En Mendoza se viven semanas de conflicto, marchas y reclamos desde que el gobernador Rodolfo Suárez, a horas de asumir, decidió promover la modificación de la Ley 7722, que impide el uso de sustancias tóxicas en la minería a cielo abierto en esa provincia.
Este miércoles a la mañana, miles de vecinos, agrupaciones sociales y ambientalistas se convocaron en la Legislatura provincial para continuar manifestando el rechazo a la iniciativa del mandatario mendocino, que planea aprobar el proyecto el lunes 23 de diciembre en el Senado, y el jueves 26 en Diputados. En lo que será la primera ley promovida por su gestión, el gobernador propone flexibilizar la extracción minera en una provincia donde el uso del agua es vital. Por un lado, elimina las prohibiciones de sustancias tóxicas en la minería metalífera, excepto para el mercurio. El resto estarían permitidas con “uso sustentable y responsable”. A su vez, le quita la potestad a la Legislatura cuyana de aprobar cada proyecto minero, con su correspondiente Impacto Ambiental. Ahora las empresas del sector sólo necesitarán de la certificación del Ejecutivo provincial. Justamente se tratan de los dos principales artículos de la norma original, tratada hace casi 15 años.
«La ley 7722 fue sancionada en 2007, en un momento de alta conflictividad social provocada por el temor de que la actividad minera metalífera contaminara el agua, un recurso escaso y de vital importancia», enfatiza Suarez en el texto del proyecto de Ley elaborado por la gestión de su antecesor, Alfredo Cornejo. Y acota que «se propone una actualización de la norma de forma tal que refleje los avances realizados tanto en materia legislativa como en los aspectos concernientes a las competencias del Poder Ejecutivo».
Suárez sostuvo que cuenta con el apoyo del peronismo, incluso a nivel nacional, y afirmó que la norma “contempla controles como los que hacen los principales países. El 95% del agua mendocina se va en el riego a manto; si podemos usar las regalías para tecnificar el riego, podemos multiplicar las tierras para el agro y generar más riquezas”, consideró. El bloque del PJ mendocino propuso el lunes cuatro puntos, para un posible apoyo del proyecto: control ambiental efectivo, cuidado del agua, crear trabajo mendocino y garantizar la licencia social.
Mientras tanto, en los últimos días crecieron las protestas de los ciudadanos mendocinos, con la llegada de grupos de vecinos y ambientalistas desde distintas zonas del interior provincial, por ejemplo el “camionetazo” que arribó procedente de Valle de Uco. El martes los manifestantes buscaron bloquear los ingresos al palacio legislativo bajo la consigna “aquí nos quedamos hasta que levanten el proyecto”, lo que finalmente no ocurrió. Sin embargo, los asambleístas terminaron con multas de 70 mil pesos, por los cortes a las calles Patricias Mendocinas y Espejo. Este miércoles a la mañana los distintos grupos volvieron a reunirse frente a la puerta de la Casa de Las Leyes, donde los senadores y diputados continúan analizando la propuesta del Ejecutivo.
Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas, afirmó que “quieren votar, de espaldas al pueblo, la aniquilación de la Ley 7722 que protege el agua y prohíbe la utilización de sustancias tóxicas en la minería. Tiene en su origen un amplio frente que coloca en el centro la defensa del agua, con una gran base social y científica, detrás de la cual hay movimientos sociales, asambleístas, profesionales, investigadores, docentes universitarios. Quienes habiliten la aniquilación de la Ley 7722 quedarán en los libros de historia y serán recordados/as por siempre por permitir una actividad que atenta contra el bien más preciado de la provincia: el agua. Una vez que entra la megaminería, no la sacas más”.
Viale consideró que en América Latina “la megaminería constituye una nueva forma de colonialismo, saqueo, dominación territorial y degradación ambiental. Se diferencia respecto de la minería tradicional fundamentalmente en su (gran) escala y en su modalidad de explotación, lo que la hace inherentemente contaminante, insostenible e imposible de controlar”. Y da como ejemplo el emprendimiento minero Pascua Lama (San Juan), que removerá rocas por 1.806 millones de toneladas en todo su proceso extractivo; o La Alumbrera (Catamarca), que tiene autorizado el empleo de más de 86 millones de litros de agua por día, mayor al consumo de toda la provincia: “La historia lo demuestra; por donde pasa la gran minería sólo quedan saqueo, territorios devastados y empresas colosalmente ricas. Aunque los Gobiernos no lo adviertan, serán los pueblos los que no dejarán que se sigan escribiendo nuevos capítulos de «Las venas abiertas de AL», concluyó.
