Un 59% de los inquilinos a nivel nacional no podrá pagar el alquiler de mayo, según una encuesta realizada por la Red de Inquilinos Nacional entre 5000 locatarios a la que tuvo acceso Tiempo.

Este número “representa una suba de casi 17 puntos porcentuales comparado con abril, cuando el 42,1% no podía pagar”, advierte el documento. Los datos contradicen a los relevados por el Colegio de Martilleros de Buenos Aires, que apuntó un cumplimiento del 90% en el pago de los alquileres.

Para Gervasio Muñoz, titular de la ONG Inquilinos Agrupados, la situación es comprometida. “Cada vez hay más conflictos. Vemos que no se está cumpliendo el decreto 320/2020 –que prohíbe los desalojos– y que hay amenazas y aprietes por parte de las inmobiliarias y los propietarios hacia los inquilinos que no pueden pagar porque vieron sus ingresos reducidos sensiblemente”, aseguró. Sobre el asunto, la encuesta marcó que el 28,7% sufrió amenazas o maltrato por parte del propietario o la inmobiliaria.

La encuesta realizó diversas consultas relativas a la realidad socioeconómica de los inquilinos. A nivel nacional, el 46,6% aseguró que percibió menos ingresos y un enorme 27,9% directamente dejó de tenerlos. Así, un 74,5% de los inquilinos del país vio recortados o eliminados sus ingresos.

El 40,8% de los encuestados declaró que contrajo deudas nuevas para afrontar la crisis, mientras que un 21,5% recurrió a familiares y amigos, y un 29,9% realizó una drástica reducción de gastos.

Otro dato preocupante es que el 51,1% de los inquilinos encuestados afirmó que al menos un miembro del hogar perdió el trabajo.

Las mujeres, las más perjudicadas

El 68,2% de las personas que completaron la encuesta son mujeres y son ellas también las que se encargan de negociar con las inmobiliarias. En tanto, un 3% pertenece a la población LGBTTIQ+. En conjunto, ese 71% representa también el sector más vulnerable ante los incumplimientos del decreto (ver aparte).

El 30% de los hogares en alquiler está compuesto por una pareja con hijos. El 20, por una pareja sin hijos. El 27,5% vive solo y el 10% es un hogar monoparental; mejor dicho, monomarental, ya que el 87,5% de esos hogares está integrado por una mujer y sus hijos.

En los hogares monomarentales, el 49,1% percibe menos ingresos que antes de la pandemia, mientras que el 30,7% dejó de tener ingresos. Dicho de otro modo, casi el 80% vio recortados o eliminados sus ingresos. En el mismo orden, el 67,7% de estas madres advirtió que no puede pagar el alquiler, mientras que el 31,8% recibió maltratos o amenazas por parte de los propietarios o inmobiliarias.

Minorías en emergencia

Las disidencias conforman el 3% de los encuestados. Sin embargo, presentan también los números más alarmantes y críticos. El 84,5% declaró que no podrá pagar el alquiler de mayo. El porcentaje asciende al 100% en el caso de las travestis y al 93,8%, en el caso de las mujeres trans.

El 57,8% de la población LGBTTIQ+ inquilina aseguró que dejó de percibir ingresos. El 66,7%, en el caso de las travestis, y el 70,4%, en el caso de las mujeres trans. Del total, además, el 24% percibe menos ingresos. Así las cosas, el 81,9% vio recortados o eliminados los ingresos.

Se trata también de la población con mayor representación en alquileres de hoteles, pensiones y habitaciones. Además, están sobrerrepresentadas a la hora del maltrato o las amenazas de parte de propietarios e inmobiliarias, ya que el 48,3% denunció haberlas sufrido.

Sin CBU

Uno de los puntos del decreto presidencial indicaba que los pagos de alquileres deben hacerse por transferencia. Sin embargo, la alta informalidad del sector hace que las inmobiliarias sean reticentes a la bancarización. En este sentido, el 38,1% de los inquilinos aseguró que no le dieron un CBU para hacer la transferencia, mientras que un 5,8% dijo haberlo recibido, pero con un recargo adicional, lo cual también es ilegal.

En la provincia de Buenos Aires, el 47,3% de los inquilinos no recibieron un CBU para poder pagar.

Por provincias y regiones

La encuesta divide las respuestas por provincias y allí se advierte que en San Juan el porcentaje de personas que no podrá pagar el alquiler de mayo subió al 78,8 por ciento.

En San Juan, además, el 66% de los hogares tiene al menos un miembro que perdió el trabajo, mientras que el 63% no recibió un CBU para realizar el pago. En Río Negro, este último porcentaje es también alto: 53,5 por ciento.

En Cuyo también se ve la mayor cantidad de hogares monomarentales: 17,3%. Finalmente, cabe aclarar que en Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y CABA está la mayor parte de los inquilinos del país.

Una alianza a favor del género

La ONG Inquilinos Agrupados y el colectivo feminista Ni Una Menos se aliaron para poner de relieve las desigualdades que sufren las mujeres y disidencias que alquilan.

“Es conocido que las inmobiliarias y los propietarios son mucho más abusivos cuando se trata de mujeres solas o con hijos. Hay muchos propietarios que se niegan a alquilar sólo a mujeres o a mujeres con hijos. Se aprovechan de esa situación de vulnerabilidad para ejercer violencia y violar el decreto presidencial”, aseguró Lucía Cavallero, integrante de NUM.