La presentación del Presupuesto 2019 pone en rojo la situación preocupante de las mujeres: se reduce inversión en lugares clave para la prevención, atención y erradicación de las violencias y se vulneran los derechos en el contexto de ajuste fiscal. La buena noticia la lidera la marea verde que, aunque no logró el derecho de aborto legal este agosto, hizo que se visibilizara la importancia de la educación y logró que se triplicaran y duplicaran los presupuestos a los programas de Salud Sexual Integral (ESI) y para el Fortalecimiento de Educación Sexual Integral y Procreación Responsable.
Un análisis del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) sobre las cifras de la igualdad de género en el Presupuesto de 2019 advierte el efecto negativo que tendrán las políticas públicas de austeridad del gobierno de Cambiemos en los derechos de las mujeres.
«Un análisis presupuestario sensible a las desigualdades que afectan a las mujeres, lesbianas, travestis y trans implica atender (…) no sólo a los programas o políticas destinados específicamente a este colectivo, sino también a aquellos con fuerte impacto (Asignación Universal por Hijo/a, los espacios destinados a la primera infancia o de atención a la población adulta mayor), así como a programas o decisiones presupuestarias con impactos negativos en la igualdad de género, (…) los recortes en programas de protección social, educación o cobertura en programas de salud.”
Retrocesos
Se disminuyeron las partidas presupuestarias claves en el logro de la igualdad de género: se redujo el presupuesto para el organismo rector Instituto Nacional de las Mujeres (INAM). La inflación provocó una caída del 18% en términos reales. Las líneas 137 y 0800 de Justicia pierden un 25% en términos reales, mientras que el Programa Hacemos Futuro Juntas (ex Ellas Hacen), pierde también el 25%.
Los derechos de las mujeres en un contexto de ajuste fiscal: el pago de deuda aumenta en desmedro de políticas públicas de impacto social como las destinadas a garantizar los derechos de las mujeres.
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Falta de visibilización de los fondos destinados a los Hogares de Protección Integral: llamativa ausencia en el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo de los hogares de protección integral (HPI) para mujeres en situación de violencia.
Escasos recursos destinados al empoderamiento y autonomía económica de las mujeres: la (nueva) Secretaría de Trabajo destinó sólo $ 1 millón a igualdad de oportunidades.
Avances
Etiquetamiento de gastos vinculados con la igualdad de género: el gobierno creó el rótulo “Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG)” para identificar los gastos cuyos objetivos son la reducción de las desigualdades de género.
Mayor desagregación de las partidas presupuestarias: se identifica de mejor manera la inversión destinada a programas, qué ministerio ejecuta, que programa o política se implementa, cuál es el presupuesto según ley 2018 y el presupuesto de ley de 2019.
Partidas presupuestarias para los derechos sexuales y reproductivos: se duplicó el dinero destinado al programa de Desarrollo de la Salud Sexual y Procreación Responsable, de $ 245 millones a $ 560 millones. El programa de Salud Sexual Integral (ESI) pasó de $ 21 millones a $ 102 millones.
Incorporación de metas e indicadores físicos vinculados con la igualdad de género, a corto, mediano y largo plazo, según los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): empoderar a mujeres y niñas, garantizar una vida sana y de bienestar, educación inclusiva y de calidad y promover crecimiento sostenido.
Más información en: ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género
