Hace más de dos meses que Facundo Astudillo Castro no está. Lo último que se sabe es que lo vieron subir al asiento trasero de una camioneta de la Policía Bonaerense en la localidad de Mayor Buratovich, a unos 100 kilómetros de Bahía Blanca. La madre asegura que los agentes que debieron encontrar a su hijo le mintieron en la cara y por eso pidió que sean apartados de la investigación. Además, denunció ante la justicia federal la desaparición forzada de Facundo, considerado un delito de Lesa Humanidad. “Vivimos en un pueblo y por eso pensaron que nos pueden dar vuelta como quieren, pero se equivocaron. Somos personas consientes, pensantes y, sobre todo, trabajadoras. No estamos acostumbrados a bajar los brazos. Queremos saber qué pasó con Facundo”, avisa la mujer.
El 30 de abril, Facundo, de 22 años, salió de su casa en Pedro Luro, partido de Villarino, con el deseo íntimo de convencer a su ex novia de regresar con él. “La noche anterior había cenado en casa de su mejor amigo. Estaba triste porque a fines de febrero se había peleado con la chica con la que había vivido dos años y medio en Bahía Blanca. Me dijo que quería hablar con ella y que iba a ir a su casa haciendo dedo por la ruta”, recuerda Cristina Castro, la madre.
Antes del mediodía, Cristina recibió un llamado a su celular que pedía por la madre de Facundo. Era un agente de la policía de Mayor Buratovich para notificarla del acta que le habían labrado al hijo por incumplir la cuarentena. A las 13:30 el que la llamó fue Facundo. “Me dijo ‘mamá, no tenés idea de donde estoy´. Yo estaba furiosa porque no quería que volviera a la relación tóxica que tenía, y encima le habían puesto una multa, justo a nosotros que somos derechos y ni siquiera llegamos tarde a ningún lado. Estábamos discutiendo por eso hasta que me dijo ´no me vas a ver más´, enseguida se sintió un ruido y me cortó. Esa fue la última llamada que salió de su celular”, se lamenta la mujer.
Pasaron los días y los amigos de Facundo comenzaron a preocuparse: no atendía el celular y tampoco aparecía conectado en las redes sociales. La madre, conociendo el carácter de su hijo, intentó tranquilizarlos diciéndoles que se había enojado con ella y que toda su atención estaría puesta en el reencuentro con la novia. La chica, sin embargo, confirmó que Facundo nunca había llegado a Bahía Blanca. La foto del joven describiendo el peso, la altura y la vestimenta que llevaba al salir de su casa junto a un número de teléfono para aportar datos sobre su paradero se compartió insistentemente entre amigos, conocidos, profesores y cualquiera que quisiera colaborar en su búsqueda.
Recién el 5 de junio, quedó radicada la denuncia en la Ayudantía Fiscal de Villarino bajo la caratula de “averiguación de paradero”, y el 19 se realizó el primer rastrillaje en Mayor Buratovich. “Ese día –recuerda Cristina– se me acercaron dos policías. La oficial Xiomara Flores que me dijo que le había hecho el acta a mi hijo y que después lo llevó a Teniente Origone, y otro policía que me dijo que él también lo había visto, pero que lo dejó irse caminando. Después me enteré que había declarado que lo vio subirse a una camioneta Duster Oroch color plata. Por si faltaba algo para sospechar, este mismo policía se acordaba de memoria, un mes después, la dirección exacta que le había dado mi hijo cuando le preguntó dónde iba. Me estaban tomando el pelo”.
“Un hecho de extrema gravedad”
Mientras la policía insistía en dejar más dudas que certezas, el 27 de junio, tres personas contactaron a Cristina para decirle que el día de la desaparición, alrededor de las dos de la tarde, vieron a Facundo en Mayor Buratovich subiendo al asiento trasero de una camioneta de la policía. Los testigos se habían presentado en la comisaría de Pedro Luro para colaborar en la investigación, pero nunca fueron citados a declarar en la causa.
A través del abogado Luciano Peretto, Cristina realizó una denuncia ante el juzgado federal 2 de Bahía Blanca para que se investigue la desaparición forzada de su hijo y pidió que se desplace a la Policía Bonaerense de la investigación. La Comisión Por la Memoria (CPM) acompañó como querellante y adelantó que realizará presentaciones ante organismos internacionales de derechos humanos.
La CPM consideró que “la desaparición forzada de persona es un delito de lesa humanidad. La sola posibilidad o sospecha de estar frente un hecho de esta extrema gravedad institucional obliga a actuar de manera rápida y eficaz”.
Facundo vivía con su madre y su hermano Lautaro, de 19 años. Desde chico sufrió el hostigamiento policial por sus inquietudes artísticas y políticas: integraba un grupo de batucada, pintaba murales y militaba en el espacio Semillero Cultural.
“Mi sensación es que no va a volver más –confiesa Cristina–. Mi corazón de mamá me dice que la policía le hizo algo. Pero ellos lo tienen que entregar vivo o muerto. Tengo que saber qué pasó con mi hijo, que tengan la cara y las bolas para decir lo que hicieron”.
