La historia del primer reconocimiento del Estado argentino de la potencialidad cancerígena del glifosato comenzó en 2015, cuando el Instituto Nacional del Cáncer (INC) realizó un informe sobre la relación entre la enfermedad y los agroquímicos. En febrero de 2019, el abogado de derechos humanos y soberanía alimentaria Marcos Filardi presentó una solicitud de acceso a la información pública ante la por entonces Secretaría de Gobierno de Salud pidiendo una copia de dicho informe. En abril de ese año, Filardi accedió a las conclusiones del INC, entre las que destaca que “el glifosato es probablemente carcinógeno para humanos”, tal como lo había declarado, también en 2015, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Recién en el 2021, tanto Filardi como el ingeniero forestal Claudio Lowy se dieron cuenta de la importancia de hacerlo público. “Había que convertirlo en algo accesible a todo el mundo y al mismo tiempo que se vuelva referenciable porque es información oficial”, coincidieron.
Con fecha 22 de abril de 2019 y con la firma de la directora del INC Julia Ismael fue emitido el informe a la Dirección Nacional de Acceso a la Información Pública y de allí sin escalas a las manos de Filardi. El trabajo resume la Monografía 112 de la IARC que, en marzo de 2015, reclasificó al glifosato como clase 2A (Probable Cancerígeno en Humanos), especificando que “es limitada la evidencia en humanos sobre la carcinogenicidad del glifosato” y que “se observó una asociación positiva para el riesgo de Linfoma No-Hodgkin y exposición al glifosato”. También describe que “hay suficiente evidencia en animales de experimentación de la carcinogenicidad del glifosato” e insiste, como evaluación general, que el herbicida en cuestión es “probablemente carcinógeno para humanos”.
“Por primera vez hay un reconocimiento oficial, por parte del Instituto Nacional del Cáncer de la República Argentina, de la validez y cientificidad del informe del IARC”, destacó Lowy, que además es coordinador del Nodo Tandil de la organización ambientalista Bios e integrante de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza en América Latina (UCCSNAL) y de la Sociedad Argentina de Agroecología (SAAE).
El especialista también recordó que cuando la OMS emitió el informe que clasificaba al principio activo glifosato como probablemente cancerígeno, “se desató una feroz campaña desde las corporaciones y empresarias vinculadas a su producción y uso destinado a desacreditarlo, que comprometió también a instituciones públicas, académicas y organismos de investigación que promueven el sistema productivo agrícola que los utiliza”.
Para Lowy, desde 2015, cuando se realizó el informe, alguien con el suficiente poder “no autorizó que ni la Secretaria de Salud ni el Instituto Nacional del Cáncer lo hicieran público”. La única mención del tema apareció en una nota de la periodista Anabel Pomar en Lavaca.
“Lo esperable –agregó– es que ahora salgan a negarlo, pero no creo que se animen porque existe un reconocimiento oficial”.
