Mientras Venezuela combate la dispersión, hasta ahora leve y según el gobierno de Nicolás Maduro “controlada”, del coronavirus con una radical cuarentena social y colectiva en todo el país, las potencias se unen en lo que parece ser el aprovechamiento de la coyuntura para avanzar en la nunca abandonada idea de intervenir políticamente en el país. Al inusitado pedido de captura con recompensa millonaria del gobierno de Donald Trump, las autoridades de la Unión Europea consideraron que es necesario “más que nunca” un acuerdo en Venezuela para facilitar la ayuda humanitaria, indicó la vocera de la diplomacia europea, Virginie Battu.
«El pueblo venezolano necesita más que nunca que sus actores políticos logren un acuerdo para permitir que llegue más ayuda humanitaria internacional al país», aseguró. La posición coincide con el revitalizado pedido de “intervención humanitaria” del autoproclamado presidente interino venezolano, Juan Guaidó, quien debate en los medios y las redes sociales con Maduro sobre cifras y políticas para contener al virus. La UE, que impuso un embargo de armas y sanciones a 25 funcionarios venezolanos, quiere una «solución política y democrática, aceptada por todos los actores venezolanos e incluyendo una vía electoral negociada», recordó Battu.
Además, consideró que la política de Washington de ofrecer 15 millones de dólares por informaciones que permitan detener a Maduro, al que la justicia estadounidense acusó de «narcoterrorismo» es la puesta en marcha de “medidas de presión progresivas en el contexto de la crisis política» en la que se encuadran las sanciones y bloqueos económicos contra el país petrolero. Venezuela pidió ayuda por 5.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, un pedido que la institución desestimó por dudas sobre el reconocimiento internacional de Maduro. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, había apoyado ese pedido, aunque también sostuvo que la política de sanciones estadounidense no debería afectar a la ayuda humanitaria.
No es la misma posición de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la ONU, Michele Bachelet, quien afirmó que “en este momento decisivo, las sanciones sectoriales deberían atenuarse o suspenderse, tanto por razones de salud pública como para reforzar los derechos y defender las vidas de millones de personas en esos países. En un contexto de pandemia mundial, las medidas que obstaculizan la atención médica en cualquier país incrementan el riesgo que todos afrontamos”. La expresidenta chilena indicó que estas sanciones podrían “obstaculizar los esfuerzos sanitarios en Cuba, la República Popular Democrática de Corea, Myanmar, Venezuela y Zimbabwe”.
