El proyecto de ley de Presupuesto 2019 tiene perdedores muy claros, aunque para encontrarlos hay que bucear entre los artículos de la propuesta oficial, pasear por entre las páginas del mensaje que acompaña al proyecto y mirar una por una las planillas anexas con pronósticos de gastos.

El repaso arroja que los asalariados y los jubilados serán perjudicados por una cantidad de decisiones que impactan en forma directa en sus ingresos, es decir, los reducen.

El proyecto de Presupuesto gira en torno de un ajuste fiscal para asegurar el pago de la deuda pública que redundará en menores prestaciones sociales, además de mayores costos de los servicios públicos.

En lo que hace a educación y cultura, por ejemplo, el incremento de las partidas para el año próximo respecto del actual es de un 13,7%, muy por debajo de la inflación promedio esperada por el gobierno, del 34,8%, y que está plasmada en el mensaje (ver recuadro). De aprobarse este raleado pedido de gasto del Poder Ejecutivo, la educación perderá dinero por más de 20 puntos porcentuales.

El área de Ciencia y Técnica recibirá un aumento un 27,7% superior al previsto en 2018, por debajo de la inflación promedio. En dinero, son $ 46.259 millones. Al igual que con la educación, el monto es insuficiente para hacer frente al ritmo inflacionario. Pero, además, este presupuesto también estará impactado por la suba del valor del dólar ya que muchos de los insumos e instrumentos que se emplean en la investigación científica son importados y se pagan en divisas.

El gobierno aun no informó cómo será la distribución final del presupuesto de ciencia y técnica entre las distintas organizaciones que componen el sistema nacional de investigación. El INTI y el INTA, entre otros Centros de investigación, vienen de fuertes ajustes en sus dotaciones y actividades en los últimos meses.

Con la educación universitaria sucede algo similar. Detrás de un supuesto incremento de partidas se esconde una reducción. El Poder Ejecutivo pretende asignar $ 144.650 millones al sistema universitario, pero de ellos sólo $ 123.507 millones van directamente a las universidades. Los $ 21 mil millones restantes quedan en manos del Poder Ejecutivo.

Encima, esos $ 123.507 millones incluyen rubros que no figuraron en presupuestos anteriores, como la previsión para aumentos salariales, que se incorporan aparte durante el año fiscal.

Estos datos generaron críticas entre las autoridades de las universidades nacionales, los docentes universitarios y el estudiantado, que ya anunció que rechazará la aprobación de este Presupuesto.

Ganancias

Según algunos cálculos, los asalariados y jubilados transferirán al Estado unos 25 mil millones de pesos adicionales si se aprueba el pedido del gobierno que figura en el artículo 86, por el cual se eliminan todas las exenciones vinculadas a los salarios y las jubilaciones.

El texto enumera beneficios que hasta ahora estaban exentos y dejarían de estarlo desde el 1º de enero próximo: «Los distintos conceptos que bajo la denominación de beneficios sociales y/o vales de combustibles, extensión o autorización de uso de tarjetas de compra y/o crédito, vivienda, viajes de recreo o descanso, pago de gastos de educación del grupo familiar u otros conceptos similares, sean otorgados por el empleador o a través de terceros a favor de sus dependientes o empleados, se encuentran alcanzados por este impuesto, aun cuando no revistan carácter remuneratorio a los fines de los aportes y contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) o regímenes provinciales o municipales análogos».

Así las cosas, podría darse la paradoja de que un asalariado pierda poder adquisitivo en 2019 porque sus incrementos salariales suben por debajo de la inflación y, al mismo tiempo, que pague más por Ganancias. La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), sindicato de maestros porteños, lo explicó así: «Esta modificación afecta brutalmente a los salarios de los docentes de CABA ya que dejará de estar exento de Ganancias el ítem denominado ‘material didáctico’ que suma 2000 pesos» en el caso del maestro de jornada completa,  y que «se había considerado exento de Ganancias gracias a la lucha gremial. De incluirse en el Presupuesto 2019, todos los trabajadores de la educación porteños serán alcanzados por el impuesto a las Ganancias que el candidato Macri prometió eliminar en su campaña electoral. Aquellos que ya estaban comprendidos pasarán a pagar más. Por lo tanto, aunque los salarios no aumenten casi todos los maestros y maestras y profesores y profesoras de la ciudad pagarán Ganancias».

Jubilaciones

El proyecto de Presupuesto 2019 ajusta el ingreso de los jubilados por distintas vías. Una que llamó la atención de los especialistas es la que se establece en el artículo 38, que vuelve incompatible la percepción de la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) con el desarrollo de una actividad remunerada, sea en relación de dependencia o por cuenta propia.

El planteo es contradictorio con la intención declarada al momento de la creación de la PUAM en el marco de la Reparación Histórica, en 2016. La perciben todas las personas que se jubilan con menos de 30 años de aportes y equivale al 80% del haber jubilatorio mínimo. Dado el escaso monto, hoy de $ 6909, la ley permitió que los jubilados que la cobrasen pudieran seguir en actividad a fin de completar los años de aporte y así pasar a percibir la jubilación mínima completa.

Según datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), a principios de este año cobraban la PUAM poco más de 72.000 personas. De acuerdo con los expertos, detrás de esta decisión el gobierno busca que los actuales beneficiarios renuncien a la PUAM y se mantengan en actividad porque perciben un mejor ingreso y pueden completar los años de aportes jubilatorios. El Estado se ahorraría esas PUAM dadas de baja.

El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Luciano Laspina, confirmó esta posición oficial: «Hay cosas que no se consideraron cuando se creó la PUAM. Una es la condición socioeconómica del demandante, porque tenía un fin solidario para quien no tiene otro ingreso, por eso habrá filtros patrimoniales. La PUAM no es para dársela a quien tenga poder adquisitivo. Si el beneficiario sigue trabajando, que haga los aportes en vez de obtener el beneficio”.

La zona austral ya no es tal

Otra propuesta de ajuste a los jubilados es a través de la reducción del 50% del plus por zona austral. Por ahora sólo aplicaría para los nuevos miembros de la clase pasiva. El artículo 125 establece que se bajará el coeficiente de bonificación de 1,40 a 1,20 para «jubilaciones, pensiones, Pensión Universal para el Adulto Mayor, pensiones no contributivas, graciables y pensión honorífica para veteranos de guerra que se abonan en Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa y Carmen de Patagones». Por último, el artículo establece que sólo lo cobrarán los jubilados cuyos «haberes no superen dos veces el haber mínimo», es decir, $ 17.300. Los jubilados que perciben haberes por encima de ese monto dejarán de cobrar el plus.

Este recorte del 50% del plus va en contra de las razones por las cuales se impuso en 1972, ya que tuvo por objeto impulsar el crecimiento demográfico del sur del país y posibilitar su desarrollo regional y, al mismo tiempo, atender a las necesidades sociales del área derivadas del mayor costo de vida. Se trata de dos aspectos que siguen vigentes y que el ajuste de Cambiemos soslaya.

El artículo 126 ratifica el coeficiente de 1,40 para quienes ya lo cobren. Ahora bien, es claro que paulatinamente decrecerá por razones naturales la población que percibe el plus con el coeficiente 1,40 e incrementará la que recibe el 1,20, con lo que en algún momento todos los jubilados patagónicos recibirán este coeficiente más bajo.

La reducción que quiere el gobierno plantea también la posibilidad de que en algún momento se vuelva a restringir el plus o directamente eliminar en función de un nuevo ajuste.

El texto también reduce en un 25% el plus destinado a las Asignaciones Familiares para la Patagonia.El artículo 127 retoma así una iniciativa del gobierno que quiso implantar por decreto esa misma reducción, pero que se vio obligado a dar marcha atrás por la oposición que generó. La reducción impactaría en el valor de la asignación por hijo, asignación por hijo con discapacidad, asignación prenatal, asignación por cónyuge y la asignación para ayuda escolar anual para la educación inicial, general básica y polimodal.

Una tercera vía de ajuste a los jubilados se establece en el artículo 117, por el cual la parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) destinada a pagar los beneficios surgidos de la Reparación Histórica será registrada como «recurso de capital», es decir, pierde su asignación específica que es la de «atenuar el impacto financiero que sobre el régimen previsional público pudiera ejercer la evolución negativa de variables económicas y sociales», según reza el decreto 897 que lo creó. «

Cómo escamotear el ajuste de la salud

En el caso de la salud, el proyecto escamotea el ajuste al pedir una autorización de gasto equivalente al 0,8% del Producto Bruto Interno (PBI). Si la inflación es elevada, impulsará el valor del PBI por lo que el porcentaje destinado a la salud mantendría el poder de compra de este año. Pero si la actividad económica se mantiene en declive, el inflador de valor de la inflación no alcanzará para mantener la paridad. En función de la marcha de la actividad económica prevista para el año próximo, algunos analistas sugieren que los fondos reales para salud caerán.

Además, mantener la paridad de los fondos destinados a la salud entre un año y el siguiente implica, de un lado, que no habrá crecimiento en las partidas para encarar nuevos programas nacionales. Del otro, que la paridad de 2019 con 2018 se establece sobre un presupuesto acortado de salud, que ya no cuenta con algunos programas universales de vacunación o de entrega de medicamentos y que en este año perderá por goleada contra la inflación.

Incentivo docente

El Presupuesto 2019 congela el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Según Daniel Ehnes, consultor financiero, «el primer impacto si se aprueba sería que se congela el Fondo de Incentivo Docente ya que lo mismo que se pagó este año, va a ser lo mismo que se cobrará el año que viene. Descontado el efecto inflacionario, habla de un ajuste importantísimo», subrayó.

Ehnes, en diálogo con radio Del Mar, agregó que «si uno proyecta que la inflación del año que viene será del 23%, cosa que no creo, en términos reales, el ajuste será de un 60 por ciento».

Por el FONID cada docente del país recibe $ 1210 como complemento salarial.