Luego de una extensa sesión en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley de “Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia” obtuvo media sanción el miércoles pasado. El propio título del proyecto transmite la idea general de la iniciativa. Cabe señalar que el debate contó con la presencia de varios ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo, entre otros, los ministros Martín Guzmán (Economía) y Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Daniel Arroyo (Desarrollo Social), escueta enumeración que no mengua la importancia del resto de los funcionarios presentes.

El aporte es solidario y extraordinario porque estamos ante una situación de emergencia. Se pretende alcanzar a aquellas personas humanas que son titulares de grandes fortunas.

Si bien lo mencionamos en otras oportunidades, no está de más recordar que la actual situación de la Argentina es particularmente extraordinaria, no sólo por los efectos de la pandemia sanitaria sino por la difícil coyuntura que veníamos atravesando durante los años anteriores.

Entre 2015 y 2019 los ingresos tributarios y de la seguridad social disminuyeron en 3,1 puntos porcentuales del PIB, esencialmente por medidas tomadas por el gobierno anterior, tendientes a reducir los gravámenes sobre los sectores con mayor capacidad contributiva, y además por la significativa caída en la actividad económica.

La tasa de desempleo llegó a niveles históricamente bajos en 2015: 5,9% para luego terminar en el 9,8% en 2019. A ello se suma el abrupto endeudamiento externo contraído con acreedores privados y con el FMI, que además se tradujo principalmente en formación de activos externos (fuga de capitales) y no se reflejó en inversiones para reactivar la economía. Al mismo tiempo, implicó una fuerte carga de intereses en el gasto público, que incrementó el déficit fiscal total mientras que el déficit primario (sin los intereses de la deuda) se redujo a costa de un fuerte ajuste con negativas implicancias en el bienestar social.

Entonces, a la ya de por sí delicada coyuntura económica que transitaba la Argentina, se sumaron los inesperados efectos de la pandemia sanitaria.

Una pandemia que la Secretaria Ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, definió como “la peor crisis en 100 años” en su intervención en las Jornadas Monetarias y Bancarias del BCRA. La Cepal prevé una caída del PIB del 9,1% para la región de América Latina y el Caribe, lo que implicará, según sus proyecciones, un retroceso de 10 años en los niveles de PIB per cápita. Como consecuencia de ello, el organismo también proyecta que el desempleo en la región alcanzaría a 44 millones de personas, el mayor aumento desde la crisis financiera global; la pobreza podría alcanzar a 231 millones de personas. Todas ellas cifras alarmantes.

Para atender esa emergencia social se necesitan medidas que apunten a aumentar los ingresos fiscales para que estos sean re direccionados a las distintas necesidades de sus poblaciones. Tal como señaló Bárcena, “una situación excepcional requiere respuestas excepcionales”.

Es por ello que, volviendo a la Argentina, cabe mencionar que el “Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia” abarca al 0,02% de la población total, unas 10.000 a 12.000 personas humanas, aproximadamente. Son aquellas cuyo patrimonio resulte mayor a los 200 millones de pesos al momento de la entrada en vigencia de la ley. Se establecen escalas porcentuales para los aportes de forma progresiva, que van del 2% del patrimonio, al 3,5% para aquellas personas que poseen más de 3.000 millones de pesos de patrimonio, lo que redundará en una recaudación estimada superior a los 300.000 millones de pesos.

Según los datos brindados por la AFIP, basándose en las declaraciones juradas de bienes personales a diciembre de 2019, en un extremo se encuentran 2.274 contribuyentes alcanzados con patrimonios de entre 200 y 300 millones de pesos, mientras que las 253 personas humanas con patrimonios por encima de los 3.000 millones de pesos aportarían el 50% del total recaudado.

Varias fueron las repercusiones de distinta índole que tuvo este proyecto a pesar de que, en los hechos, abarca a una porción muy minoritaria de la población. Una de las últimas conocidas es un comunicado de la UIA difundido luego del tratamiento del proyecto en Diputados. Entre otras cuestiones, el mismo plantea dar cumplimiento al aporte requerido mediante un importe equivalente en inversiones productivas, lo cual eliminaría la generación de recursos indispensables para los destinos que el Aporte establece aplicar. Entre ellos, un 20% se utilizaría para subsidiar a las PyMEs que son verdaderas generadoras de empleo y actividad en el mercado interno; además de ayudar a financiar los gastos sanitarios, en especial las vacunas, que permitirán volver a una situación productiva y de demanda más normales; a los estudiantes para que se capaciten, a los habitantes de los barrios populares, y a inversiones en gas para reducir la dependencia externa de este producto. Pero además, esta propuesta de la UIA omite una de las características fundamentales del proyecto: los contribuyentes son personas humanas, no empresas.

En definitiva, pareciera que lo que genera incomodidad en algunos sectores no es sólo la magnitud ni el alcance del proyecto, sino el precedente que implica su aprobación. Les “preocupa” el antecedente de medidas de redistribución de la riqueza, entre las que se inscribe el Aporte Solidario. Y podemos decir que este proyecto es un paso más hacia un sistema fiscal más equitativo y progresivo, un tema que se está analizando en el Gobierno.

Algunos datos alentadores

Se conoció esta semana el nivel de Utilización de la Capacidad Instalada de la Industria para el mes de septiembre 2020: 60,8%. Esta cifra resulta ser mayor a la registrada hace exactamente un año, en septiembre de 2019 (57,7%) cuando la pandemia sanitaria aún no había llegado. Este dato es coincidente con el registro de producción industrial para ese mes que marcó una variación interanual positiva (3,4%) luego de varios meses de caída.

Por su parte, Adefa, la cámara que nuclea a la industria automotriz, anunció en estos días que proyecta producir 440.000 unidades el año próximo, casi un 70% más de lo que se estima para 2020.

La actividad de la construcción también mostró un buen desempeño en septiembre, habiendo llegado a superar los niveles pre pandemia de febrero pasado.

Los datos financieros también han resultado alentadores en esta semana: el valor del dólar ilegal bajó 11 pesos. No tiene ningún significado económico especial, dado que es un mercado muy pequeño y especulativo. Pero valores altos alimentan expectativas devaluatorias, que si bien no tienen asidero en los datos fundamentales de la economía, impactan negativamente, en especial, por su fuerte instalación mediática.

También el Tesoro Nacional realizó una exitosa colocación de bonos en pesos por unos 210.000 millones, lo que significa un excedente por sobre los vencimientos a atender de 44.000 millones de pesos, que permiten aliviar el financiamiento en lo que falta del año. Esta es una de las varias colocaciones que han excedido los vencimientos de deuda, e indica no solo una buena gestión sino también un nivel de confianza importante del sector privado.

Noticias que quizá no ocupan las portadas de los principales medios a pesar de que indican el comienzo de una reactivación luego de la parálisis en la actividad de varios sectores como consecuencia de la pandemia.