actividades se encuentren alcanzadas por el eventual aumento de la alícuota de los derechos de exportación», considerando además la distancia entre los centros de producción y comercialización.
Desde el punto de vista macroeconómico, miradas en conjunto, las medidas configuran un escenario para incrementar los ingresos fiscales, sin reducción del gasto fiscal primario, posibilitando retomar la senda del crecimiento. Permitiendo que las pymes vuelvan a encaminarse, por ejemplo a través de una amplia moratoria de sus deudas fiscales. Y generando las bases para recuperar la capacidad de pago del país. Con esta ley se ha dado un paso importante para empezar a revertir la delicada situación que atraviesa nuestra Nación. «
