En  la semana aparecieron dos noticias que habría que vincular aunque parezca que no están relacionadas. Primera: el Tesoro Nacional volvió a tomar prestado del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses por $ 86 mil millones. Segunda: se aumentó el mínimo no imponible para aportes a la seguridad social (mnip) en un 46%, es decir, se incrementó fuertemente el valor a partir del cual las empresas empiezan a hacer aportes patronales. Esta decisión disminuye el dinero que llega a la Anses para el pago a los jubilados y las jubiladas.

Esta norma se presenta como: «No se hizo más que actualizar lo mismo que la inflación». Así parece razonable. Si los salarios se hubieran actualizado lo mismo que la inflación, se podría decir que con esta medida «estamos igual que antes». Pero no es así: los salarios subieron el 25% en promedio y el mnip, el 46%. Entonces, se achica el aporte a la seguridad social en valores reales, que además se reduce significativamente por la propia caída de los salarios reales (cerca de un 12% en el año) y el aumento de la desocupación, con la caída de 120 mil empleos registrados durante 2018.

Esto marca una tendencia preocupante y hay que advertirlo ahora, porque todos sabemos que entre las asignaturas pendientes con el Fondo Monetario Internacional está el tema de la reforma previsional. Y la reforma previsional se va a tratar de defender sobre la base de la no sustentabilidad del sistema. Y la no sustentabilidad del sistema se acelera con medidas como esta.

Economía en tensión

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA estima una inflación minorista para 2019 del 27,5%. Más baja aun, el FMI proyecta una inflación del 20,2%. Pero se acaban de conocer aumentos de tarifas en varios servicios. El gas aumentará un 35% en abril; la electricidad en AMBA un 55% entre febrero y agosto; los colectivos y los trenes un 40% hasta marzo y el subte un 45% hasta abril. ¿Cómo piensa el gobierno llegar a estos niveles de inflación con tales aumentos? La respuesta es evidente, aunque preocupante: logrando que el resto de los ítems aumenten mucho menos que los servicios regulados (tarifas), para lo que se necesita una recesión importante. De hecho, los aumentos tarifarios descritos pegan directamente en el bolsillo de los consumidores, especialmente de los trabajadores de menores ingresos, que utilizan con intensidad los medios de transporte y además tienen menos resto por pagar la luz y el gas.

La economía ya viene cayendo significativamente: se conoció el dato del Estimador Mensual de la Actividad Económica del Indec (variable que anticipa el PIB) que arrojó en octubre una caída del 4% interanual. El nivel de producción cayó a niveles de 2008. Es decir, en tan sólo tres años el gobierno construyó una «década perdida». Los principales sectores que llevan a esta caída son la industria manufacturera y el comercio mayorista y minorista.  

Los datos del Estimador Mensual Industrial (EMI) de octubre indican una caída interanual del 6,5% (después de un bajón del 11,5% en septiembre). Los datos adelantados a noviembre no son mejores. El Índice General de Actividad del estudio OJ Ferreres indica una caída del 9,5% interanual (y una desestacionalizada del 1,2% respecto de octubre). El indicador industrial de Ferreres marcó una merma del 6,5% interanual en noviembre, y el índice Construya, que mide la actividad de la construcción, cayó un 30,4% interanual en este mes, la sexta baja consecutiva luego de meses de fuerte crecimiento.

Tal es la caída de la actividad que se espera en este último trimestre del año, que es muy difícil que en el «segundo trimestre» de 2019, como sostienen muchos funcionarios del gobierno nacional, se pueda observar una recuperación. La mejor cosecha ayudará, pero difícilmente logre revertir la debilidad del resto de los sectores económicos.

A contramano de todos estos datos y de los pronósticos de los analistas, en su mensaje navideño Mauricio Macri dijo que «vamos a estar mejor». No es una novedad, ya en una carta abierta el 15 de mayo de 2016 expresó la misma idea: «Cada día vamos a estar mejor». El pronóstico de mayo de 2016 no se cumplió, y el de diciembre de 2018 difícilmente se cumpla: el ajuste propuesto al FMI no dará respiro por varios años.

Otro enfoque para analizar la sostenibilidad del modelo es a través de los datos del Balance de Pagos. En el tercer trimestre de este año, en comparación con igual período de 2017:

• los intereses de la deuda (pública y privada) crecen significativamente (un 45 por ciento);

• la inversión directa externa es menor; su renta (utilidades y dividendos) se reduce por menores ganancias de las multinacionales;

• la inversión de cartera también es menor, pero debido a una reversión de fondos en el segundo y tercer trimestre de 2018 por U$S 4392 millones;

• las reservas del BCRA reflejan una caída de U$S 12.287 millones en el tercer trimestre, cuando en el primero y el segundo crecieron U$S 6894 millones. Cabe señalar que en el cuarto trimestre, las reservas se incrementaron en U$S 8700 por el swap de China y U$S 7600 por el desembolso del FMI;

• la deuda externa del sector público creció un 87% desde el fin de 2015 hasta el tercer trimestre de este año, son unos U$S 70.711 millones que se suman para llegar a un total de U$S 158.412 millones.

En lo internacional, el año cierra con una situación compleja y crece la incertidumbre para 2019. A los impactos que ya empezaron a sentirse en el comercio, producto de las medidas de la administración Trump, hay que sumarles los efectos a futuro de las políticas macroeconómicas, como la monetaria y la fiscal.

Según el Banco Central Europeo, la economía mundial y de la zona del euro se desacelerará en 2019 y luego se estabilizará. El problema es que también prevé que los precios suban en la Eurozona. Así, dado el objetivo excluyente de controlar la inflación, es de esperar una política monetaria con un perfil más contractivo. En diciembre, el BCE ya puso fin al programa de compra de bonos, lo que indica que dejará de bombear liquidez como hasta el momento. En materia fiscal, para el BCE resulta «esencial que se realicen esfuerzos de consolidación adicionales, especialmente en los países con niveles de deuda elevados». En particular, «resulta especialmente preocupante que Italia, que tiene una ratio de deuda pública muy elevada, presente la mayor desviación con respecto a los compromisos vigentes».

En este contexto, Estados Unidos volvió a subir la tasa de política monetaria en diciembre y anunció que habría dos subas más en 2019. Significa que el contexto financiero se mantendrá volátil, y más aun para las economías emergentes. Al respecto, el BCE afirmó en su último Boletín Económico que «las condiciones financieras en aquellas economías emergentes más golpeadas por las turbulencias financieras estivales (incluyendo Argentina y Turquía) continúan complicadas y con una incidencia significativa en sus proyecciones de actividad».

El informe avanza un paso más allá: «Con el objetivo de evaluar si las economías emergentes son menos proclives a una crisis severa en la actualidad, analizamos la probabilidad de ocurrencia de una crisis en 2018 y la contrastamos con la probabilidad de ocurrencia en 1997. El modelo identifica a Argentina y Turquía, las cuales han experimentado turbulencias de mercado recientemente, como más vulnerables a una crisis que en 1997». “Bondades” de la apuesta por el endeudamiento, la liberalización financiera y la sujeción a los “mercados” que encarna el gobierno argentino, y que complican aún más el ya dificultoso resultado de las políticas domésticas aplicadas en consonancia con las recetas del FMI.