Cuatro directivos de River Plate e hinchas, entre ellos el presunto líder de los “Borrachos del Tablón”, Héctor Guillermo “Caverna” Godoy, fueron citados a prestar declaración indagatoria como imputados de formar parte de una “asociación ilícita” que se dedicaba, entre otras actividades, a la reventa de entradas como forma de financiar a la barra brava. La causa es muy anterior a los episodios que ocurrieron durante el fin de semana, en el contexto de la frustrada final de la Copa Libertadores de América. Pero pone sobre el tapete un mecanismo similar al que investiga la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, en cuyo marco fue allanado un domicilio en el que se secuestraron unos siete millones de pesos y 300 entradas para el malogrado partido de fútbol.

La causa se inició a raíz de una publicación del periodista Gustavo Grabia, especializado en la temática de barras bravas. El fiscal José María Campagnoli inició una investigación que después de más de un año desembocó en el llamado a indagatoria de los dirigentes Juan Carlos Amabile, vocal suplente y relacionado con las filiales de River en el interior del país; Diana Paterno, también vocal suplente, titular de la Comisión de Mujeres y cercana al presidente del club, Rodolfo D’Onofrio; Gabriel Di Girolamo, vocal titular y presidente del área de “Atención a Socios” y cobranzas, y Gabriel Marcilli, vocal suplente pero presentado en la página oficial del club como “Seguridad” y virtual jefe de Control de Estadio.

Los supuestos barras citados a indagatoria por la jueza Fabiana Palmaghini a instancias del fiscal Campagnoli son Matías Goñi (quien en un juicio oral en 2012 dijo trabajar para el entonces secretario de Comercio Guillermo Moreno); Martín Araujo, alias “Martín de Ramos” y el propio “Caverna” Godoy.

La causa es una reproducción casi calcada de los hechos previos a la final que no se jugó. Según Campagnoli, existe un mecanismo mediante el cual dirigentes de River Plate facilitan a los barras tickets de acceso a los partidos que el equipo de fútbol juega como local en el Estadio Monumental. Con esos boletos no sólo ingresan los barras sino que, fundamentalmente, los revenden y obtienen de esa manera una fuente de financiamiento de sus actividades. Según Campagnoli, ese financiamiento les permite desarrollar otras actividades delictivas. El abanico de artículos del Código Penal es grande. Y, como según la imputación fiscal, se trata de una agrupación con carácter de permanencia, estructura jerárquica, roles repartidos entre ellos y, además, comete delitos varios o “indeterminados”, pues entonces se trata de una “asociación ilícita”.

Las indagatorias debieron cumplirse durante noviembre. Sin embargo, están frenadas en la Justicia porque el abogado de uno de los dirigentes de River, Maximiliano Rusconi, planteó la nulidad de toda la causa. Hasta que la jueza no resuelva si acepta o rechaza la nulidad, las indagatorias no se cumplirán. Más aún, si Palmaghini lo rechazara, la decisión es apelable ante la Cámara del Crimen e incluso hasta la Casación porteña, razón por la cual difícilmente los imputados comparezcan en tribunales, al menos en el corto plazo.

La novedad más saliente de la situación es que, como se trata de una causa preexistente a los allanamientos dispuestos el viernes pasado por el fiscal Roberto Brotto y por la jueza Patricia Larocca, de los tribunales Penales y Contravencionales de la Capital Federal, este último expediente podría acumularse a la anterior y confluir en una megapesquisa.